INTERVENCION DE ARIEL BASTEIRO EN EL DEBATE SOBRE RETENCIONES

EL SOCIALISMO DEFIENDE LA INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA Y LA REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA.


Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado Basteiro, quien va a compartir su tiempo con la señora diputada Merchan.


Sr. Basteiro.- Señora presidenta: hablo en nombre del bloque Encuentro Popular y Social, que integra el Partido para la Victoria, el Movimiento Libres del Sur y el Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires. Hoy recordaba un texto que encabezaba un proyecto que presentamos hace cuatro o cinco años, que dice que la tierra es un bien social, y quienes detentan la titularidad tienen una responsabilidad social que abarca la preservación de la tierra y del medio ambiente y la distribución solidaria de la riqueza que produce.

Se trataba de una iniciativa que a principios del año 2002 promovimos junto con la Federación Agraria a efectos de limitar la venta de grandes extensiones de tierra a personas físicas o jurídicas extranjeras en el territorio de la República Argentina.

En aquel momento la "sojización" estaba en pañales y recién se empezaba a percibir el conflicto que podría generarse. Junto con la Federación Agraria defendimos la necesidad de que dicho proceso no se llevase adelante porque provocaba principalmente la pérdida de mano de obra de muchos trabajadores rurales, ya que la soja emplea un trabajador cada cien hectáreas, mientras que otras producciones en algunos casos multiplican esa cifra por diez.

El pasado 26 de marzo apoyamos en este mismo recinto la resolución 125 que había dictado el Ministerio de Economía porque entendíamos que las retenciones móviles eran un instrumento más que idóneo, necesario, plausible, y que servía no sólo para profundizar la distribución de la riqueza mediante una recaudación que tuviese como objetivo principal beneficiar a los sectores más humildes con una parte de esa renta extraordinaria que hoy tiene el sector agrario, sino principalmente entendíamos que las retenciones eran un instrumento para regular la economía y subsidiar precios de productos que integran la canasta familiar, que son los que consumen vastos sectores de la población.

Durante estos casi cuatro meses mantuvimos esa postura tanto en debates con la sociedad como también con diputados de la oposición en varios lugares.

No voy a extenderme demasiado porque comparto mi tiempo con la diputada Merchan. No voy a referirme a la legitimidad, constitucionalidad y al derecho que tiene el Poder Ejecutivo para aplicar retenciones o derechos de exportación.

Durante todo este tiempo hemos sostenido que si bien el proyecto es sostenible, debemos buscarle mayores beneficios para el pequeño y mediano productor. Ese era el objetivo principal que perseguíamos desde nuestro bloque, y afortunadamente así también lo entendió el Poder Ejecutivo.

A partir de aquella resolución 125 hubo otras que la modificaron ostensiblemente. Me alegró haber escuchado al diputado Agustín Rossi, quien se refirió al dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda. Aclaro que soy integrante de esta última. Ese dictamen presenta modificaciones más que importantes de la resolución 64, que derogó la 125 y que permitió que hubiese flete para los productores que estuviesen a determinada distancia de los puertos. Además, posibilitó que se empezara a generar la recuperación de esas retenciones a través de un sistema de reintegros a los productores que tuvieran determinada cantidad de producción, en tonelaje.

Esa resolución 64 también permitió que se posibilitaran un montón de otros beneficios. Esto se logró a partir de un dictamen que discutimos con un debate extensísimo a lo largo de la última semana, que mejoró al poner el límite de producción en 750 toneladas.

También se recepcionó uno de los reclamos que hacían las organizaciones representativas de algunos sectores de la producción agropecuaria, que era facilitar y agilizar el proceso de cobro del reintegro de las retenciones.

Estaba contando que hubo no menos de 17 modificaciones desde aquella primera resolución 125. Para aquellos que decían que no había posibilidades de generar modificaciones en el tratamiento en la Cámara, con beneficios y soluciones, esto es una clara demostración de que cuando se tiene la intención y la voluntad, cuando hay buena predisposición a encontrar soluciones, las propuestas son escuchadas y pueden ser expresadas, como se lo ha hecho con este proyecto que hoy estamos debatiendo, y que seguramente terminaremos votando durante la mañana.

