jueves, 30 de septiembre de 2010

Oscar González, contra la insurgencia en Ecuador y escalada reaccionaria en el continente

Portales de Noticias Gente BA y Xsupuesto

La corriente Unidad Socialista del PS, se pronunció hoy a favor de la inmediata movilización

La corriente Unidad Socialista del Partido Socialista, a través del dirigente Oscar González, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se pronunció hoy "por la inmediata movilización de todos los pueblos de Unasur en defensa del gobierno democrático del Ecuador y contra la insubordinación de las fuerzas policiales en ese país, que expresa la escalada reaccionaria en el continente".

González denunció "una escalada continental que se expresa de distinto modo en cada uno de nuestros países y de la que dan cuenta las provocaciones mediáticas contra la candidatura de Dilma Rousseff en Brasil, el hostigamiento de cierto sector de la justicia a las medidas progresistas en Argentina y la desestabilización creciente del gobieno del presidente Lugo en Paraguay".

Al mismo tiempo, el diputado nacional de ese espacio político, Ariel Basteiro, presentó un proyecto legislativo solicitando que la Cámara de Diputados repudie la sublevación entendiendo que la misma "ostenta una profunda gravedad y amenaza a toda la región."

lunes, 27 de septiembre de 2010

JORGE RIVAS EN LA HABANA

Rehabilitación intensiva

Télam

El diputado socialista Jorge Rivas viajó a Cuba para continuar con su proceso de rehabilitación, por las secuelas que sufriera luego de un asalto en noviembre de 2007 que lo dejó en estado de coma por una fractura en el cráneo.

Antes de viajar a Cuba, Rivas precisó a Télam que la rehabilitación estará en manos del CIREN (Centro Internacional de Restauración Neurólgica) de La Habana.

"Ahí voy a comenzar un tratamiento de rehabilitación intensivo de lunes a viernes de 8 a 12 por la mañana y de 14 a 18 por la tarde, y los sábados de 8 a 12. El tiempo estimado de duración del tratamiento que me realizarán es de 3 meses", agregó.

Explicó que "la posibilidad de someterme a un proceso de rehabilitación en Cuba existe desde el episodio que sufrí en noviembre de 2007".

Detalló que hasta este momento no lo había considerado porque "que quería priorizar también el aspecto político/laboral, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es una parte importante también de mi rehabilitación, ya que me mantiene activo y trabajando en lo que más me gusta".
Rivas recordó que comenzó su rehabilitación en el Instituto Fleni y lo luego seguió -hasta hoy- en la Clínica Basilea, "en ambas instituciones recibí una atención excelente, desde lo profesional y desde lo humano".

En ese marco, Rivas sostuvo que "profesionales cubanos que trabajan con el INTI de nuestro país comenzaron a probar nuevos métodos para seguir mi proceso de rehabilitación, con muy buenos resultados y fue en ese momento en el que mi entorno familiar y de amigos más cercanos me insistieron con la posibilidad de comenzar en Cuba un proceso intensivo de rehabilitación".

"De todos modos seguiré trabajando a la distancia durante esta breve ausencia en lo que hace al trabajo parlamentario y a mi actividad política dentro nuestro espacio dentro del Partido Socialista, que es la corriente interna Unidad Socialista, integrada entre otros por Ariel Basteiro y Oscar González".

JORGE RIVAS, EN CUBA

Un viaje para avanzar en su recuperación

El compañero Jorge Rivas llegó hoy lunes a La Habana, para someterse a un tratamiento en una institución especializada de la isla.

Jorge fue recibido en el aeropuerto de esa ciudad por la embajadora argentina, Juliana Marino, representantes del gobierno cubano y médicos de la clínica donde se realizarán las prácticas de rehabilitación.

Desde IGUALDAD le deseamos muchos avances en su nuevo desafío y esperamos tenerlo pronto de vuelta para continuar la lucha.

domingo, 26 de septiembre de 2010

CUALQUIER SIMILITUD CON LA REALIDAD ARGENTINA ES PURA COINCIDENCIA

La prensa, verdadera oposición en Brasil

Por Eric Nepomuceno / Página 12

Considerado el fundador del Estado moderno en Brasil, Getúlio Vargas fue blanco de una contundente campaña encabezada por la Tribuna da Imprensa, de Río de Janeiro. Terminó matándose con un tiro en el corazón en agosto de 1954. Creador de Brasilia y uno de los presidentes más populares de Brasil, Juscelino Kubitschek enfrentó la resistencia feroz del conservador O Estado de São Paulo. Acusado de corrupción irremediable, jamás se comprobó nada en su contra. Histórico dirigente de la izquierda, el laborista Leonel Brizola fue gobernador de Río de Janeiro en 1982, luego de la democratización, y pasó sus dos gobiernos bajo la campaña implacable (y frecuentemente mentirosa) del más poderoso grupo de comunicaciones de América latina, el que controla la TV Globo y el diario O Globo.

Nunca antes, sin embargo, un mandatario ha sido tan duramente perseguido por los medios como Luiz Inácio Lula da Silva. Con frecuencia asombrosa fueron abandonadas las reglas básicas del mínimo respeto ciudadano. Buen ejemplo de eso es el semanario Veja, el de mayor circulación del país, que sin resquicios de pudor público secuencia escándalos que nadie comprueba. En su página en Internet abriga a comentaristas que tratan al presidente de la Nación de “esa persona”. El mismo grupo que controla la TV Globo, cuyo noticiero acapara la mayoría de la audiencia, el matutino O Globo, principal diario de Río y segundo en circulación en Brasil, y la principal cadena radial, CBN, no pierden oportunidad de destrozar a Lula y a su gobierno, sin preocuparse ni un poco en verificar la veracidad de sus ataques. El diario Folha de S. Paulo, el de mayor circulación en el país, divulga cualquier denuncia como verdadera y no se priva de aceptar que un ex condenado por traficar dinero falso, reducir mercancías robadas y practicar estafas en serie se transforme en “consultor de negocios” y lance acusaciones sin ninguna prueba. Hasta el conservador O Estado de São Paulo, que hasta ahora era el más equilibrado en la oposición al gobierno, optó por ingresar en ese juego sin reglas ni norte.

Frente a la inercia de los dos principales partidos de oposición, el PSDB y el DEM, los medios de comunicación ocuparon, orgánicamente, ese espacio. Lo admitió, hace algunos meses, la presidenta de la Asociación Nacional de Periódicos, Judith Brito, de Folha de S. Paulo. Más grave, sin embargo, es lo que ninguno de los grandes grupos admite: ya antes de iniciarse la campaña sucesoria de Lula, ese enorme partido informal (pero muy eficaz) de oposición optó por un candidato, José Serra, que no respondió a sus expectativas. Y frente a la incapacidad de su campaña electoral, los medios brasileños decidieron atacar la candidatura de Dilma Rousseff, ignorando los límites éticos.

Esa politización absoluta y esa toma de posición de la prensa terminó por provocar la reacción de Lula. Sus críticas, a su vez, provocaron una airada ola de nuevas denuncias, indicando que el presidente pretende impedir la libertad de expresión y de opinión. Sin embargo, en sus casi ocho años como presidente, Lula en ningún momento representó una amenaza a la gran prensa, por más remota que fuese. Algunos movimientos para imponer reglas e impedir la permanencia de un casi monopolio fueron neutralizados por el mismo Lula, que optó por no enfrentarse a las ocho familias que concentran el control de los medios en el mayor país latinoamericano.

La libertad de prensa es absoluta en Brasil, al punto de haberse transformado en libertad para calumniar. Los groseros ataques, frecuentemente basados en nada, contra Lula y su gobierno aparecen todos los días, sin que nadie trate de impedirlos. Y aun así, los grandes medios no dejan de denunciar amenazas a la libertad de expresión.

Quizá la razón de todo eso esté en lo que ocurrió cuando Brasil volvió a la democracia, hace 25 años. Al contrario que en otros países en reencuentro con la democracia –pienso específicamente en España y Argentina–, en Brasil la prensa no se democratizó. No surgieron alternativas que respondiesen a los diversos segmentos políticos e ideológicos. Prevaleció el escenario en que cada medio presenta el eco de una misma voz, la del sistema dominante.

Para ese sistema, Lula era un riesgo soportable. Ya la sucesión es otra cosa. Y si el candidato de la oposición se mostró un incapaz, el verdadero partido oposicionista revela su cara más feroz. Al ejercer la libertad del denuncismo barato, muestra su inconformismo con la manifestación del deseo de esa masa de ígnaros a la que se llama pueblo. A esa gente que, de ninguneada, pasó a considerarse ciudadana. Y eso sí es inadmisible.

viernes, 24 de septiembre de 2010

EN DEFENSA DE GARZON

Peregrino de la justicia universal

Tiempo Argentino

Por Oscar González, Ex diputado nacional del Partido Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.

Garzón comenzó a dar curso a los pedidos de investigación del horror en su país formulados por distintos colectivos humanitarios. La furibunda derecha ibérica y la resignación de Madrid lo impidieron brutalmente.


