lunes, 30 de enero de 2012

JUEZ BALTASAR GARZÓN

Un crimen de lesa impunidad

Por Oscar González  |  Tiempo Argentino

La mayoría del conservador Tribunal Supremo español enjuició a Garzón y hoy tramita su caso. Cada uno de sus miembros está realizando, precisamente, el delito por el que acusa.

Hace más de 15 años los argentinos descubrimos al juez español Baltasar Garzón,  un joven magistrado que escuchaba con atención a las desatendidas víctimas de nuestra dictadura, reunía minuciosamente pruebas y pedía el encarcelamiento de los más atroces jerarcas militares, como Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Leopoldo Fortunato Galtieri, Cristino Nicolaides, Jorge Isaac Anaya, Antonio Domingo Bussi y Carlos Guillermo Suárez Mason. Un tiempo después, el mundo democrático lo admiró por conseguir lo inimaginable: la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres.
 Para lograr esos objetivos, aplicó el principio jurídico de la jurisdicción universal, por el cual cualquier Estado tiene autoridad para perseguir ante sus propios tribunales a un individuo presuntamente responsable de delitos de lesa humanidad, independientemente de su nacionalidad y la de la víctima, y aunque los hechos hayan sido cometidos en otros países. Este postulado, que data del siglo XVII, propone que no queden impunes los delitos atroces que afectan bienes jurídicos fundamentales y ofenden a la humanidad entera.
 La jurisdicción universal es subsidiaria de la nacional, se aplica cuando el acusado no es juzgado en el Estado donde habría cometido los delitos aberrantes. Garzón actuó porque ni la justicia argentina ni la chilena lo hicieron. Los tratados internacionales de Derechos Humanos dieron asidero legal a sus resoluciones.
 En 2006, su juzgado recibió la denuncia de secuestros, torturas, desaparición y ejecución de miles de personas durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista. La investigación de esos hechos estaba vedada por la Ley de Amnistía de 1977 que auguraba tranquila vida a los represores ibéricos  y una impunidad que convalidaba aquello de que antes de dejar el mundo de los vivos, Franco “dejó todo atado y bien atado”.
Dos años después, para sorpresa de muchos, Garzón se declaró competente para entender en esas denuncias, calificando a los hechos como “crímenes contra la humanidad”. Consideró que Francisco Franco y 34 militares que los secundaron en el alzamiento contra la República Española habían desarrollado un “plan sistemático de exterminio”, del cual resultaron víctimas los partidarios de esta. Alrededor de 130 mil denuncias de personas desaparecidas, con nombres y apellidos, avalaron la decisión del juez.
Para decidir como lo hizo, Garzón se limitó a aplicar la legislación internacional que obliga a España a indagar cualquier violación de Derechos Humanos, y que tiene por inválidos a indultos y amnistías de hechos aberrantes. La misma sobre la cual ese mismo 2008 se fundó la Organización de Naciones Unidas, a través de su Comité de Derechos Humanos, para señalar que “La amnistía concerniente a graves violaciones de los Derechos Humanos está en contradicción con las disposiciones del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos” y para recomendar a España “abolir la Ley de Amnistía de 1977 y tomar medidas legislativas para garantizar la investigación de los crímenes contra la humanidad, como así también la creación de una comisión de investigación y la identificación y exhumación de los cuerpos de las víctimas.”
Cuando comenzaban a desarrollarse los procesos, la pretendida aplicación de la legislación internacional a la realidad española –aplaudida cuando se la postulaba para el caso argentino o chileno–, se convirtió en el objeto de la acusación contra Garzón. Dos organizaciones derechistas lo llevaron a los tribunales, endilgándole el delito de prevaricato, esto es dictar a sabiendas una resolución injusta.
Ante la perplejidad de la comunidad jurídica internacional, la mayoría del conservador Tribunal Supremo español enjuició a Garzón y hoy tramita su caso. Cada uno de sus miembros está realizando, precisamente, el delito por el que acusa. Ellos, que saben que la investigación de crímenes de lesa humanidad por parte de cualquier juez jamás puede constituir una conducta delictiva, están cometiendo prevaricato y deberían ser juzgados por eso.
 Frente a eso aparece atinada la reflexión de Reed Brody, consejero legal de Human Rights Watch, formulada en estos días: “Resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional. A 36 años de la muerte de Franco, España finalmente va a juzgar a alguien en relación con los crímenes cometidos durante su dictadura, y esta persona es nada menos que el juez que intentó investigar tales delitos.”
 Pero en definitiva no se trata sólo de un debate jurídico. El proceso a Baltasar Garzón, además de ilegal, es político y muestra la peor cara de la descendencia franquista. Sus consecuencias, cualquiera sea el resultado final, serán negativas y exceden a España, convirtiéndose en aliento para no investigar las acciones criminales de las dictaduras –en cualquier lugar del mundo por las que estas se enseñoreen–, en aliento para no aplicar el principio de jurisdicción universal cuando permanezca impasible el Estado en que un delito de lesa humanidad se cometió. <

