Merece destacarse el rol relevante del Congreso, que aún puede mejorar.
Por Oscar González *
A mitad de año, cuando el prolongado conflicto con los rentistas agrarios que rechazaban la Resolución 125 sobre retenciones móviles a la exportación de soja parecía haber llegado a un punto muerto, y la presidenta Cristina Fernández decidió remitir la medida al Congreso de la Nación para su tratamiento, el Poder Legislativo recuperó un rol relevante en la vida institucional del país.
El gesto del Gobierno, si bien colisionó con la grave situación política creada por la inobservancia cívica del vicepresidente no positivo, significó sin embargo un salto de calidad en el proceso de toma de decisiones. Así, la asonada de los ruralistas del privilegio y sus esfuerzos por instalar un clima destituyente, como lo definieron con precisión los intelectuales del colectivo Carta Abierta, tuvieron el paradójico efecto de que la división de poderes que establece la Constitución se revitalizara.
En el tratamiento del proyecto que incluía las retenciones móviles, la bancada mayoritaria se abrió a una práctica edificante que había caído en relativo desuso: la de negociar con sus aliados más o menos cercanos y aun con opositores por momentos encarnizados, modificaciones al texto enviado por el Poder Ejecutivo. La búsqueda de acuerdos, tanto como la flexibilidad para aceptar reparos, condujo al éxito en Diputados, aunque no fue suficiente, como se sabe, en el Senado.
No obstante aquella frustración, el Gobierno siguió privilegiando el debate parlamentario y en dos casos emblemáticos por lo que implican en cuanto al modelo económico sostenido por el Ejecutivo –la recuperación de Aerolíneas Argentinas y la eliminación de la jubilación privada que sólo beneficiaba a las Afjp– ese procedimiento permitió la construcción de convergencias puntuales expresadas en cómodas mayorías. En otras palabras, un mecanismo genuino y típico de aceitados regímenes políticos a los que la oposición local no se atrevería a exigirles mayor calidad institucional.
La crisis internacional, primero financiera y después económica, que estalló en el corazón del sistema capitalista, y la consiguiente conveniencia de adoptar con rapidez medidas protectoras para la economía nacional no apartaron a la Presidenta de la decisión de someter sus iniciativas al libre debate de las cámaras. Así, aun en la premura, el Ejecutivo no eludió someter el conjunto de iniciativas conocido como paquete anticrisis al itinerario parlamentario, y obtuvo no sólo un apoyo mayoritario en varios de sus componentes, sino incluso algunas unanimidades que parecieran prefigurar cierta madurez del sistema político.
Pero más allá del rumbo en el que persevera el Gobierno nacional, convencido de que el Congreso debe desempeñar en plenitud su condición de ámbito privilegiado para la resolución democrática de los grandes debates, es visible la carencia de una oposición generadora de proyectos alternativos, iniciativas que la democracia no desdeñaría porque de la intersección de opciones diversas surgen muchas veces determinaciones superadoras.
Una oposición que carece de variantes. Esta falta de variantes quizá se deba a que en la secuencia que va desde la caída de la convertibilidad y el fracaso del Consenso de Washington hasta la debacle del capitalismo global la derecha local perdió buena parte de su bagaje argumental y, salvo los economistas a sueldo de los centros financieros, ya nadie se atreve a defender abiertamente el catálogo de reformas de mercado hegemónico durante los ’90. Un discurso que reivindicara la prescindencia del Estado no ganaría un solo adepto por fuera del establishment.
Devaluado su recetario económico, la derecha se arremolina en torno de otras banderas que agita ocasionalmente, cuando los medios de comunicación–más opositores que críticos– lo consignan en su agenda. De entre ellas, la más socorrida es la de la inseguridad, apoyada en la pulsión del miedo y que siempre redunda en el facilismo de debatir aisladamente de todo contexto la imputabilidad penal de los menores o temas igualmente inconexos.
Otras veces, mientras descalifica –a veces con palabras agraviantes– a las autoridades mandatadas por la soberanía popular, alguna oposición argumenta la falta de diálogo e inclusive la intolerancia oficial. Poco parece importar que, en realidad, tales atributos hayan acompañado durante todo el año que termina a las más conspicuas expresiones de la propia derecha, incluso en el discurso parlamentario, repleto de injurias, acusaciones altisonantes y afirmaciones temerarias.
El resultado es paradojal: la impotencia de la oposición para ofrecer alternativas creíbles y su actitud usualmente obstruccionista –ya que, salvo excepciones, no aporta a la síntesis superadora–, debilita al afianzamiento del Congreso como la arena en la que confrontan y se elaboran las mejores normas que delinean el curso de las políticas públicas.
A pesar de ello, parece difícil encontrar otro período en la historia reciente en el que el Parlamento se haya convertido en un protagonista tan importante de la vida nacional como durante el año que concluye. Aunque para algunos sea modesto, es un dato relevante que merece destacarse y nos compromete a todos a seguir trabajando en el perfeccionamiento de las instituciones de la república democrática.
*Dirigente del PS- Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete.
Buenos Aires, lunes 22 de diciembre de 2008 / ElArgentinoDigital.com