Virtualmente expulsado de su propio país, el juez español Baltasar Garzón sigue peregrinando por el mundo para recibir el reconocimiento internacional por su defensa de los Derechos Humanos. Esta vez el galardón se lo entregó en Estambul, Turquía, el pasado miércoles 15, la fundación Hrant Dink, bautizada con el nombre del periodista asesinado en 2007 por un grupo ultranacionalista que lo acusaba de reconocer la existencia del genocidio de un millón y medio de armenios, tras la Primera Guerra Mundial.

Para los argentinos no es noticia el compromiso del magistrado español: ya hace 15 años sorprendió al mundo al recibir a las víctimas de la dictadura de Videla, y dar curso después a las denuncias contra los genocidas que le presentaran entonces varias organizaciones humanitarias.
Su actividad fue irreprochable: instruyó las causas con minuciosidad, buscó las pruebas, convocó a todos los protagonistas. Por su estrado pasaron desde Adolfo Pérez Esquivel hasta Isabel Perón, desde Julio César Strassera y Ernesto Sabato hasta Hebe de Bonafini, Alfredo Bravo y Juan Gelman. Finalmente, pidió el encarcelamiento de un centenar de jerarcas militares, entre ellos Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Leopoldo Fortunato Galtieri, Cristino Nicolaides, Jorge Isaac Anaya, Antonio Domingo Bussi y Carlos Guillermo Suárez Mason.
Garzón aplicó el principio de la jurisdicción universal, según el cual cualquier Estado tiene autoridad para perseguir ante sus propios tribunales a un individuo presuntamente responsable de delitos de lesa humanidad, independientemente de su nacionalidad y la de la víctima, y aunque los hechos hayan sido cometidos en otros países. Este postulado, que data del siglo XVII, propone que no queden impunes los delitos atroces que afectan bienes jurídicos fundamentales y ofenden a la humanidad entera.

La jurisdicción universal es subsidiaria de la nacional y se aplica cuando el acusado no es juzgado en el Estado donde habría cometido los delitos aberrantes. Garzón actuó porque la justicia argentina no lo hizo.

Tardía pero acertadamente, en la Argentina se declaró finalmente la nulidad de las leyes de impunidad y de los indultos, y los tribunales locales están aplicados a hacer lo que eludieron durante 25 años. La lucha de los organismos de Derechos Humanos y de los partidos políticos progresistas y la clara voluntad del actual gobierno nacional hicieron posible que la jurisdicción nacional sea una realidad y los juicios contra los genocidas, en el país, estén en marcha.
España no tuvo la misma suerte. Una amplia amnistía dictada en 1977 y el Pacto de la Moncloa, tan ensalzado hoy aquí por quienes lo consideran poco menos que la panacea de la gobernabilidad, sepultaron la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo.
Pero hay hechos más fuertes que el tiempo. Hechos que resurgen aunque se quieran ocultar. La desaparición de 130 mil personas a manos de la dictadura que gobernó España luego de la guerra civil está, justificadamente, entre ellos.
Liberado de tener que tramitar los procesos a militares argentinos, Garzón comenzó a dar curso a los pedidos de investigación del horror pasado en su país, formulados por distintos colectivos humanitarios. La furibunda derecha ibérica –hoy en ascenso– y la increíble resignación de Madrid lo impidieron brutalmente, llegándose al extremo de perseguir al juez, convertirlo en acusado y empujarlo fuera de su cargo.
Cerrado el camino de la jurisdicción española, descendientes de una víctima, patrocinados por el valiente abogado Carlos Slepoy –que representa en Madrid a las víctimas de la dictadura argentina–, acompañados por la Central de Trabajadores Argentinos, la Federación de Sociedades Gallegas y la mayoría de los organismos de Derechos Humanos denunciaron, ante la justicia argentina, el caso de Severino Rivas, alcalde socialista de Castro Rei, en Lugo, fusilado sin juicio ni defensa en 1936 y desaparecido hasta 2005. El primero entre todos los que se sucedieron entre el 17 de julio de 1936, un día antes del alzamiento de Franco, y el 15 de julio de 1977, día de las primeras elecciones democráticas.

La primera resolución judicial argentina rechazó el pedido. El fiscal Federico Delgado y la jueza María Romilda Servini de Cubría mandaron a archivar la causa, argumentando que nada impedía que el caso se juzgara en España. El criterio no fue convalidado por la Cámara Criminal y Correccional Federal, que revocó esa resolución, entendiendo que si efectivamente en España no había juicios, los debería haber acá. Mandó abrir la causa y ordenó la primera medida: preguntar a España si está investigando los crímenes del franquismo. Si las autoridades españolas admiten la verdad, quedará habilitada la jurisdicción universal, y en la Argentina se juzgará el genocidio sucedido durante las décadas en que imperó la dictadura española.
Resultan hoy imprevisibles las consecuencias de las investigaciones por venir. A los fusilamientos extrajudiciales, desapariciones, torturas y detenciones se le sumará también la apropiación de hijos de republicanos por parte de partidarios del régimen, las adulteraciones de identidad y las confiscaciones a mansalva.

El tiempo transcurrido impedirá que la mayoría de los responsables comparezca ante los jueces, pero no que se produzcan variadas modificaciones, entre ellas la de la ley de memoria histórica, para que efectivamente implique una condena total a la dictadura, el agravamiento del delito de apología del franquismo, la posibilidad de una íntegra reparación a las víctimas, entre otras.
Es una satisfacción para todos los argentinos que ese proceso se desarrolle en nuestra tierra, la que eligieron tantos emigrantes –mis padres entre ellos– para huir de la pobreza, y tantos perseguidos políticos para salvar sus vidas. No se trata del azar. El momento histórico que vivimos lo permite. Nuestro país es, como dijo hace unos pocos días Navanethem Pillay, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la nación que más está juzgando los delitos de lesa humanidad cometidos durante su dictadura.

Es un orgullo para el movimiento de Derechos Humanos y también para la justicia argentina que desde sus tribunales se combatan todas las formas de barbarie, utilizando el principio de jurisdicción universal, para reafirmar aquello que Cesare Beccaria, el padre del derecho penal liberal, propiciaba en 1764: “La convicción de no encontrar un solo lugar de la tierra donde los crímenes reales sean perdonados debe ser el camino más eficaz para prevenirlos.”




Oscar González

Buenos Aires Económico

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete criticó a los empresarios del Grupo de los Siete y dijo que “la participación obrera en las ganancias de las empresas ya fue asumido legislativamente en muchos de los países capitalistas más avanzados".



miércoles, 22 de septiembre de 2010



Compañeros y compañeras,

El próximo jueves 23 de Septiembre se realizan las elecciones en la CTA.

Los SOCIALISTAS acompañamos la LISTA 10 encabezada por Hugo Yasky.

Podes consultar el padrón para votar en el siguiente link:

www.consultapadron.cta.org.ar

http://ctaonline.cta.org.ar/CtaNet/publico/



10 PROPUESTAS PARA QUE LOS TRABAJADORES GANEMOS CON LA 10

1 - Terminar con toda forma de precarización laboral.

2 - Erradicar el trabajo infantil y la explotación laboral de los jóvenes.

3 - Defender el principio de igual trabajo igual salario y terminar con las desigualdades salariales en todo el país. Eliminación de todo tipo de impuesto sobre el salario

4 - Bregar para que en el Consejo del salario se fije el costo real de la canasta básica y la equiparación de la Asignación por hijo en todo el país.

5 - Continuar peleando por el 82% móvil con restitución de los aportes patronales.

6 - Defender las paritarias libres y la eliminación del pago en negro.

7 - Seguir luchando por el blindaje social que incluye:

a - Ley de prohibición de despidos con firma del convenio 158 de la OIT( despidos sin causas)

b - Seguro universal de desempleo y formación.

c - Aprobación por ley de la Asignación Universal por hijo y extensión de ese derecho a los que todavía no lo cobran.

d - Ley de paritaria social para luz, agua y gas.


8 - Luchar por una ley de riesgo de trabajo que enfoque a la salud de los trabajadores como un derecho social y no como un negocio.

9 - Promover planes de vivienda y obras públicas de infraestructura básica a cargo de cooperativas y organizaciones sociales.

10 - Profundizar la lucha por la distribución de la riqueza para terminar con la pobreza y la desigualdad social.



POR MAS DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA

POR MAS LIBERTAD Y DEMOCRACIA SINDICAL

TODOS CON LA 10

"LA ALIANZA YA FUE"

Solanas volvió a recomendarle al socialismo que se aleje de la UCR

Página 12

El diputado nacional y líder de Proyecto Sur dijo que "sería un error ir detrás de una construcción que va piloteada por el radicalismo" y llamó a construir un nueva fuerza de cara a 2011. "El socialismo debe apartarse de una alianza que ya fue", consideró Pino.
"Proyecto Sur nació en medio de la crisis en el 2002 como consecuencia de toda aquella catástrofe que se vivió para conformar una fuerza que fuera alternativa al dominio o alternancia al bipartidismo, de hecho nosotros no estamos para agregar nuestra fuerza a la construcción del radicalismo; la alianza para nosotros ya fue", aseguró Solanas en declaraciones a radio 2 de Rosario.

En esa línea y al calificar de "un error del Socialismo y del GEN, colocarse detrás del radicalismo", el dirigente opinó que una alianza con la UCR "va hacia el fracaso".

