A examinar a otra parte
Oscar González
Periodista, ex diputado del PS.
A propósito del arribo a nuestro país de una misión de la denominada Sociedad Interamericana de Prensa, Clarin dice en su edición de ayer: “Comienza la misión de la SIP a evaluar la libertad de prensa”. La Nación, por su parte, afirma: “Llega la SIP para auditar la libertad de expresión”.
Apelar al diccionario permite advertir que “evaluar” quiere decir “estimar, apreciar o calcular el valor de algo” y “auditar” significa “examinar la gestión económica de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo establecido por ley o costumbre”.
De acuerdo a esas definiciones de la Real Academia, la delegación que encabeza el empresario guatemalteco Gonzalo Marroquín –dueño del principal diario de su país (Prensa Libre), hermano del director de otro (La Hora), primo del titular de otro más (El Periódico)– aterrizó en Buenos Aires para “estimar, apreciar o calcular el valor” nuestra libertad de prensa, así como para “examinar” si la libertad de expresión en la Argentina “se ajusta a lo establecido por ley o costumbre”.
Tan loables objetivos, sin embargo, no pueden disimular el evidente hecho de que los protagonistas de tan filantrópica expedición no son representantes de periodista alguno, ni integrantes de ningún estamento profesional sino, simplemente, gestores del capital privado invertido en el negocio mediático.
Menos aún, estos curiosos cruzados pueden encubrir una historia muy conocida que liga esa nomenclatura empresarial con operaciones de la CIA, como lo señala, implacable, el revelador opúsculo del legendario Gregorio Selser, en su Breve Historia de la SIP. Allí, y en otros documentos posteriores, consta el rol predominante de este cartel patronal en los derrocamientos de los presidentes democráticos Jacobo Arbenz (Guatemala, 1954), Salvador Allende (Chile, 1973), Michael Manley (Jamaica, 1980), para dar sólo algunos ejemplos reveladores.
De manera que poco es lo que pueden “evaluar” o “auditar” estos turistas de la libertad de empresa.
Mejor que se dediquen a auscultar las condiciones laborales y salariales de los periodistas en sus respectivos medios y hagan lo posible por no reincidir en la oscura historia desestabilizadora de ese conglomerado empresario.
Publicado por Tiempo Argentino, Argentina, pág. 6, el 5 de mayo de 2011.
Oscar González
Periodista, ex diputado del PS.
A propósito del arribo a nuestro país de una misión de la denominada Sociedad Interamericana de Prensa, Clarin dice en su edición de ayer: “Comienza la misión de la SIP a evaluar la libertad de prensa”. La Nación, por su parte, afirma: “Llega la SIP para auditar la libertad de expresión”.
Apelar al diccionario permite advertir que “evaluar” quiere decir “estimar, apreciar o calcular el valor de algo” y “auditar” significa “examinar la gestión económica de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo establecido por ley o costumbre”.
De acuerdo a esas definiciones de la Real Academia, la delegación que encabeza el empresario guatemalteco Gonzalo Marroquín –dueño del principal diario de su país (Prensa Libre), hermano del director de otro (La Hora), primo del titular de otro más (El Periódico)– aterrizó en Buenos Aires para “estimar, apreciar o calcular el valor” nuestra libertad de prensa, así como para “examinar” si la libertad de expresión en la Argentina “se ajusta a lo establecido por ley o costumbre”.
Tan loables objetivos, sin embargo, no pueden disimular el evidente hecho de que los protagonistas de tan filantrópica expedición no son representantes de periodista alguno, ni integrantes de ningún estamento profesional sino, simplemente, gestores del capital privado invertido en el negocio mediático.
Menos aún, estos curiosos cruzados pueden encubrir una historia muy conocida que liga esa nomenclatura empresarial con operaciones de la CIA, como lo señala, implacable, el revelador opúsculo del legendario Gregorio Selser, en su Breve Historia de la SIP. Allí, y en otros documentos posteriores, consta el rol predominante de este cartel patronal en los derrocamientos de los presidentes democráticos Jacobo Arbenz (Guatemala, 1954), Salvador Allende (Chile, 1973), Michael Manley (Jamaica, 1980), para dar sólo algunos ejemplos reveladores.
De manera que poco es lo que pueden “evaluar” o “auditar” estos turistas de la libertad de empresa.
Mejor que se dediquen a auscultar las condiciones laborales y salariales de los periodistas en sus respectivos medios y hagan lo posible por no reincidir en la oscura historia desestabilizadora de ese conglomerado empresario.
Publicado por Tiempo Argentino, Argentina, pág. 6, el 5 de mayo de 2011.
