Declaración Grupo Tuñón - Iniciativa Socialista. (*)
En los últimos días los argentinos asistimos a una inesperada crisis. La protagoniza quien ha sido hasta ahora, durante cinco años y medio, Presidente del Banco Central por decisión del entonces Presidente Néstor Kirchner y ha servido a la conducción económica nacional en distintos momentos de complejas decisiones.
El más destacado de ellos, por sus semejanzas con el momento actual, fue la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional con uso de reservas. En aquella ocasión, el pago de u$s 9.530 millones redujo en un tercio las reservas internacionales argentinas, hasta u$s 18.500, pero Redrado entonces consideró que para la entidad era “nulo el impacto patrimonial” de la operación, pues se compensó con títulos del Estado nacional, según publicaba el diario Clarín el 3 de enero de 2006.
Hasta ahí las semejanzas. La creación del Fondo del Bicentenario tiene por objeto conformar una garantía frente a los compromisos que vencen en este año, garantía cuyo uso directo ni siquiera está comprometido. Por lo demás, se trata de un monto absoluto y relativo mucho menor que aquel involucrado en la operación con el FMI. Las reservas internacionales del país superarán los 40.000 millones luego de concretado el Fondo del Bicentenario.
Así las cosas, resulta evidente que Redrado, Cobos y otros dirigentes de la oposición se han confabulado, con la complicidad de la jueza Sarmiento, para montar una comedia mediática que pretende presentar ante la opinión pública la existencia de dos poderes en nuestro país. Les importa poco la amenaza de precipitar una crisis, pues aspiran a debilitar y eventualmente, voltear al gobierno democrático.
Cristina Fernández llega a este momento sin haber puesto en cuestión ante la sociedad que el Banco Central debe ser uno de los instrumentos del poder democrático para regular la economía y que no debe ser una agencia autónoma, como pretenden hacernos creer los voceros del capital financiero. La misma Carta Orgánica de la entidad debiera haber sido reformada para colocar a esta institución en la lógica del nuevo modelo de desarrollo con inclusión social que impulsa la Presidenta.
Como en otros aspectos, el kirchnerismo avanzó en transformaciones económicas y políticas contribuyentes a la reconstrucción de una república soberana. Esos cambios son los que dan legitimidad a este gobierno y a las medidas adoptadas por la Presidenta.
Pero la legislación debiera estar en consonancia con estas legítimas prerrogativas soberanas. Por tanto hay que terminar de liquidar la legislación regresiva antinacional y promonopólica sembrada durante el período liberal. La ley de entidades financieras de la dictadura, la Carta Orgánica del Banco Central adoptada por el menemismo y el sistema impositivo regresivo, constituyen obstáculos para el crecimiento y la equidad.
Confiamos que todas las fuerzas de izquierda con representación parlamentaria se definan a favor de estos cambios y aporten su voto para que estas reformas se puedan hacer. Del mismo modo instamos a que el conjunto de las fuerzas populares juegue un papel responsable en esta crisis, superando su dispersión frente a los verdaderos adversarios del pueblo y sus variantes neogolpistas.
La profundización de los cambios para consolidar el rumbo hacia la plena soberanía nacional, el crecimiento económico sustentable y una más justa distribución de la riqueza impone edificar una nueva legalidad antineoliberal y popular y también reconfigurar, adecuándola a la etapa actual, la línea de alianzas que dé sustento al proyecto popular. Amplia y generosa, pero confiable y transformadora de la realidad.
Por eso repudiamos enérgicamente la conducta tramposa y desestabilizadora de Martín Redrado, Cobos y todos los políticos que se prestan a su provocación. Defender la autarquía del Banco Central es defender la sujeción de semejante resorte decisivo al poder trasnacional; no defender los intereses populares ni las instituciones democráticas. Por la Reforma Financiera, la de la Carta Orgánica del Banco Central y la Reforma Impositiva.
(*) Declaración pública emitida en Buenos Aires el 11 de enero de 2010.
El más destacado de ellos, por sus semejanzas con el momento actual, fue la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional con uso de reservas. En aquella ocasión, el pago de u$s 9.530 millones redujo en un tercio las reservas internacionales argentinas, hasta u$s 18.500, pero Redrado entonces consideró que para la entidad era “nulo el impacto patrimonial” de la operación, pues se compensó con títulos del Estado nacional, según publicaba el diario Clarín el 3 de enero de 2006.
Hasta ahí las semejanzas. La creación del Fondo del Bicentenario tiene por objeto conformar una garantía frente a los compromisos que vencen en este año, garantía cuyo uso directo ni siquiera está comprometido. Por lo demás, se trata de un monto absoluto y relativo mucho menor que aquel involucrado en la operación con el FMI. Las reservas internacionales del país superarán los 40.000 millones luego de concretado el Fondo del Bicentenario.
Así las cosas, resulta evidente que Redrado, Cobos y otros dirigentes de la oposición se han confabulado, con la complicidad de la jueza Sarmiento, para montar una comedia mediática que pretende presentar ante la opinión pública la existencia de dos poderes en nuestro país. Les importa poco la amenaza de precipitar una crisis, pues aspiran a debilitar y eventualmente, voltear al gobierno democrático.
Cristina Fernández llega a este momento sin haber puesto en cuestión ante la sociedad que el Banco Central debe ser uno de los instrumentos del poder democrático para regular la economía y que no debe ser una agencia autónoma, como pretenden hacernos creer los voceros del capital financiero. La misma Carta Orgánica de la entidad debiera haber sido reformada para colocar a esta institución en la lógica del nuevo modelo de desarrollo con inclusión social que impulsa la Presidenta.
Como en otros aspectos, el kirchnerismo avanzó en transformaciones económicas y políticas contribuyentes a la reconstrucción de una república soberana. Esos cambios son los que dan legitimidad a este gobierno y a las medidas adoptadas por la Presidenta.
Pero la legislación debiera estar en consonancia con estas legítimas prerrogativas soberanas. Por tanto hay que terminar de liquidar la legislación regresiva antinacional y promonopólica sembrada durante el período liberal. La ley de entidades financieras de la dictadura, la Carta Orgánica del Banco Central adoptada por el menemismo y el sistema impositivo regresivo, constituyen obstáculos para el crecimiento y la equidad.
Confiamos que todas las fuerzas de izquierda con representación parlamentaria se definan a favor de estos cambios y aporten su voto para que estas reformas se puedan hacer. Del mismo modo instamos a que el conjunto de las fuerzas populares juegue un papel responsable en esta crisis, superando su dispersión frente a los verdaderos adversarios del pueblo y sus variantes neogolpistas.
La profundización de los cambios para consolidar el rumbo hacia la plena soberanía nacional, el crecimiento económico sustentable y una más justa distribución de la riqueza impone edificar una nueva legalidad antineoliberal y popular y también reconfigurar, adecuándola a la etapa actual, la línea de alianzas que dé sustento al proyecto popular. Amplia y generosa, pero confiable y transformadora de la realidad.
Por eso repudiamos enérgicamente la conducta tramposa y desestabilizadora de Martín Redrado, Cobos y todos los políticos que se prestan a su provocación. Defender la autarquía del Banco Central es defender la sujeción de semejante resorte decisivo al poder trasnacional; no defender los intereses populares ni las instituciones democráticas. Por la Reforma Financiera, la de la Carta Orgánica del Banco Central y la Reforma Impositiva.
(*) Declaración pública emitida en Buenos Aires el 11 de enero de 2010.