Al considerar que la Argentina, "no puede ser gobernada por una sola fuerza", el líder de Proyecto Sur aseguró que de apartarse de la UCR, el Socialismo y GEN, "serían aliados" de su espacio. "Un nuevo espacio para gobernar debe hacer una construcción territorial", apuntó, y destacó los roles en sus respectivas provincias, "del socialismo con Binner en Santa Fe y del juecismo-por Luis Juez-en Córdoba".

Enfatizó sobre las "coincidencias" de su sector para con los 10 puntos programáticos presentados por el socialismo: "Tenemos grandes coincidencias con el socialismo, nuestras diferencias de enfoques para la Argentina, son mínimas".

lunes, 20 de septiembre de 2010

APOYO A YASKY Y LA LISTA 10 EN CTA

Rivas y González convocaron a afiliados a votar por Yasky en CTA

Buenos Aires, 20 de septiembre (Télam).- Los socialistas porteños que se referencian en el diputado nacional Jorge Rivas y el ex secretario general del partido, Oscar González, convocaron hoy a votar a la Lista 10 del docente Hugo Yasky en las elecciones nacionales del jueves de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

"La lista 10 es la expresión más acabada del sindicalismo avanzado, porque logró sintetizar la necesaria autonomía del movimiento obrero con el compromiso con las medidas progresistas que se abren paso en el país", sostuvo hoy una declaración de la línea interna "Unidad Socialista" (US).

Los militantes convocaron a respaldar a quienes representan "la tradición combativa del sindicalismo argentino, que es nuestra propia historia, y la que expresaron en su momento los programas de La Falda y Huerta Grande; la CGT de los Argentinos; Agustín Tosco y las coordinadoras de los años 70".

Los integrantes de la US explicaron que los 1.600 socialistas porteños afiliados a la CTA podrán consultar el lugar de votación en el espacio "unidadsocialista@gmail.com". (Télam).-

sábado, 18 de septiembre de 2010

LA COGESTION OBRERA ASOMA EN EL HORIZONTE ARGENTINO

La cláusula dormida que desvela a
Mendez & cia

Por Oscar González / Agencia Télam

Más de medio siglo después de que se incorporara a la Constitución Nacional el principio de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, reveló su desprecio por los derechos laborales al calificar como un intento de cubanizar la Argentina al anunciado proyecto de ley del diputado Héctor Recalde, que procura hacer operativa la disposición constitucional.

La airada reacción del dirigente corporativo revela una concepción que remite a los tiempos de la Revolución Industrial, cuando las patronales ejercían un poder absoluto en el que no cabía ninguna regulación estatal para proteger a los trabajadores de los abusos, incluido el trabajo infantil y la extensión de la jornada laboral sin otro límite que no sea la extenuación. Los socialistas argentinos la emprendieron ya a fines del siglo XIX contra esas iniquidades y a comienzos de 1900 se lograron las primeras normas de ese "nuevo derecho" que durante el peronismo se constituyó en un cuerpo de normas mucho más amplio y articulado.

Ese proceso de creciente regulación de las relaciones entre el capital y el trabajo, mejoró sustancialmente las condiciones laborales y, en general, significó el cumplimiento de los derechos sociales básicos, que la Constitución argentina receptó en 1957 en el artículo 14 bis, que incluye también el control obrero de la producción, otra disposición que no se cumple.
El debate de entonces tiene su interés: el convencional constituyente conservador Reynaldo Pastor alegaba entonces lo mismo que hoy dice Méndez, mientras que el socialista Julio César Martella proponía sustituir "participación de los trabajadores" por "de los sindicatos". Otro socialista, Eduardo Schaposnik, propiciaba cambiar "colaboración en la dirección" por una más radicalizada "participación en la dirección" de las empresas.

Conocidas conjuntamente como cogestión obrera, ambas atribuciones de derecho se encuentran en la legislación de numerosos países que distan de estar cubanizados, como supone el primitivismo conceptual del empresario del plástico. Para citar algunos casos, en Alemania la cogestión está reglada por leyes dictadas entre 1951 y 1956; en Francia por una ordenanza que data de 1945; en Bélgica rige desde 1948; en España desde 1962, en tanto que en Suecia, Inglaterra e Italia forma parte de los convenios laborales que se pactan entre sindicato y empresa. La Organización Internacional del Trabajo reconoce la importancia de esta institución en un documento de 1981, titulado "La Participación de los Trabajadores".

Contrariamente a las desventuras del líder de la UIA, en los ex países comunistas, la institución no se desarrolló.

La participación en las ganancias y el control obrero de la producción, reivindicadas tenazmente por Alfredo Palacios en la Convención de Santa Fe, es una consigna histórica del sindicalismo y de la izquierda que han sido reivindicadas por los trabajadores y sus organizaciones gremiales, como consta en los legendarios programas de La Falda (1957), Huerta Grande (1962) y de la CGT de los Argentinos (1968). En este último documento puede leerse una síntesis luminosa: "Los trabajadores, auténticos creadores del patrimonio nacional, tenemos derecho a intervenir no sólo en la producción, sino en la administración de las empresas y la distribución de los bienes".

El advenimiento de la hegemonía mundial del capital financiero, aquí anticipado por la dictadura militar, debilitó los derechos sociales y laborales, de hecho y mediante normativas como la tristemente famosa flexibilización laboral, pero la participación en las ganancias y algunas formas de cogestión, como los comités de empresa que permiten el acceso de los representantes sindicales a la contabilidad empresaria, se han mantenido en varias latitudes por cuanto ya forman parte de la concepción moderna de las condiciones sociales de producción.

La existencia de esos institutos no implica, obviamente, la anulación del natural conflicto entre trabajadores y empresarios sino el establecimiento del legítimo derecho de los trabajadores de controlar la administración empresarial, por cuanto ello compromete el presente y el futuro de los puestos de trabajo, muchas veces destruidos por patronales inescrupulosas.

Es imposible alejar las declaraciones del señor Méndez de la clara ofensiva política del capital industrial, agrario y financiero más concentrado por reconquistar la perdida preeminencia sobre el Estado y el sentido de las políticas públicas. Todo ello pese a que los altos índices de crecimiento económico del país y las condiciones oligopólicas en ramas fundamentales de la industria, sumado a un Estado que apoya firmemente la producción y el empleo, generan ganancias que están a la par y por momentos por encima de la tasa de rentabilidad de la mayoría de los países de desarrollo medio y aún de los más industrializados.

El proceso de democratización política y económica puesto en marcha en los últimos años –particularmente desde 2003- marcó una agenda, aún en curso, que abarca desde derechos laborales específicos, como la legislación sobre accidentes de trabajo y la plena vigencia de las paritarias y el Consejo del Salario, hasta la recuperación del ingreso social mediante el rescate del sistema provisional y la implantación de la asignación universal por hijo.

El horizonte político que marcan las presidenciales del año próximo acentúa la campaña destinada a generar miedo en la sociedad y, subestimando su inteligencia, agitar fantasmagóricas asechanzas cuando no sólo impera una Justicia totalmente independiente sino que el Congreso, que funciona a pleno, delibera con un oficialismo en minoría que debe lidiar para sacar adelante cada uno de los proyectos del Ejecutivo.

Pero la idea de algunos grupos de poder económico y mediático sobre qué significa la democracia y la invocada seguridad jurídica tiene más que ver con el uso malicioso de los poderes fácticos que con el libre juego de los dispositivos de debate y resolución constitucionales. Por eso, la reacción desmedida frente a la posibilidad de que cobre vida real esta cláusula aun dormida de la Constitución que comienza a despertar de un letargo quizás demasiado prolongado.

IMPECABLE JUEZA ARGIBAY

Reportaje abierto a la jueza de la Corte Carmen Argibay, para hablar sobre cuestiones de género

“Sacar los crucifijos de Tribunales”

Página 12

Sometida a preguntas de dos periodistas, Argibay se explayó sobre las razones por las que es necesaria una ley de aborto, acerca de la trata en el negocio de la prostitución y de la influencia de la Iglesia en Tribunales.

La jueza Carmen Argibay cerró el V Encuentro Nacional de Periodistas de Argentina en Red (PAR).La sociedad está dispuesta a debatir la despenalización del aborto. El temor es de los políticos, sobre todo de los creyentes. El razonamiento lo desarrolló Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema de Justicia, durante una entrevista abierta que cerró el V Encuentro Nacional de la red PAR-Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista. Atea confesa, feminista, descontracturada, antítesis del arquetipo de los jueces argentinos, Argibay respondió durante dos horas preguntas de Mariana Carbajal, periodista de Página/12, y de Liliana Hendel, de Telefe.
?
–¿De qué manera la Justicia puede cambiarle la vida a una mujer

–El Poder Judicial impacta mucho y mal en la vida de las mujeres. En las facultades nos han enseñado derecho desde el punto de vista masculino. Esto tiene que cambiar, está cambiando. Desde la oficina de la mujer de la Corte hemos organizado cursos de capacitación con perspectiva de género. ¿Por qué? Cuando un señor denuncia que le robaron implícitamente se le cree, pero si una mujer denuncia violencia lo primero que se piensa es que miente. Este tipo de cosas se naturalizan. Por eso la Corte creó la oficina de violencia doméstica.