Esas propuestas fueron particularmente planteadas por las organizaciones del campo, o por algunas organizaciones. Esto demuestra la actitud que tuvimos para encontrar los consensos, que fueron muy difíciles de lograr. Particularmente me tocó participar y buscar soluciones, sentarme con unos y con otros para tratar de llevar el mejor proyecto que beneficiara al pequeño y mediano productor.

Todo eso fue muy difícil, porque es más fácil destruir que construir, es más fácil criticar que consensuar, es más fácil buscar el fracaso que la victoria. Hay algunos sectores políticos, que tienen intereses en juego en este tema, que con este proyecto que estamos tratando aquí en esta Cámara quieren provocar el fracaso y lograr el provecho cuando en realidad lo que tendríamos que buscar es el beneficio del conjunto del sector que teóricamente –según algunos de sus miembros- está siendo afectado.

Hemos conocido la opinión de los productores agropecuarios sobre los cambios y esta propuesta que hoy se está discutiendo en este recinto. Estamos seguros de que todo el debate sobre el tema ha servido para mejorar la iniciativa, e incluso consideramos que se puede llegar a mejorar todavía.

Desde este bloque vamos a proponer que el dictamen se modifique para que sea la AFIP el organismo encargado de abonar las compensaciones. Y esto lo sostenemos por varios motivos. El primero es que el registro fiscal de operadores de granos tiene la base de datos necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a categoría de productor, directo, arrendatario y aparcero; ubicación y superficie del inmueble rural; niveles de facturación y volúmenes de producción.

También posee el padrón de los contribuyentes que mantienen deuda líquida y exigible con el organismo; posee la documentación probatoria de la razón social, el CUIT, el CBU de los contribuyentes.

De modo que si el sistema de reintegros que conduce la AFIP funciona, por su agilidad y por la aceptación de parte de estos productores, sugerimos que sea utilizado para abonar las compensaciones, porque al intervenir un solo organismo en el manejo de los fondos públicos sería menos burocrático.

La AFIP debería incluir en la constancia de inscripción la categoría de sujeto pasible de compensación de acuerdo con los parámetros que se establezcan por volumen de producción. El exportador, acopiador o corredor de granos debe solicitar al productor o al arrendatario o aparcero la constancia de inscripción previamente a la fijación del precio de compra para conocer qué nivel de retenciones le corresponden en caso de que se establezcan varias segmentaciones.

En la liquidación debe quedar explícito el porcentaje de retención practicada y la diferencia de retenciones no practicadas, que operaría como un pago a cuenta para el exportador. De esta forma el productor estaría percibiendo el precio de venta menos la retención...

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Le informo que le quedan cuatro minutos a la diputada Merchan.

Sr. Basteiro.- De esa manera podríamos posibilitar que el sistema fuese mucho más efectivo y claro.

Aquellos que piden la suspensión de la resolución 125 tamaño favor le están haciendo a los grandes pool de siembra, esos grupos poderosos que son los que están fomentando desde atrás este conflicto. Obviamente, al suspender la resolución 125 se caerían todas las retenciones a un sector que todo el mundo reconoce que tiene una renta extraordinaria; es un beneficio directo y puro a los grandes productores, a los que por lo menos dicen que no quieren beneficiar.

Por último, en un pequeño ejercicio intelectual para ver por qué estamos votando en el sentido en que lo hacemos, voy a decir que me queda claro que si las organizaciones de trabajadores apoyan esta medida y del lado de enfrente están las cámaras empresarias; si los movimientos campesinos y los verdaderos pequeños productores entienden que esta pelea va a generar cambios profundos hacia delante y por el otro lado están los pool y las multinacionales; si las organizaciones sociales, que representan al sector más humilde de la sociedad, apoyan esta medida, mientras que del lado de enfrente están las cacerolas de teflón; si los intelectuales progresistas apoyan muchas de estas medidas mientras que del otro lado tenemos intelectuales que sí existen, que son de derecha y que obviamente se oponen a este criterio; si los intelectuales del Plan Fénix nos dijeron y explicaron los beneficios que tenía esta medida y del otro lado están los técnicos de las consultoras, no me cabe duda de que hicimos, pudimos y supimos encontrar la mejor respuesta para el pequeño productor agropecuario y por ese motivo vamos a apoyar el dictamen de mayoría.

Aplausos en las bancas y en las galerías.