El antikirchnerismo termina un año parlamentario con pésimos resultados
Por Felipe Yapur/ Tiempo Argentino
Durante los primeros días de marzo, el flamante Grupo A, con Carrió a la cabeza, buscó frenar y derogar el DNU que autorizaba al Ejecutivo a pagar deuda con reservas. Fue el primer fracaso. El último, las falsas denuncias de soborno.
De acuerdo a la formalidad burocrática que tiene el Congreso Nacional, este fue el período de sesiones 128. Nueve meses de duración tiene y sobresalió por dos detalles importantes. Por un lado,la oposición se quedó con el control de las cámaras, al menos en lo numérico. A pesar de aquella ventaja y desde el retorno de la democracia, fue el peor año en cuanto a producción de leyes. Si de responsabilidades se trata, el Grupo A cubre este casillero sin fisuras, desde su ala derecha hasta sus expresiones de centroizquierda. Tal vez la principal razón de este escenario se enmarca en el único objetivo que aglutinó a fuerzas tan disímiles: el furioso y enceguecido antikirchnerismo.
Entre las principales caras de esta pésima producción y fracaso político opositor resaltan las cívicas Elisa Carrió y Patricia Bullrich, los radicales Oscar Aguad y Silvana Giudici. También se inscriben el líder de Proyecto Sur, Fernando Solanas y el jefe de los macristas Federico Pinedo, entre otros, por la Cámara Baja. En el Senado, los más representativos del fracaso son los radicales Gerardo Morales, Ernesto Sanz, los peronistas conservadores Adolfo Rodríguez Saá y Juan Carlos Romero, el cordobés Luis Juez y la cívica María Eugenia Estensoro.
El debut opositor en Diputados no fue muy halagüeño. Durante los primeros días de marzo, el flamante Grupo A, con Elisa Carrió como conductora, buscó frenar y derogar el DNU que creaba el Fondo de Desendeudamiento y que autorizaba al Ejecutivo a pagar deuda con reservas. Una sucesión de sesiones especiales fracasadas por la ausencia de legisladores opositores llevó a que Carrió, casi fuera de si, acusara a todos sus colegas de ser “funcionales al kirchnerismo”. Los dardos iban directos al jefe de los radicales, Aguad, pero también a referentes como Solanas: “Es una vergüenza que una Cámara con mayoría de la oposición, por problemas del radicalismo, la centroizquierda o lo que se llame, no pueda sesionar.”
Si bien consiguieron frenar el DNU, igual se transformó en el primer gran fracaso. Para rechazar por completo el decreto, debían hacer los mismo los senadores, pero el tema se saldó con un proyecto de ley que presentó el senador Carlos Verna (PJ conservador), que obtuvo media sanción, anuló el intento opositor y generó la primera crisis en el Grupo A del Senado.
Si bien jamás ninguno de los representantes opositores reconoció públicamente su intención, lo cierto es que buena parte de los proyectos impulsados no tenía otro objetivo que desfinanciar el Estado, y para ello la ANSES fue el blanco preferido. El proyecto que modificaba la coparticipación del impuesto al cheque, donde un 15% se destina a la institución y que ceden las provincias, fue debatido en el Senado. Como toda ley que implica modificar impuestos, se requería una mayoría especial para ser aprobada. Fue el mismo Verna el que pergeñó una salida. Como se restituía un porcentaje a las provincias no había tal modificación, ergo se le dio media sanción con dos votos menos de lo que exige la Constitución. Fue una victoria pírrica. En Diputados no prosperó, ni siquiera Carrió se animó a forzar la lectura de la Carta Magna y el proyecto junta polvo en algún cajón de la Cámara de Diputados.
En la búsqueda por desfinanciar al Estado, se inscribía en la lista de leyes de la oposición la modificación de las retenciones al agro. Todo hacía prever, al menos en Diputados, que iba a ser uno de los seguros triunfos del Grupo A. Una docena de agrodiputados obraba como garantía, pero el hecho de provenir de distintas organizaciones patronales del campo, a la que se le sumó la mejora del precio internacional de la soja, terminó jugando como un elemento disgregador que impidió siquiera tener un dictamen común. El representante de la Confederaciones Rurales, el radical Ricardo Buryaile, logró imponer su proyecto de retenciones cero a la soja por sobre el de sus correligionarios de la Federación Agraria, que las segmentaban sin hacerlas desaparecer. El año parlamentario terminó y una de las promesas de la oposición ni siquiera vio la luz del recinto de Diputados.
Tal vez el fracaso más estruendoso fue, paradójicamente, la única ley de peso que lograron sancionar: el incremento de las jubilaciones al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Esta iniciativa encontró al Grupo A ya en una etapa de fractura más explícita. Se expresó en los dos dictámenes que se pusieron en debate. Carrió, Bullrich, Giudici, Aguad y Pinedo, encabezaron el que subía las jubilaciones sin siquiera dar pistas de dónde se obtendrían los fondos. Proyecto Sur con Claudio Lozano, impulsó otro similar pero restituyendo aportes patronales para justificar la suba. Radicales, macristas y cívicos impusieron su dictamen. La noche del 13 de octubre se debatió en el Senado. El escenario se pareció mucho al de la noche de la 125, y es que Julio Cobos tuvo que desempatar y volvió a votar en contra del gobierno. Dos días después, la presidenta Cristina Fernández vetó la norma sin siquiera quejas de las organizaciones que aglutinan a los jubilados.
El último papelón sucedió esta semana, cuando dejaron sin Ley de Presupuesto al gobierno nacional. No hubo más, porque se terminó el año.