–Se señala la necesidad de abrir el debate en el Congreso por la despenalización del aborto. ¿Por qué tanta resistencia de los políticos?

–Creo que tienen miedo al cambio. Las encuestas muestran que la mayoría de la sociedad quiere que se debata y cree que el aborto clandestino y sin asepsia es la causa de la muerte de muchas mujeres jóvenes, pobres e ignorantes. Pero ese grupo de mujeres no tiene poder. Y hay otra cosa: la “santa madre”. No quiero herir sentimientos, todo el mundo sabe que soy atea. La “santa madre” todavía tiene mucha fuerza y ha llegado a amenazar con la excomunión a legisladores, por ejemplo para no votar mi nombramiento. Hay gente a la que le importa, es parte de su vida, de sus creencias, su fe, que es muy respetable que la tengan.

–Desde lo político, ¿hay un escenario propicio para llevar el tema al Congreso?

–Sí, la sociedad ha tomado conciencia de lo que significa no tener una ley de aborto razonable y también de que es posible dictar leyes que signifiquen no una obligación sino un permiso, como con el matrimonio igualitario. Nadie obliga a casarse, es un permiso, lo usa quien quiera. Si la Iglesia se opone al aborto, que se oponga para sus fieles, ¿pero por qué va a obligar a los demás?

–El gobernador de Salta estableció la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas. ¿Es constitucional?

–No, el Estado es laico. Quien quiera dar educación religiosa a sus hijos, de cualquier religión, puede mandarlo a una escuela confesional o enseñarle en su casa, pero la escuela pública no puede ser confesional. Hoy analizábamos ese tema con el presidente del Consejo de la Magistratura y con mi colega Elena Highton diciendo “tenemos que sacar los crucifijos de la sala de audiencias”... (la sala, un centenar de personas, mayoría femenina, estalló en aplausos).

–¿No hay una ley que obliga a mantener un crucifijo o virgen instalada?

–No, ya sacamos una. Soy funcionaria de un Estado laico y recibo gente que puede tener todas las religiones o ninguna, eso es libertad de culto. Tener un símbolo religioso condiciona. En un tribunal oral los testigos juran por sus creencias, no le preguntamos cuáles, pero atrás hay un crucifijo que puede influir mal, el testigo puede considerarlo una discriminación. Además, no tiene sentido porque el Estado es laico.

–¿Cuáles serían los argumentos de más peso para debatir la despenalización del aborto?

–La muerte: es la segunda causa de muerte de personas jóvenes. Usaría otro, pero no van a dar bolilla: las mujeres no tenemos derecho a decidir. El principal es tratar de evitar la muerte de jóvenes que por no haber tenido educación sexual enfrentan un problema que no pueden solucionar de otra manera. Los números son muy fuertes.

–¿Es partidaria de penalizar a los clientes-prostituyentes?

–Sí, pero hay otro problema con el tema prostitución: la trata. Estamos intentando convencer a jueces y fiscales sobre el modo de tratar a la víctima, que parece que fuera la culpable. El cliente debiera ser penado, es partícipe de mantener a la mujer en situación de inferioridad, indefensión y vulnerabilidad, pero no todo debe pasar por el Código Penal. La Justicia penal no resuelve problemas. Las organizaciones de trata son muy poderosas. Es imprescindible instalar el tema, no lo veo instalado. Y es importante dejar de repetir que tenemos programas magníficos para la trata si los programas no tienen presupuesto ni personal especializado.

–¿Qué cambió con la llegada de dos mujeres a la Corte?

–El trato en la Corte es diferente, el lenguaje ha cambiado, las actitudes, hay más amabilidad, más alegría y hemos iniciado cosas que no se hicieron nunca, como la oficina de violencia doméstica, que funciona a pleno los 365 días del año. Yo me hice cargo del Cuerpo Médico Forense, en estado calamitoso y sin un reglamento, y ahora Elena (Highton) se está ocu-pando de los peritos contadores. Eso se hizo porque las mujeres nos arremangamos y dijimos “hay que hacerlo”.

martes, 14 de septiembre de 2010

El Ingreso Ciudadano.
Renta Básica ante la crisis económica y los ataques a los derechos sociales y laborales

Una reflexión desde Argentina, México y España.


Por Rubén M. Lo Vuolo * - Daniel Raventós ** - Pablo Yanes ***

Revista Sin Permiso

La crisis económica no ha terminado, pero las consecuencias para amplios sectores de la población ya hace meses que son evidentes: mayor pobreza, aumento del desempleo, peores condiciones laborales, reducciones de los salarios y de los beneficios de los seguros sociales. El informe del FMI y de la OIT editado en septiembre especifica que son 30 millones los nuevos parados en el mundo desde que se manifestó la crisis, de los cuales casi el 10% ha sido aportado por la economía del Reino de España. Esta crisis es el resultado de un período previo de crecimiento impulsado por la financiarización del capital y una marcada evidencia regresiva en la distribución de los ingresos y de la riqueza. En la Unión Europea de los15, mero ejemplo, las rentas del trabajo han pasado a representar en la actualidad un 56% de la renta nacional cuando pocos lustros antes su peso era de casi el 70%; en América Latina, incluso con posterioridad a la leve mejora por el crecimiento en algunos países durante la última década, los registros de participación de la masa salarial están muy por debajo de esas cifras, y los índices de Gini siguen mostrando que es la región más desigual del planeta. Este aumento expedito en la desigualdad consolida una tendencia que uno de los hombres más acaudalados del mundo, Warren Buffett, describió en el año 2006 de una forma muy gráfica: "Si EEUU está viviendo una guerra de clases, la mía está ganando claramente". Con la crisis que explotó en el año 2008 ciertos ricos han perdido algún dinero, pero los trabajadores formales, los informales y precarios, tan importantes en América Latina y cuyo número es creciente en los países del sur de Europa, han visto deteriorarse aún más sus condiciones de vida y de trabajo. Los rescates financieros emprendidos por muchos gobiernos han favorecido, nuevamente, a los más ricos y a quienes cargan con la mayor responsabilidad de la crisis.

En América Latina, la crisis frenó un ciclo de crecimiento alentado por la mejora de los términos del intercambio y fuertes ajustes macroeconómicos con posterioridad a la frustrante experiencia de las políticas de apertura y liberalización económica de los años noventa. La recuperación económica que muestran algunos países latinoamericanos en los últimos meses (como Argentina, Brasil y Uruguay), junto con la de economías llamadas "emergentes" (como China e India) recrea en algunos la ilusión de una nueva fase de crecimiento y generación de empleo en la región y de un reacomodo positivo de la economía mundial. Sin embargo, sería un error confundir el diagnóstico. Más allá de las diferentes coyunturas, estamos frente a una crisis global, originada en el centro mismo de las potencias capitalistas y que revela las contradicciones profundas y la inviabilidad de un régimen de acumulación basado en la desvalorización de la fuerza de trabajo, la precarización laboral, la concentración inmensa de la riqueza, la mercantilización de la naturaleza y de todas las relaciones sociales. Este régimen de acumulación ha llevado a escala planetaria la profunda incompatibilidad entre producción global sin consumo global, y entre el modelo de crecimiento hasta ahora desarrollado y la preservación del medio ambiente y la reproducción de la vida misma. Es la primera crisis global de sobreproducción de mercancías en la que ya asoma el riesgo de la deflación, de la tendencia al estancamiento de largo plazo y, en el mejor de los casos, de esporádicas fases de recuperación de crecimiento económico que no estará en condiciones de generar empleo en la cantidad y calidad requerida para garantizar el bienestar de la mayoría de la población. Esto es: podemos estar atrapados en un ciclo económico largo dominado por crisis duras y recuperaciones blandas.

La responsabilidad de la crisis es claramente atribuible a los encargados del manejo del capital (especialmente del capital financiero), incluyendo a sus propietarios, sus administradores y a los funcionarios del Estado responsables de su control y regulación. Sin embargo, estos responsables vuelven a lanzar una nueva ofensiva contra el mundo del trabajo y los derechos sociales. Así, en el seno mismo de la Unión Europea se lanzan medidas llamadas de "austeridad" y que significan de forma práctica ajustes de consumo y de pérdida de beneficios sociales y laborales para los trabajadores y los sectores populares. Estas recetas de ajuste fueron frecuentes en décadas recientes en América Latina, y sus consecuencias han sido nefastas para el bienestar de la población más vulnerable y para la estabilidad del sistema económico, político y social. Pese a ello, hoy se adoptan en muchos países de Europa con el objetivo principal de rescatar a los bancos y recomponer los mecanismos de especulación financiera, con la esperanza que así se relance un nuevo ciclo de crecimiento liderado por las finanzas. En la reunión del pasado 10 de mayo del ECOFIN, el BCE y el FMI, un banquero británico empleó una buena expresión para definir los planes de austeridad: "Es más fácil vender dicho plan diciendo que debe servir para salvar a Grecia, a España y a Portugal, que confesar que debe ante todo salvar y ayudar a los bancos". Los planes de austeridad presupuestaria puestos en marcha para paliar los déficits públicos son, efectivamente, un ataque de enorme envergadura contra las condiciones de vida y trabajo de las clases trabajadoras y contra los regímenes de Estado de Bienestar surgidos después de la Segunda Guerra mundial. De este modo, la crisis generada por la irresponsabilidad de los administradores del capital, se vuelve un pretexto adicional para justificar políticas que imponen fuertes ajustes sobre las remuneraciones de los trabajadores, tanto las derivadas del empleo como de los sistemas de protección social. La excusa de la urgencia de la recuperación de la competitividad y del crecimiento económico (en la Unión Europea el gran pretexto es "salvar la zona euro") se utiliza así para degradar las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables.

