La mezquindad de la corporación agropecuaria y sus socios
Por Alejandro López Accotto, Carlos Martínez, Irene Grinberg y Martín Mangas*
Tres motivos explican la exigua recaudación del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires: las alícuotas bajas, la enorme desactualización de los valores y la pérdida de recaudación como consecuencia de que a partir de los años ’70 pasó a tomarse como sujeto de imposición la parcela y no su propietario, lo que disminuyó el aporte de los propietarios multiparcelarios (otra forma de ser menos exigente con los que más tienen). Conviene aclarar que el presente proyecto de ley contempla la actualización de los valores y no aborda los otros problemas, de allí que pueda considerarse una propuesta moderada, aunque sin dudas positiva, como se aprecia en los siguientes datos.
El impuesto inmobiliario rural en el año 2011 representó tan sólo el 2,07 por ciento del total de la recaudación bonaerense, cuando en el período 1999-2007 fue, en promedio, un 3,25 por ciento. Su recaudación entre 2003 y 2010 ha aumentado en valores nominales un 213 por ciento, cuando el incremento promedio del valor de la tierra en el mismo período llegó al 380 por ciento.
Los representantes del “campo”, en su reclamo, ponen énfasis en señalar que con la actualización fiscal propuesta tendrán un efecto impositivo doble, ya que se verán obligados a tributar el impuesto nacional a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales involucra a todos aquellos que poseen una riqueza superior a los 305.000 pesos y donde su alícuota es progresiva según el monto del patrimonio declarado.
Según la AFIP, en 2011 solamente declararon un patrimonio superior al monto citado 415.749 contribuyentes en todo el país. Una cifra irrisoria si tenemos en cuenta la cantidad de propiedades rurales en suelo bonaerense y el volumen de capital involucrado que hay en ellas. Basta decir que una propiedad de cien hectáreas puede llegar a valer a precios de mercado casi 1.000.000 de dólares o sea 4.400.000 pesos (casi quince veces más que el piso para declarar el impuesto a los bienes personales).
Cabe preguntarse entonces: ¿cuántos propietarios rurales se vieron beneficiados todos estos años por la subvaluación de sus “campos” y eludieron el impuesto a la riqueza y cuántos ciudadanos no pudieron recibir más y mejores prestaciones de bienes y servicios del Estado por los beneficios que obtuvieron los que “recién” ahora se verían afectados?
Por eso, sumado a la obscenidad y al desparpajo con que demuestran sus apetencias frente a la opinión publica, es repulsivo que se quejen como marginados aquellos que poseen propiedades cuyo valor de mercado se expresa en millones de dólares, que han obtenido rentabilidades altísimas en la última década y que sin embargo pretenden continuar aportándole al fisco provincial unas pocas decenas de pesos por hectárea y ocultar su patrimonio para no contribuir como corresponde en el ámbito de la tributación nacional.
El pensamiento que guía a la corporación agropecuaria y a sus socios en este reclamo (la UCR y el FAP), cuando resisten la sanción de la ley que apenas prevé la actualización de la valuación del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires, se resume en la frase “achicar el Estado para agrandar los bolsillos de los terratenientes”. Una concepción que, de alguna manera, se vincula con aquel slogan “achicar el Estado es agrandar la Nación” utilizado en los primeros meses de la última dictadura militar e ideado por su ministro de Economía, el también terrateniente rural José Alfredo Martínez de Hoz.
La evolución del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires entre 1984 y 2010 es escandalosa: pasó de representar casi el 15 por ciento de la recaudación total de la provincia a apenas el 2 por ciento. Es decir que pese al boom agrícola, a la mejora indiscutible en los ingresos del sector en los últimos años y las excelentes proyecciones hacia el futuro, su aporte a los recursos que permitirán sostener la educación, la salud y la seguridad, entre otras funciones del sector público provincial, es siete veces menor de lo que era en 1984. En los discursos hablan de un país serio, moderno e institucionalmente previsible. Ninguno de estos objetivos es alcanzable con estos niveles de tributación y con la mezquindad con que se resisten a su transformación.
* Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Publicado por
Página 12, Economía, el 22 de mayo de 2012
