Por Oscar González
La polvareda que levantaron los ajustes en la dieta de los legisladores nacionales reiteran las convicciones predemocráticas de cierto conservadorismo, ahora bajo la forma de repentina vocación igualitarista y conmiseración por los padecimientos de quienes menos ganan.
Como ya nadie sostiene –al menos, públicamente– que el ejercicio de la política debe estar reservado a una élite de caballeros liberados de prosaicas preocupaciones por su propia supervivencia, el acento se pone, por ejemplo, en la disparidad de ingresos entre representados y representantes.
Como se sabe, hasta las reformas introducidas por la Ley Sáenz Peña el Congreso de la Nación, eran patrimonio de una clase dominante. La única excepción había sido la de Alfredo Palacios.
Fueron los socialistas quienes reclamaron que los representantes del pueblo recibieran un estipendio por su labor, ya que tenían la legítima ilusión de que un obrero pudiera representar directamente a sus compañeros de clase. Y fue gracias a esa retribución o dieta que el electricista Francisco Cúneo pudo dejar momentáneamente su empleo en el ferrocarril para asumir su banca en 1914. Es la historia del primer diputado obrero, integrante de una representación socialista que llegó para enriquecer al Parlamento sin hacer lo propio con sus bolsillos.
Esa retribución legal fue la que permitió el acceso a los cuerpos legislativos de militantes y dirigentes que no contaban con fortuna personal como para permitirse el lujo de dedicarse a la política, como lo hacían hasta entonces quienes colonizaban los hemiciclos por su condición de terratenientes.
Resistida por los privilegiados, la dieta fue parte de un proceso de democratización de la política que algunos siguen lamentando, como sucedió con la supresión del voto censitario y los nuevos derechos. De quienes, en cambio, nada dicen de las astronómicas remuneraciones de muchos altos ejecutivos, de las exorbitantes remesas al exterior o el modo de repartir la carga tributaria.
Es que estos conservadores de hoy quizás piensen que el Congreso debiera alojar sólo a quienes las corporaciones puedan asegurarles sus espacios.
Publicado por Tiempo Argentino, el 17 de febrero de 2012.