Frente a esta situación, algunos pretenden que se trata de una crisis pasajera originada en supuestas "imperfecciones" de los mercados financieros y que se ha de superar con algunas correcciones regulatorias (que, además, siguen sin aparecer en la dimensión requerida). Por el contrario, es evidente que se trata de la emergencia de problemas estructurales del modo de organización de las sociedades contemporáneas que hace tiempo vienen manifestándose y que previsiblemente continuarán por largo tiempo, aún con cortos períodos de recuperación del crecimiento económico. Lo que está en crisis es el mito del crecimiento económico permanente y de la generación de empleo de calidad como forma de garantizar la integración económica y social de toda la ciudadanía. La presente situación coloca un fuerte interrogante sobre la capacidad del actual régimen de acumulación capitalista de ofrecer razonablemente un horizonte en el que sea material y políticamente posible el desarrollo basado en un esquema de pleno empleo para mujeres y hombres. Y, en consecuencia, de que sea el empleo, el trabajo asalariado propiamente dicho, la llave maestra o el camino único para el acceso a los derechos sociales, a la movilidad social y al bienestar de las personas.

Una manifestación clara de estos problemas estructurales es que la aparente solución de la crisis lleva a ampliar las "brechas" entre los derechos normados y que debería gozar la ciudadanía según las constituciones y las leyes, y aquellos de los que efectivamente goza. Estas brechas alientan la hipocresía, el miedo y las actitudes sectarias de todo tipo, pudiendo degenerar en resignación e impotencia manipulables por grupos de la extrema derecha. La soberanía democrática de los pueblos está bien cerca de verse definitivamente burlada por los intereses de grupos privados que operan a través de "los mercados", presionando así sobre la incapacidad de la dirigencia política de aplicar programas de gobierno que hagan prevalecer el interés público y de allí hacer efectivos los derechos de sus representados. En palabras del que fue presidente de EEUU, F.D. Roosevelt, con motivo del discurso sobre el estado de la nación de 1935 y que sirven perfectamente para describir la actual situación: "Es preciso deshacerse de esa concepción de la adquisición de la riqueza que, a través de la obtención de beneficios excesivos, genera un desproporcionado poder privado que habilita a unos cuantos para interferir en los asuntos privados y, para nuestra desgracia, también en los asuntos públicos".

Estos y otros elementos deberían motivar la necesidad de pensar nuevos principios de organización de las sociedades contemporáneas. En este ineludible rediseño de nuestras sociedades, cada vez es más imprescindible que el acceso a los derechos sociales deje de operar por status diferenciados para transformarse en derechos de ciudadanía, en derechos de las personas por el mero hecho de existir. Esto es, que dejen de ser derechos intermediados, segmentados, condicionados y recortados, por ejemplo, por la volátil, transitoria y desigual posición de cada persona en el cada vez más precario mercado laboral.

Por estas entre otras razones, somos defensores de la propuesta conocida en América Latina como Ingreso Ciudadano (IC) y en Europa como Renta Básica (RB). Esta propuesta, que hace tiempo viene siendo defendida en ámbitos geográficos muy diferentes, tiene ya partidarios organizados en Europa, América, Asia, África y Oceanía. Su postulado es simple: toda la ciudadanía y las personas con residencia acreditada tienen derecho a gozar de un ingreso monetario incondicional, universal e integrado en un sistema tributario progresivo. Somos de la opinión que el IC-RB es la base para la reorganización estructural de las políticas públicas. Estamos convencidos que el IC-RB es una propuesta conveniente en situaciones de bonanza económica, pero aún es más necesaria en situaciones de crisis económica y de ataque a las condiciones de vida y trabajo de gran parte de la población como la que estamos viviendo. Entre otras, se pueden destacar las siguientes razones:

1) La pérdida involuntaria del empleo provoca una situación de gran inseguridad económica y vital. Perder el puesto de trabajo, pero disponer de un IC-RB supondría afrontar la situación de forma menos angustiosa. Esta característica obvia del IC-RB sirve para cualquier coyuntura económica. En una de crisis, en donde la cantidad de desempleo es mucho mayor y más prolongada, el acceso a un IC-RB cobra mayor importancia social. Más aún con la creciente debilidad o directa inexistencia de seguros de desempleo amplios y de larga duración. Tomemos nota de que si las relaciones laborales se rigieron durante muchos años por empleo prolongado y desempleo cíclico o friccional, hoy lo que es transitorio e inestable es el empleo mismo (y sobre todo el empleo de calidad).

2) Si en un marco de debilitamiento de los instrumentos de organización y representación de la clase trabajadora, sumamos los impactos negativos del desempleo, la precariedad laboral y los ajustes en los Estados de Bienestar, el resultado es que cada vez son más los trabajadores y trabajadoras que quedan sin representación sindical. El IC-RB podría cumplir un papel muy importante en la recomposición del interés colectivo de la clase trabajadora y en las luchas de resistencia tanto para quienes cuentan con representación organizada como para quienes están mal librados a una lucha personal. Ello posibilitaría reconstruir la identidad trabajadora en un escenario de creciente fragmentación laboral, habilitando nuevas formas de asociación y representación de los intereses cada vez más divididos de la clase trabajadora. En la crisis se puede observar perfectamente que el IC-RB no es una alternativa sustitutiva del salario y no debilita la defensa de los intereses de la clase trabajadora, sino que aparece como un instrumento que fortalece la posición de toda la fuerza de trabajo tanto en el mismo puesto de empleo como en la propia búsqueda de ocupación. El IC-RB permitiría unificar la lucha de la clase trabajadora en torno a un derecho universal que beneficiaría a buena parte de la ciudadanía no importa cuál fuera la situación de su actividad específica, al tiempo que daría mucho más aire para resistir los ajustes sobre las condiciones de trabajo o sobre el propio nivel de empleo. Además, el IC-RB supondría, en caso de huelgas, una especie de caja de resistencia incondicional cuyos efectos para el fortalecimiento del poder de negociación de trabajadoras y trabajadores son fáciles de evaluar. La disponibilidad de un IC-RB permitiría afrontar el conflicto laboral de una forma mucho menos insegura: al día de hoy, dependiendo de los días de huelga, los salarios pueden llegar a reducirse de forma difícilmente soportable si, como acostumbra a ocurrir para la inmensa mayoría de la clase trabajadora, no se dispone de otros recursos.

3) También el IC-RB posibilitaría la reducción del riesgo a las personas que hubieran emprendido proyectos de auto-ocupación. En ese sentido, el IC-RB sería más eficiente que los micro-créditos para estimular la creación de micro-empresas y de cooperativas, porque significaría un ingreso estable, permanente y que no genera deuda (ni intereses usurarios). En una situación de crisis económica como la actual, el IC-RB, además de suponer un instrumento que facilitaría las tareas de auto-ocupación, incluso la organización cooperativa de sus beneficiarios, representaría una mayor garantía para poder hacer frente, aunque fuera parcialmente, a quienes no tuvieran éxito con su pequeño negocio.

4) Una de las consecuencias más señaladas del IC-RB sería la gran mitigación de la pobreza. Inclusive permitiría de manera realista plantearse su efectiva erradicación. No sólo posibilitaría sacar a millones de personas de la pobreza, sino que construiría un soporte de protección para no recaer en ella. Por primera vez podría tenerse una política activa contra la pobreza con una dimensión preventiva y así se superaría la impotencia de las actuales políticas de transferencias monetarias focalizadas condicionadas que existen por toda América Latina y otros países en vías de desarrollo. Algunos pretenden que estos programas son un primer paso en la dirección del IC-RB. No es así. Sin desconocer los impactos positivos en aliviar la situación de carencia de muchas familias en la región, estos programas (Bolsa Familia, en Brasil; Oportunidades, en México; Familias en acción, en Colombia; Juntos, en Perú; Familias Solidarias, en El Salvador; Asignación Universal por Hijo, en Argentina, etcétera) se oponen a los principios y las reglas operativas del IC-RB. Esto es así porque en lugar de ser universales, incondicionales e integrados a un sistema de tributación progresiva, son focalizados, exigen condicionalidades cuyo incumplimiento es penalizado con la pérdida del beneficio y representan un gasto mínimo en un sistema fiscal profundamente regresivo. De este modo, refuerzan la estrategia asistencial, focalizada y condicionada que hace décadas viene caracterizando a la política social en la región bajo los auspicios de los organismos internacionales promotores de los ajustes estructurales que hoy se importan a países europeos.