Publicado por Tiempo Argentino, página 20, el 28 de enero de 2012

domingo, 15 de enero de 2012

NOTA DE OPINIÓN

Vandalismo mediático y ejercicio de la libertad

Por Oscar González
Secretario de Relaciones Parlamentarias.

En un intento por establecer un orden jerárquico de nuestros derechos, el que consagra la libertad de expresión podría muy bien encabezar la nómina: este es esencial para luchar por el respeto y promoción de todos los Derechos Humanos ya que, sin la posibilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar por cambios, el hombre estaría condenado a la opresión.
Es por esa razón que desde antiguo la libre expresión ha sido conculcada por gobiernos represores y también limitada o tergiversada tanto por instituciones dogmáticas como por grandes emporios periodísticos, interesados en preservar privilegios, imponer ideologías o frenar transformaciones.
Claro que en un Estado de Derecho democrático aquella libertad fundamental no importa inmunidad para que la honra de cualquier ciudadano –y el derecho a la información de que es titular la sociedad en su conjunto– quede arbitrariamente a merced de quienes cuentan con los medios para expresarse masivamente.
Ya a mediados del siglo XIX, en vibrante correspondencia con Sarmiento, Juan Bautista Alberdi se quejaba de “los vándalos de tinta y papel” que a través de la prensa lo atacaban con el inocultable propósito de batallar contra la organización nacional.
El principal instrumento jurídico regional de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos –conocido como Pacto de San José de Costa Rica–, vino a reconocer el derecho a protegerse de los excesos que desnaturalizan la libertad de expresión a través de la figura del derecho de rectificación o de respuesta, usualmente llamado derecho a réplica.
Para ello definió: “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta…”
Se trata de un derecho bidimensional, individual y colectivo donde la primera dimensión garantiza la expresión de la visión diferente que puede expresar un afectado por cualquier información errónea, falsa o incompleta y la segunda posibilita que la sociedad toda reciba una información diferente a la que ha sido objeto de réplica o respuesta, accediendo en forma completa a su conocimiento.
Es la garantía, también, de que la dupla libertad de expresión-derecho a la información, propio de toda sociedad democrática, permanezca inescindible.
Interpretar la aplicación de esta norma llevó a nuestros tribunales a una variada jurisprudencia así como innumerables fueron las iniciativas legislativas tendientes a reglamentar su aplicación.
Pero lo que se mantuvo inalterable fue la pertinaz resistencia del poder mediático concentrado a reconocer la aplicabilidad de este derecho.
Del largo itinerario iniciado al resolver en 1988 el famoso caso “Ekmdekjian c/ Neustadt”, en el cual no admitió la vigencia del derecho a réplica establecido en el tratado, sencillamente por no haber sido regulado por el legislador en el derecho interno, la Corte Suprema mutó hasta definir la posición actual, la sana doctrina judicial que establece que este derecho es plenamente operativo, sin necesidad de que se dicte norma reglamentaria alguna.
La enunciación del derecho como ya está y su lograda interpretación judicial son suficientes para garantizar la audición de cualquier voz afectada y para resguardar la democrática responsabilidad de la que son deudores todos los comunicadores masivos.
Por lo tanto hoy en la Argentina, toda persona directamente afectada por una información inexacta o agraviante está legitimada para exponer en el medio que lo aludió, su propia posición.
Es decir que todos los medios de comunicación deben hacer lugar a la rectificación, réplica o respuesta porque, como lo dice Carlos S. Fayt, “la prensa escrita y audiovisual tiene el derecho de publicar, difundir y trasmitir todo lo que considere apropiado y también de no publicar, difundir y transmitir todo cuanto considere inapropiado. Esto no significa reconocer inmunidad a la prensa para difamar, denostar, desacreditar, injuriar, calumniar y deshonrar a una persona”.

