La pataleta del señor Méndez
Por Oscar González / El Argentino
La disparatada reacción del titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, ante la sola enunciación de que se pondría en discusión la puesta en marcha de una disposición constitucional que data de hace 53 años, refleja el arcaísmo que todavía habita en ciertos empresarios.
Reacios al reconocimiento de nuevos derechos sociales, obstinados exclusivamente en incrementar su tasa de ganancia, desdeñosos sobre el rol del Estado salvo cuando requieren del subsidio salvador, algunos industriales que debieran por oficio apegarse a los avances y la innovación, protagonizan pataletas macartistas y avizoran horrorizados que vamos a convertirnos en “otra Cuba”.
La iniciativa de hacer operativo el artículo 14 bis de la Constitución, inspirado en la reforma de 1949 y recogido por el texto de 1957 no hace sino establecer la responsabilidad del Estado en garantizar un conjunto de derechos laborales y sociales, entre los cuales incorpora la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, el control obrero de la producción y su colaboración en la dirección.
Precisamente, en el marco del diálogo político convocado por el Gobierno, el año pasado, los socialistas bonaerenses presentamos un documento en el que, entre otros temas, se planteaba la necesidad de darle plena vigencia a esa norma, en particular a la cogestión obrera, institución que varios países europeos, como España, Italia y Alemania han incorporado a su legislación laboral y que el movimiento obrero argentino levantó en sus programas históricos de La Falda (1957), Huerta Grande (1962) y CGT de los Argentinos (1968).
Los grandes estudios jurídicos que asesoran a las empresas poderosas rechazan aquella participación de los trabajadores alegando que dejar inmiscuir a los asalariados en el control de los libros y socializar rentas sería intolerable e implicaría falta de seguridad jurídica.
Más allá de la superfi cialidad de este razonamiento, lo cierto es que la cogestión obrera es un instrumento que permitirá a los trabajadores ejercer un derecho que en la Argentina se ha denegado tenazmente en nombre de la libertad de empresa, el de monitorear la producción y acceder a las contabilidades.
Esa facultad en manos de los trabajadores es un arma formidable para evitar maniobras inicuas, desde la evasión en sus múltiples formas hasta la quiebra fraudulenta y otras modalidades de vaciamiento con que algunos patrones irresponsables acrecientan su riqueza personal mientras cierran fábricas y despiden trabajadores sin abonar indemnizaciones ni salarios pendientes.
Así, la reacción frente a la iniciativa del diputado Héctor Recalde de tornar operativo aquel artículo de la Carta Magna es un llamado de atención sobre la falta de solidaridad social que muestran algunos segmentos del empresariado.
La contracara es seguir avanzando cada día en la consolidación de nuevos derechos sociales y laborales, y fortaleciendo el proyecto político que lidera la Presidenta, que sitúa al trabajo, la producción y la inclusión social en el centro de sus preocupaciones y, más que nada, de sus decisiones.
* Ex secretario general y diputado nacional del Partido Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.
Por Oscar González / El Argentino
La disparatada reacción del titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, ante la sola enunciación de que se pondría en discusión la puesta en marcha de una disposición constitucional que data de hace 53 años, refleja el arcaísmo que todavía habita en ciertos empresarios.
Reacios al reconocimiento de nuevos derechos sociales, obstinados exclusivamente en incrementar su tasa de ganancia, desdeñosos sobre el rol del Estado salvo cuando requieren del subsidio salvador, algunos industriales que debieran por oficio apegarse a los avances y la innovación, protagonizan pataletas macartistas y avizoran horrorizados que vamos a convertirnos en “otra Cuba”.
La iniciativa de hacer operativo el artículo 14 bis de la Constitución, inspirado en la reforma de 1949 y recogido por el texto de 1957 no hace sino establecer la responsabilidad del Estado en garantizar un conjunto de derechos laborales y sociales, entre los cuales incorpora la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, el control obrero de la producción y su colaboración en la dirección.
Precisamente, en el marco del diálogo político convocado por el Gobierno, el año pasado, los socialistas bonaerenses presentamos un documento en el que, entre otros temas, se planteaba la necesidad de darle plena vigencia a esa norma, en particular a la cogestión obrera, institución que varios países europeos, como España, Italia y Alemania han incorporado a su legislación laboral y que el movimiento obrero argentino levantó en sus programas históricos de La Falda (1957), Huerta Grande (1962) y CGT de los Argentinos (1968).
Los grandes estudios jurídicos que asesoran a las empresas poderosas rechazan aquella participación de los trabajadores alegando que dejar inmiscuir a los asalariados en el control de los libros y socializar rentas sería intolerable e implicaría falta de seguridad jurídica.
Más allá de la superfi cialidad de este razonamiento, lo cierto es que la cogestión obrera es un instrumento que permitirá a los trabajadores ejercer un derecho que en la Argentina se ha denegado tenazmente en nombre de la libertad de empresa, el de monitorear la producción y acceder a las contabilidades.
Esa facultad en manos de los trabajadores es un arma formidable para evitar maniobras inicuas, desde la evasión en sus múltiples formas hasta la quiebra fraudulenta y otras modalidades de vaciamiento con que algunos patrones irresponsables acrecientan su riqueza personal mientras cierran fábricas y despiden trabajadores sin abonar indemnizaciones ni salarios pendientes.
Así, la reacción frente a la iniciativa del diputado Héctor Recalde de tornar operativo aquel artículo de la Carta Magna es un llamado de atención sobre la falta de solidaridad social que muestran algunos segmentos del empresariado.
La contracara es seguir avanzando cada día en la consolidación de nuevos derechos sociales y laborales, y fortaleciendo el proyecto político que lidera la Presidenta, que sitúa al trabajo, la producción y la inclusión social en el centro de sus preocupaciones y, más que nada, de sus decisiones.
* Ex secretario general y diputado nacional del Partido Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.