No cualquier programa de transferencia de ingresos va en el sentido que marca el IC-RB, porque el IC-RB no es cualquier política de transferencia de ingresos. Los programas asistenciales, focalizados y condicionados tienen impactos coyunturales positivos sobre los ingresos de las familias pobres, pero no son efectivos para sacarlos de esa situación y consolidan prácticas políticas clientelares que atentan contra el desarrollo de la autonomía de las personas. Tampoco estas políticas impiden que las personas recaigan en situaciones de pobreza e indigencia o que se formen nuevos contingentes de pobres. Estos programas no cubren a todos los necesitados sino que hasta que esos grupos son seleccionados como beneficiarios (y en caso de que realmente se haga), la crisis ya descargó toda su violencia sobre esta población vulnerable produciendo daños irreparables. Sólo la crisis económica ha significado hasta ahora para México 5 millones de nuevos pobres, la mitad de todos los nuevos pobres de América Latina, mientras que el Programa Oportunidades se propone ampliar, en dos años, su padrón en solamente 800.000 familias. A esto se suma la constante degradación para la dignidad y la autonomía de las personas que representa la necesidad de estar probando permanentemente su situación de necesidad para que los burócratas de turno los califiquen como "merecedores" de asistencia.

Con la crisis económica se muestra de modo más evidente la necesidad imperiosa de reformular las políticas de transferencias de ingresos de forma acorde con la propuesta de un IC-RB universal e incondicional. Los programas "condicionados" de ingresos que se vienen exportando incluso a los países más desarrollados, no tienen capacidad para responder en tiempo y forma a las necesidades de los grupos más vulnerables cuyos ingresos oscilan permanentemente. Lo que hacen es seleccionar beneficiarios alimentando una costosa burocracia dedicada a clasificar (discriminar) a los potenciales beneficiarios que "merecen" o no su asistencia, y a evaluar permanentemente su nivel y sus condiciones de vida, hasta entrometerse en la propia vida privada. Estos programas generan típicas situaciones de "trampa de la pobreza" porque no buscan que las personas superen el problema sino simplemente administrarlo y tener bajo control político a la población necesitada. El IC-RB no sólo ahorra costos burocráticos innecesarios sino que además otorga beneficios por derecho propio de la ciudadanía evitando intermediaciones que transforman a la población necesitada en una clientela política. Hasta la CEPAL señala el ejemplo de la pensión de adultos mayores en el Distrito Federal, México, que es universal, no contributiva y no condicionada, como una de las medidas innovadoras en América Latina para "garantizar un nivel básico de renta en forma sostenible desde el punto de vista fiscal y justa desde el punto de vista intergeneracional". Por ello es altamente significativo que en el documento programático Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad haya sido incorporado el objetivo de propugnar por el establecimiento del IC-RB.

5) Un tema muy debatido frente a la crisis es la necesidad de sostener el consumo de las familias. De hecho, muchas familias tuvieron en los años del boom una capacidad de consumo por encima de sus ingresos laborales gracias a la inflación de precios de activos financieros y de créditos, especialmente hipotecarios pero también de consumo. Este consumo por endeudamiento de las familias en general no favorece a los grupos más pobres. Además, con el ajuste no sólo se terminan esos ingresos extras sino que los reducidos ingresos laborales tendrán que utilizarse en parte para pagar la deuda acumulada. El IC-RB es sin dudas un estabilizador del consumo fundamental para sostener la demanda en tiempos de crisis, especialmente para los grupos más vulnerables, y de este modo evita la ampliación de las brechas de desigualdad económica y social. En un mundo como el actual, donde la acumulación privada de grandes fortunas convive con la más absoluta de las miserias, la libertad para centenares de millones de personas está seriamente disminuida por la urgencia de encontrar cualquier medio para sobrevivir. El IC-RB aparece como un mecanismo institucional que sería capaz de garantizar al conjunto de la ciudadanía (y a los residentes acreditados) la existencia material al menos en niveles básicos. Cada vez es más evidente que en las complejas sociedades modernas, para que sean democráticas y justas, el pan y la existencia digna no deben ser "ganados con el sudor de la frente", sino que deben estar garantizados como derechos de ciudadanía para que las capacidades creativas y productivas de las personas no se resientan y puedan desarrollarse.

Ya en noviembre del año 2007, en el marco del Fórum de las Culturas que se celebró en la ciudad de Monterrey (México), se aprobó la Declaración universal de derechos humanos emergentes. Esta declaración era en realidad la continuación de la que ya se había realizado en Barcelona tres años antes, en septiembre de 2004, también en el marco del Fórum de las Culturas. En el tercer punto del primer artículo de esta Declaración universal de derechos humanos emergentes puede leerse:

"El derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal, que asegura a toda persona, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin, se reconoce el derecho a un ingreso monetario e incondicional periódico sufragado con reformas fiscales y a cargo de los presupuestos del Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro residente de la sociedad, independientemente de sus otras fuentes de renta, que sea adecuado para permitirle cubrir sus necesidades básicas."

Para concluir, si existen buenas razones para defender el IC-RB en situaciones de crecimiento económico, caída de desempleo y tendencias favorables de los indicadores estándar sociales, aún hay argumentos más perentorios en su favor ante una situación de crisis y de ataque contra los derechos sociales y laborales. Más aún, puede afirmarse que los impactos de esta crisis serán más devastadores por la ausencia de compromiso político para avanzar con propuestas como el IC-RB en los momentos de bonanza económica. El IC-RB no sólo sería una importante herramienta para combatir la pobreza, abatir la desigualdad y avanzar en la garantía de una vida digna para todas las personas, sería también un poderoso instrumento de cambio social y político que permitiría un reordenamiento de las relaciones sociales en beneficio de la libertad, la autonomía, el respeto y el reconocimiento de hombres y mujeres de toda condición. Una sociedad en la que nadie carezca de lo básico es buena para todos. Es la única sociedad posible que merece la pena.

Liberar a las mujeres y a los hombres del látigo del hambre y del imperio de la necesidad, del miedo al día a día, de la escasez de tiempo, de la inseguridad sobre el presente y la incertidumbre sobre el futuro, significa construir ciudadanía, ampliar los espacios para la organización social y sindical, fortalecer la capacidad de lucha política de los sectores populares, así como crear mejores condiciones para la participación ciudadana y el activismo cívico. El IC-RB es uno de los elementos ineludibles que debe tenerse en cuenta para impulsar una transformación social que garantice el derecho a la existencia de todas las personas y nos acerque al anhelado objetivo de una sociedad más libre, más igualitaria y más fraterna.

Barcelona-Buenos Aires-Ciudad de México, septiembre 2010.

* Rubén Lo Vuolo es presidente de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (www.ingresociudadano.org).
**Daniel Raventós es presidente de la Red Renta Básica (www.redrentabasica.org).
***Pablo Yanes es presidente del Ingreso Ciudadano Universal de México (www.icu.org.mx/).


lunes, 13 de septiembre de 2010

EL MITO AGRARIO

¿Y las sociedades rurales de Estados Unidos, Canadá y Australia?

Esconder la verdadera historia de Australia y Canadá es para la Sociedad Rural una cuestión de supervivencia. Cada una a su modo supieron barrer las estructuras ligadas a un modelo de acumulación atrasado que obstaculizaba el desarrollo.

Por Federico Bernal/Página 12

Las naciones emblema de Hugo Biolcati, titular de la SRA, carecen hoy de sociedades rurales.

En su discurso de inauguración de la 124ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria, el máximo exponente y promotor de una Argentina dependiente señaló: “Hace 100 años, el debate era si debíamos ser como los grandes países de Europa o como Estados Unidos. [...] En el centenario éramos el granero del mundo y una de las naciones más prósperas del planeta. En el bicentenario somos un país vapuleado por la corrupción, la imprevisión, la exclusión y la pobreza”. Esta vez le tocó a Hugo Biolcati, titular de la SRA, formular el mito agrario, mito que desde el inicio del conflicto por la Resolución 125 ha vuelto a pisar fuerte en la política nacional. Lo hizo porque no hay mejor argumento para ganarse los afectos de las clases medias que reivindicar al modelo agroexportador de la supuesta época dorada argentina (1880-1930).

Sin embargo, el mito agrario estaría incompleto y adolecería de una grave falla sin el ocultamiento de las leyes que originaron el verdadero desarrollo socioeconómico de las naciones industrializadas. Experiencias a las que Biolcati hace obligada mención. Estados Unidos, los “grandes países europeos”, Canadá y Australia son los casos predilectos para los representantes de la Argentina granero del mundo. Según dictamina la fisiocracia argentina, mientras que en nuestro país la industrialización de la década del ’30 y luego el populismo industrialista de Perón interrumpieron el tránsito al desarrollo, esos países entonces potencias agroexportadoras (como se cree era la Argentina) no se desviaron de tales modelos de acumulación sino que los profundizaron. Nada más alejado de la realidad.

Un brevísimo repaso a la historia colonial de Australia ayuda a conocer sus grandes encrucijadas y definiciones; tiempos que recuerdan las fricciones que hoy vive Argentina.

La actual Australia moderna e industrial fue no hace mucho tiempo un conjunto de colonias desorganizadas y desvinculadas entre sí. Estaban regidas por un sistema económico arcaico y funcional a las apetencias laneras de la pujante industria textil de la época. Gran Bretaña, potencia industrial, política y militar del siglo XIX, fue dueña de las capacidades productivas y económicas australianas durante la mitad de ese siglo. Capacidades que utilizaba para sus propios fines al insertar a sus colonias de Australasia en la división internacional del trabajo a gusto de las chimeneas de Manchester y Yorkshire.