Publicado por Tiempo Argentino, el 15 de Enero de 2012

domingo, 8 de enero de 2012

SOCIALISMO Y RADICALISMO

"Alfonsín y Binner no son herederos del radicalismo ni del socialismo"
El secretario de Relaciones Parlamentarias, Oscar González, criticó hoy a los dirigentes opositores Ricardo Alfonsín y Hermes Binner, y sostuvo que ninguno de ellos es "representativo del legado histórico" del radicalismo ni del socialismo.
González, referente del Socialismo para la Victoria, respondió así a las declaraciones que realizara el diputado y ex candidato a presidente por la UCR, Ricardo Alfonsín, quién había pedido el trabajo conjunto de las "fuerzas progresistas".
"Ni el ex compañero de fórmula de De Narváez ni el ex gobernador Hermes Binner son hoy representativos de ese legado, ya que los dos se oponen al verdadero proceso de cambio social que sintetiza ambas tradiciones políticas y que se expresa en la gestión se Cristina Fernández de Kirchner", sostuvo González a través de un comunicado de prensa.
Según González, "la agenda histórica del radicalismo de Yrigoyen, el socialismo de Palacios, junto a la del peronismo de Evita" se conjugan en el modelo "que despliega el gobierno nacional".
Horas antes, Alfonsín había dado a conocer su opinión a través de un comunicado y había afirmado: "Nunca renuncié a mi decisión de trabajar por reunir estas dos tradiciones política: la socialista y la radical".
Desde el Frente Amplio Progresista (FAP), Humberto Tumini, también destacó el acercamiento entre el radicalismo y el socialismo que encabeza Binner, aunque señaló que ese proceso debe ser acompañado por una "corrección de rumbo en la UCR" y evitar el predominio de los sectores "más conservadores que promovieron incluso el apoyo a Macri en la Ciudad de Buenos Aires" 

Publicado por la agencia de noticias Télam, los portales El Comercial, Contacto LatinoCriterio Online e Impulso Baires, el diario El Día, el 8 de enero de 2012 

martes, 3 de enero de 2012

EL GUARDIÁN

El ejemplo militante de Rivas

Pese a las dificultades que tiene para la movilidad y la comunicación, el diputado Jorge Rivas no abandona sus tareas como dirigente y militante.
Decidido a sumar apoyos para el Socialismo para la Victoria, empezó a participar de las asambleas de los vecinos de Lanús y, dos semanas después, junto al secretario de Relaciones Parlamentarias, Oscar González, convenció a cuatro agrupaciones para sumarse a su espacio político. Representantes de Trabajadores de Base, MUP 20 de Diciembre, Movimiento Aníbal Verón Clasista y Lanús de Pie les anunciaron su incorporación al socialismo K.

Publicado por la Revista El Guardián, Información General, pág. 26, el 30 de diciembre de 2011.



HOMENAJE A NÉSTOR KIRCHNER

Jorge Rivas, entrevistado por Ernesto Tenembaum

ELLOS TIENEN UN PLAN, ¡Y QUÉ PLAN!

La Marcha de la Oposición - Ignacio Copani

TN - Asunción de Jorge Rivas como diputado

AMÉRICA 24 - Rivas jura como diputado

C5N - Rivas jura como diputado

TELENOCHE - Informe sobre la recuperción de Jorge Rivas

Jorge Rivas - Documental sobre su rehabilitación - Gentileza de HadaSoft

OSCAR GONZÁLEZ EN LA CUMBRE DE LÍDERES PROGRESISTAS JUNTO A CFK- Canal 7

OSCAR GONZÁLEZ OPINA SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL - Telesur 12/08

EL SOCIALISTA OSCAR GONZÁLEZ OPINA SOBRE LA REESTATIZACIÓN DE LAS JUBILACIONES

Canal 13 - Gustavo Silvestre califica de "vergüenza" el intervencionismo de Giustiniani