HACER OPERATIVA UNA CLÁUSULA CLAVE DE LA CONSTITUCIÓN

14 bis


Buenos Aires, 22 de agosto (Télam).- El reconocimiento a los
derechos sociales, que surgen en la posguerra gracias a la larga
lucha de los trabajadores industriales, fue un avance decisivo que
adquirió status constitucional en muchos países, empezando por las
diversas formas europeas de Estado Social, que admitieron que es
deber del Estado garantizar el derecho al trabajo y a un salario
digno, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la jubilación
y, en general, a la protección social en casos de necesidad. Más
tarde se incorporarían el acceso a la cultura y a un ambiente sano
como parte de ellos.
No obstante, tales derechos, pese a que fueron reconocidos no
sólo por las legislaciones nacionales sino también por los
tratados internacionales, han sido siempre de difícil
cumplimiento, y en la década del 90, bajo la hegemonía mundial del
capital financiero, hubo retrocesos importantes que transformaron
esos enunciados en letra muerta, como sucedió en nuestro país bajo
el menemismo, cuando la llamada flexibilización laboral abolió
conquistas obreras de larga data.
El historiador inglés Eric Hobsbawm sostiene que "el mercado
libre no existe, ya que el mercado expresa siempre la correlación
de fuerzas imperante entre éste, el Estado y la sociedad civil".
En este aserto está la clave de la precaria vigencia de los
derechos sociales, cuya concreción depende siempre de cuán
autónomo sea el Estado, y por tanto el gobierno de turno, de las
enormes presiones del mercado.
En las naciones de desarrollo incipiente y en los llamados
países emergentes, como el nuestro, ésta disputa se acentúa y la
efectividad de estos derechos está sometida a los vaivenes de las
políticas públicas de redistribución del ingreso de los sucesivos
gobiernos.
Es el caso del sistema previsional, privatizado en 1993 por
Carlos Menem, que volvió al sistema solidario en febrero de 2007.
En la Argentina, el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, originado en la reforma de 1949 y recogido después por
la de 1957, establece la responsabilidad del Estado de garantizar
un conjunto de derechos laborales y sociales, entre los cuales
incorpora la cogestión obrera, que implica la participación de los
trabajadores en las ganancias de las empresas, el control obrero
de la producción y su colaboración en la dirección.
Precisamente, en el marco del diálogo político convocado por
el gobierno, la semana que pasó, los socialistas presentamos un
documento de 14 puntos en el que, entre otros temas, se plantea la
necesidad de darle plena operatividad a los derechos enunciados
por el artículo 14 bis, en particular la cogestión obrera en las
empresas, algo que varios países europeos, como España, Italia y
Alemania han incorporado a su legislación laboral.
Los grandes estudios argentinos que asesoran al empresariado
rechazan la cogestión y la participación de los trabajadores en
las ganancias de las empresas argumentando que ello implicaría la
meneada falta de seguridad jurídica y argumentan en su favor que
los fallos de los juzgados laborales tienden a resolver las
controversias a favor de los empleados.
Más allá de la superficialidad de este razonamiento, lo cierto
es que la cogestión obrera no es sólo un instrumento formidable
para dar cumplimiento al mandato constitucional, sino que permite
a los trabajadores ejercer un derecho que en la Argentina se ha
denegado tenazmente en nombre de la libertad de empresa, el de
monitorear la producción y evitar maniobras inicuas, desde la
evasión en sus diversos tipos hasta la quiebra fraudulenta, con
empresarios que acrecientan su riqueza personal mientras cierran
fábricas y despiden trabajadores sin pagarles no sólo sus
indemnizaciones sino meses de salarios atrasados.
Ese perverso mecanismo ha conducido a que decenas de grupos de
trabajadores se vean forzados a protagonizar el fenómeno de las
empresas recuperadas.
Si olvidar que la pugna por estos derechos, como todos los que
implican redistribuir la riqueza, provoca desmedidas reacciones de
los grandes grupos de poder resistentes a ceder privilegios, como
está ocurriendo con el empresariado agropecuario, lo innegable es
que la lucha por mejorar sustancialmente las condiciones de vida y
de trabajo de los que menos tienen contribuye decisivamente a
fortalecer un proyecto que, como el que sostenemos, sitúa el
trabajo, la producción y la inclusión social en el centro no sólo
de sus preocupaciones sino, sobre todo, de sus decisiones.

El autor es dirigente y ex secretario general del Partido
Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno
nacional. (Télam)