Desde su colonización, en 1788, hasta la primera mitad del siglo XIX, las colonias australianas pasaron de ser un simple depósito de convictos y del excedente poblacional británico e irlandés, a ser el principal proveedor de lana del imperio. Para las clases sociales dominantes, ligadas a la exportación de lana –la aristocracia de los squatters o squattocracy–, esa Australia colonial lanera significaba lo que para las oligarquías agropecuarias argentinas el modelo agroexportador entre 1880 y 1930. Pero si en nuestro país ese modelo de acumulación –interrumpido transitoriamente entre 1930 y 1955– logró reimponerse por la fuerza con la Revolución Libertadora, proseguir casi invariablemente hasta diciembre de 2001 y retroceder desde 2003 a la fecha, no ocurriría lo mismo con la “época dorada” de la oligarquía pastoril australiana.

En la isla-continente una serie de factores internos y externos convergieron en determinado momento de su experiencia colonial para torcer definitivamente el rumbo a favor de un desarrollo diversificado y moderno, democrático e industrial. El principio del fin del atrasado sistema pastoril en Australia, esto es, el sistema dominante de uso y tenencia de la tierra que había regido durante la primera mitad del siglo XIX (específicamente entre 1820 y 1850) comenzó su ocaso a partir de 1840, extendiéndose al menos durante tres décadas gracias a la lenta pero progresiva ejecución de profundas transformaciones políticas, sociales y económicas. Dichas transformaciones implicaron, en una primera etapa, la democratización e industrialización de la agricultura, en una segunda una profunda reforma agraria, y en una tercera la federación de las seis colonias británicas ubicadas en el actual territorio australiano. Según el sociólogo e historiador australiano Philip McMichael, autor del libro Colonos y Cuestión Agraria en Australia (1984), el sistema pastoril fue un tipo de acumulación precapitalista que al monopolizar las tierras (viejas y nuevas) frenaba la aparición de un capitalismo dinámico y progresivo, y con él, el desarrollo del mercado interno y mejores condiciones materiales para la mayoría de la población. La continuidad de semejante statu quo resultaría imposible de sostener ante el avance de las clases y sectores emergentes impulsados por la crisis internacional de la lana, el auge minero y el fin de la mano de obra rural semiesclava (convictos) en la colonia.

Aglutinados en un gran frente de clases –no exento de contradicciones– las burguesías comerciales de las grandes ciudades, miles de nuevos inmigrantes, obreros, profesionales y técnicos, mineros y pequeños agricultores rompieron el dique de contención oligárquico. La aristocracia lanera que pregonaba convertir al campo australiano en el “ovejero del mundo” fue avasallada por un orden social superior, incluyente, moderno y democrático.

En el presente argentino en tránsito hacia la modernización económica y la progresividad social, esconder la verdadera historia de países como Australia, Canadá, Estados Unidos es para la Sociedad Rural una cuestión de supervivencia. Porque cada una a su modo (aunque todas en el período comprendido entre mediados y fines del siglo XIX) supieron barrer sus propias estructuras socioeconómicas y políticas ligadas a un modelo de acumulación atrasado que obstaculizaba el desarrollo económico. Prueba de ello es que las naciones emblema para la oligarquía argentina carezcan hoy de sociedades rurales. Por eso mismo, en su discurso Biolcati sólo mencionó en calidad de invitados a los presidentes de las sociedades rurales o federaciones de agricultura de Chile, Brasil, estado de Río Grande del Sur (Brasil), Paraguay y Uruguay. ¿Y las sociedades rurales de Estados Unidos, Canadá y Australia?

1973 - 11 DE SEPTIEMBRE - 2010

Compañero presidente Salvador Allende

¡hasta la victoria siempre!

viernes, 10 de septiembre de 2010

El diario Clarín, el golpe y las vísperas

La retórica de Balbín era utilizada para convalidar la convicción del grupo directivo, encabezado por Héctor Magnetto, de que los activistas sindicales integrábamos los supuestos escuadrones de una tenebrosa ‘guerrilla industrial’

Oscar González*/Tiempo Argentino

Ese verano de 1976 transcurría con tantos nubarrones –la inminencia de un golpe de Estado era un secreto a voces– que un grupo de amigos decidimos pasar juntos las breves vacaciones de ese año, congregados en una módica quinta, al Oeste de Buenos Aires.
La razón de esa coincidencia veraniega no era sólo la camaradería que nos unía, sino otra más decisiva: quienes habíamos decidido seguir viéndonos las caras aun en esos días de receso estival éramos todos delegados sindicales de empresas periodísticas.
La mañana del lunes 2 de febrero, el teléfono sonó muy temprano y lo desusado de la hora fue el presagio de lo que sobrevendría. Era el llamado de una compañera que había sido rechazada al intentar tomar servicio a las 6 en el edificio de Tacuarí al 1800. Así nos enterábamos que había comenzado la avalancha de despidos en la empresa AGEA SA, editora del diario (el Grupo Clarín aún no existía).
Lo demás fue una maratón para llegar lo antes posible a las puertas de la empresa, consultar a los abogados amigos y convocar a todos los trabajadores a concentrarse en las inmediaciones del lugar. A las pocas horas, el panorama establecía que habíamos sido despedidos los 13 integrantes de la comisión interna y varios de los trabajadores sindicalmente más activos. Con el correr de los días, la purga incluiría a decenas de trabajadores de todas las áreas del diario.
Perseguidos por el gobierno de Isabel Perón, que había intervenido nuestra Asociación de Periodistas en 1974, un año después la ofensiva llegaba directamente a las empresas, y los desplazados fuimos entonces los integrantes de las comisiones internas, entre ellas y en primer lugar, la del diarioClarín, a la que se consideraba la más poderosa del sector. Para entonces, ya la Triple A se había ensañado con algunos de nuestros compañeros y el horizonte aparecía teñido de incertidumbre y oscuros pronósticos.
Urgida por la furia que le causaba una representación consecuente y tenaz, que contaba con un fuerte respaldo de los trabajadores –y que además mantenía lazos de solidaridad con otras comisiones internas y empresas de la zona (era la época de las coordinadoras)– la ofensiva patronal había comenzado mucho antes.
Para diciembre de 1975 ya teníamos confirmada la decisión de la cúpula empresaria de quebrar el sólido movimiento gremial que desde 1972 había hecho de esa empresa uno de los bastiones del sindicalismo combativo. Nuestros compañeros que frecuentaban, por razones laborales, las alturas empresarias, nos confirmaban que los legajos con nuestras identidades habían salido rumbo al severo escrutinio de ciertos órganos de inteligencia.
La desgraciada retórica del legendario dirigente Ricardo Balbín era utilizada para convalidar la convicción del grupo directivo, encabezado por Héctor Magnetto, quien ya estaba a cargo de la gerencia general, de que los activistas sindicales integrábamos los supuestos escuadrones de una tenebrosa “guerrilla industrial”.
La negociación para que los compañeros cobraran sus indemnizaciones no resultó fácil: las múltiples gestiones ante los abogados de la empresa, las asambleas agitadas y marchas callejeras, todo eso sucedía en un clima irrespirable, mientras avanzaba inexorable la ominosa sombra del fatídico 24 de marzo. Ese día, cuando Magnetto y su círculo festejaban el golpe militar que les iba a garantizar la “paz social” en su empresa y pactaban con los nuevos amos del país los detalles para la apropiación de Papel Prensa, los despedidos de Clarín –como tantos millones de trabajadores argentinos– ingresábamos en la penumbra del desempleo, de la represión y, en muchos casos, del exilio.

*Periodista, secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.



"NOS MEAN Y LOS DIARIOS DICEN QUE SIGUE LLOVIENDO"

ENTREVISTA A EDUARDO GALEANO

"Hay una demonización de Chávez"

Publicado por el diario El PAIS de Madrid - 10/09/2010

El reloj, para Eduardo Galeano (Montevideo, 1940), marca todavía hora de la capital uruguaya aunque el ruido que se cuela en la charla por la ventana llega de la Puerta del Sol. "Disculpa si digo muchas tonterías. Es el jet lag". Ni por asomo, las cinco horas que separan a Madrid de la capital uruguaya ponen patas arriba la palabra del autor de Las venas abiertas de América Latina. El escritor ha visitado España para participar en la Semana de la Cooperación que organizan la AECID y la agencia Inter Press Service, ocasión que aprovecha para "echar un vistazo al mundo de hoy, un mundo al revés".

Pregunta. Vargas Llosa ha escrito que aún se considera periodista. ¿Y usted?

Respuesta. Sí, pero hay una tradición que cree que el periodismo es un ejercicio que se practica en los bajos fondos de la literatura, y en lo alto del altar está la creación del libro. No comparto esa división de clases. Creo que todo mensaje escrito forma parte de la literatura, incluyendo los grafiti de las paredes. Hace tiempo que, sobre todo, escribo libros y muy pocos artículos. Pero me formé en eso y tengo la marca de fábrica. Le agradezco al periodismo que me haya sacado de la contemplación de los laberintos de mi propio ombligo.

