Por Alejandro López Accotto,
Martín Mangas y Carlos Martínez *
Página 12. Domingo 25 de octubre de 2009
Mientras las provincias se quejan porque el estado nacional sólo les distribuye aproximadamente el 25 por ciento de sus recursos, la provincia de Buenos Aires apenas transfiere el 16,1 por ciento de los suyos a sus municipios. Aun así se encuentra entre las jurisdicciones que distribuyen mayor coparticipación provincial. Lejos quedó el piso de 20 por ciento propuesto en la reforma constitucional frustrada de 1990 durante la gobernación de Antonio Cafiero. Casi veinte años después de esa propuesta, los vientos de descentralización y modernización parecen no haber llegado a los municipios bonaerenses.
En el actual esquema de distribución de la coparticipación bonaerense entre los municipios de la provincia priman criterios devolutivos por sobre los distributivos. De allí que los indicadores utilizados arrojen resultados poco racionales, como que los municipios rurales reciban una coparticipación per cápita varias veces superior a la percibida por las comunas del conurbano o que al interior de éste obtengan una mayor y creciente coparticipación por habitante los distritos con poblaciones más ricas. Por ejemplo, las comunas con menos de 100 mil habitantes reciben una coparticipación que triplica la de los municipios del conurbano. Así en el período 2004-2007 el conurbano recibió –a precios de 2004– cien pesos por habitante al año y los municipios rurales casi trescientos. Los ejemplos extremos son elocuentes de la disparidad existente: el municipio de General Madariaga, donde viven tres mil personas, recibió entre 2004 y 2007 más de dos mil pesos anuales por habitante; en cambio, para cada uno de los 345.000 vecinos de Tres de Febrero se destinaron menos de setenta pesos anuales. Casi treinta veces menos.
Esta situación no es algo aislada, los 20 municipios que mayor coparticipación por habitante reciben son rurales y de menos de veinte mil habitantes y entre los 20 municipios que menos reciben se encuentran trece de los veinticuatro del conurbano, dos ciudades del interior y dos municipios que limitan con el conurbano (Escobar y General Rodríguez). Al interior del conurbano también se presentan fuertes desigualdades: San Isidro y Vicente López recibieron casi el doble por habitante que Tres de Febrero, Ituzaingó, Lomas de Zamora, Lanús y Almirante Brown. A su vez, Malvinas Argentinas recibió entre el doble y el triple que los municipios del oeste y el sur citados anteriormente y un 90 por ciento más que un municipio lindante como José C. Paz. Los municipios citados de la zona norte ribereña agravan el cuadro cuando además son los partidos cuya población presenta los mejores índices de desarrollo de la región y se encuentran entre los distritos del conurbano en los que más ha crecido la coparticipación por habitante.
El hecho de que la coparticipación a los municipios sea insuficiente para hacer frente a las crecientes funciones y demandas de los gobiernos locales, sobre todo en zonas densamente pobladas, no quita importancia a la cuestión de la distribución de estos recursos entre los diferentes municipios. La misma se realiza en la provincia de Buenos Aires, a partir de una fórmula polinómica compleja, que asigna el 36 por ciento de los recursos según población, el 9 por superficie, el 13 por la inversa de la capacidad contributiva, el 37 por ciento según las prestaciones de salud que los municipios brindan y el 5 por ciento restante entre los municipios a los que se hayan transferido en la década del ’70 servicios públicos que no sean de salud como, por ejemplo, orfanatos.
En los regímenes de coparticipación de impuestos se clasifican los criterios de distribución en devolutivos y distributivos. Los devolutivos buscan que los recursos recaudados en un territorio retornen a él para que el contribuyente sepa que “sus” impuestos son utilizados en la provisión de servicios públicos en su lugar de residencia o compensen gastos realizados en el territorio propio. Los distributivos, a su vez, brindan un componente de equidad, garantizando servicios públicos similares en todos los territorios, en términos de acceso, cantidad y calidad, independientemente de las rentas y la actividad económica de cada lugar.
En el caso bonaerense, sólo es distributiva la asignación del porcentaje en proporción a la inversa de la recaudación potencial por habitante, donde reciben más los municipios que menos pueden recaudar por si mismos, no por ineficacia en la administración tributaria, sino por escasez en las bases impositivas. O sea que sólo el 13 por ciento de los recursos que distribuye la provincia a los municipios responden a un criterio claramente distributivo. Los demás coeficientes de reparto no contribuyen a garantizar una distribución de recursos que tienda a asegurar una oferta homogénea de bienes y servicios públicos para el conjunto de la población de la provincia.
Resulta necesario revisar el porcentaje de distribución de la provincia a los municipios, así como modificar la estructura de la distribución secundaria existente, otorgando un peso mayor a criterios distributivos que favorezcan la equidad territorial y de la población. Para ello podrían considerarse el indicador de NBI de la población de cada municipio o algún otro indicador que permita medir la brecha de desarrollo entre municipios, buscando de esa manera revertir paulatinamente el patrón vigente caracterizado por una creciente disparidad y desigualdad.
* Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
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