P. En ocasiones cita la frase de un anónimo: "Nos mean y los diarios dicen que llueve". ¿Sigue lloviendo?

R. Es un grafiti que vi en una calle de Buenos Aires. Las paredes son la imprenta de los pobres. Sigue lloviendo. Empezando por la imposición de un lenguaje mentiroso. Cuando llaman contratistas a los mercenarios mienten; cuando llaman catástrofes naturales a los desastres que el mundo sufre mienten también, porque la naturaleza no tiene la culpa de los crímenes que se cometen contra ella; se invoca a la comunidad internacional y se refieren a un club de banqueros y guerreros que dominan el mundo.

P. Hace tiempo que no escuchamos que la prensa es el cuarto poder. ¿Hemos bajado un peldaño?

R. No. Se han desarrollado formas de comunicación que te devuelven la confianza en que este mundo al revés es un centro de paradojas interesante. Internet nació al servicio de la industria militar, y luego se convirtió en otra cosa distinta. Se multiplicaron las voces no escuchadas que sonaban en campana de palo. Ha contribuido al desarrollo de formas alternativas de comunicación. Yo soy prehistórico y necesito que un diario me cruja las manos, el olor de la tinta y el papel. Tampoco puedo leer un libro en pantalla. Me gusta mucho el papel en la mano, el libro que me apoyo contra el pecho, lo escucho poniendo contra la oreja las palabras que transmite aunque a veces parecen muertas en el papel.

P. El encuentro de la AECID e IPS pretendía implicar a los medios en un "desarrollo más inclusivo". ¿Se nos olvidó incluir a alguien al contar la crisis?

R. Hubo una manipulación, creo que no inocente, de los grandes medios de comunicación de tal manera que los autores de la catástrofe, los banqueros de Wall Street, terminaron en algo similar a la inocencia hasta creer que la culpa de la crisis la tenía Grecia. Pero también hay voces alternativas que suenan como las radios comunitarias. Han sido despreciadas y perseguidas en muchos países, pero ahora han ido encontrando su lugar. Las voces de la gente, sin intermediarios, suenan más verdaderas.

P. ¿Existe una menor implicación ideológica del periodista?

R. Cualquier forma de apoyo de la diversidad de las voces humanas me parece estimulante, tenga la forma que tenga y se le ponga la etiqueta que se le ponga. Creo en la diversidad de la condición humana. Lo mejor del mundo es la cantidad de mundos que tiene. En Espejos. Una historia casi universal (2008) intenté abarcar el mundo sin hacer caso de las fronteras, el mapa o el tiempo para celebrar la diversidad.

P. Los episodios de violencia contra la prensa de los setenta en América Latina se repiten en nuestros días. ¿Se puede librar el periodista de la coacción?

R. Hay espacios de independencia que es posible abrir. En Argentina dirigí la revista cultural Crisis. Pero me tuve que ir porque la revista prefirió quedar parada y no inclinarse ante la voluntad del golpe militar triunfante que implicaba una censura cada vez peor. Pero mientras duró fue una experiencia extraordinaria. Llegamos a vender 35.000 ejemplares. Para los militares tenía un tufillo subversivo porque se le daba la palabra a los que habían nacido para tener la boca cerrada. Mi experiencia de vida me ha enseñado que todos tenemos algo que decir a los demás, algo que hacer por los demás, celebrado o por lo menos perdonado. Algunas voces resuenan y otras no. Hay muchos que están condenados al silencio eterno. A veces las voces desconocidas, despreciadas, ignoradas son mucho más interesantes que las del poder y sus múltiples ecos.

P. En Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, los Gobiernos andan a la gresca con los medios de comunicación...

R. Las generalizaciones corresponden a una visión de nuestra realidad, la latinoamericana o del sur del mundo, que el norte tiene. Los débiles, cada vez que intentan expresarse o caminar con sus piernas, resultan peligrosos. El patriotismo es legítimo en el norte del mundo y en el sur se convierte en populismo o, peor todavía, terrorismo. Las noticias son muy manipuladas, dependen de los ojos que las ven o el oído que las escucha. La huelga de hambre de los indios mapuches en Chile ocupa poco o ningún espacio en los medios que más influencia tienen, y una huelga de hambre en Venezuela o Cuba merece la primera plana. ¿Quiénes son los terroristas? ¿Son piratas los que asaltan los barcos o los que pescan violando las leyes y los límites?

P. El presidente venezolano, Hugo Chávez, es uno de los que andan enzarzados con la prensa ¿Tenemos veredicto con él?

R. Hay una demonización de Chávez. Antes Cuba era la mala de la película, ahora ya no tanto. Pero siempre hay algún malo. Sin malo, la película no se puede hacer. Y si no hay gente peligrosa, ¿qué hacemos con los gastos militares? El mundo tiene que defenderse. El mundo tiene una economía de guerra funcionando y necesita enemigos. Si no existen los fabrica. No siempre los diablos son diablos y los ángeles, ángeles. Es un escándalo que hoy, cada minuto, se dediquen tres millones de dólares en gastos militares, nombre artístico de los gastos criminales. Y eso necesita enemigos. En el teatro del bien y del mal, a veces son intercambiables como pasó con Sadam Husein, un santo de Occidente que se convirtió en Satanás.

jueves, 9 de septiembre de 2010

La pataleta del señor Méndez

Por Oscar González / El Argentino

La disparatada reacción del titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, ante la sola enunciación de que se pondría en discusión la puesta en marcha de una disposición constitucional que data de hace 53 años, refleja el arcaísmo que todavía habita en ciertos empresarios.
Reacios al reconocimiento de nuevos derechos sociales, obstinados exclusivamente en incrementar su tasa de ganancia, desdeñosos sobre el rol del Estado salvo cuando requieren del subsidio salvador, algunos industriales que debieran por oficio apegarse a los avances y la innovación, protagonizan pataletas macartistas y avizoran horrorizados que vamos a convertirnos en “otra Cuba”.

La iniciativa de hacer operativo el artículo 14 bis de la Constitución, inspirado en la reforma de 1949 y recogido por el texto de 1957 no hace sino establecer la responsabilidad del Estado en garantizar un conjunto de derechos laborales y sociales, entre los cuales incorpora la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, el control obrero de la producción y su colaboración en la dirección.

Precisamente, en el marco del diálogo político convocado por el Gobierno, el año pasado, los socialistas bonaerenses presentamos un documento en el que, entre otros temas, se planteaba la necesidad de darle plena vigencia a esa norma, en particular a la cogestión obrera, institución que varios países europeos, como España, Italia y Alemania han incorporado a su legislación laboral y que el movimiento obrero argentino levantó en sus programas históricos de La Falda (1957), Huerta Grande (1962) y CGT de los Argentinos (1968).

Los grandes estudios jurídicos que asesoran a las empresas poderosas rechazan aquella participación de los trabajadores alegando que dejar inmiscuir a los asalariados en el control de los libros y socializar rentas sería intolerable e implicaría falta de seguridad jurídica.
Más allá de la superfi cialidad de este razonamiento, lo cierto es que la cogestión obrera es un instrumento que permitirá a los trabajadores ejercer un derecho que en la Argentina se ha denegado tenazmente en nombre de la libertad de empresa, el de monitorear la producción y acceder a las contabilidades.

Esa facultad en manos de los trabajadores es un arma formidable para evitar maniobras inicuas, desde la evasión en sus múltiples formas hasta la quiebra fraudulenta y otras modalidades de vaciamiento con que algunos patrones irresponsables acrecientan su riqueza personal mientras cierran fábricas y despiden trabajadores sin abonar indemnizaciones ni salarios pendientes.

Así, la reacción frente a la iniciativa del diputado Héctor Recalde de tornar operativo aquel artículo de la Carta Magna es un llamado de atención sobre la falta de solidaridad social que muestran algunos segmentos del empresariado.

La contracara es seguir avanzando cada día en la consolidación de nuevos derechos sociales y laborales, y fortaleciendo el proyecto político que lidera la Presidenta, que sitúa al trabajo, la producción y la inclusión social en el centro de sus preocupaciones y, más que nada, de sus decisiones.

* Ex secretario general y diputado nacional del Partido Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.






HOMENAJE A NÉSTOR KIRCHNER

Jorge Rivas, entrevistado por Ernesto Tenembaum

ELLOS TIENEN UN PLAN, ¡Y QUÉ PLAN!

La Marcha de la Oposición - Ignacio Copani

TN - Asunción de Jorge Rivas como diputado

AMÉRICA 24 - Rivas jura como diputado

C5N - Rivas jura como diputado

TELENOCHE - Informe sobre la recuperción de Jorge Rivas

Jorge Rivas - Documental sobre su rehabilitación - Gentileza de HadaSoft

OSCAR GONZÁLEZ EN LA CUMBRE DE LÍDERES PROGRESISTAS JUNTO A CFK- Canal 7

OSCAR GONZÁLEZ OPINA SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL - Telesur 12/08

EL SOCIALISTA OSCAR GONZÁLEZ OPINA SOBRE LA REESTATIZACIÓN DE LAS JUBILACIONES

Canal 13 - Gustavo Silvestre califica de "vergüenza" el intervencionismo de Giustiniani