igualdad

El Ingreso Ciudadano.
Renta Básica ante la crisis económica y los ataques a los derechos sociales y laborales

Una reflexión desde Argentina, México y España.

Por Rubén M. Lo Vuolo * - Daniel Raventós ** - Pablo Yanes ***

Revista Sin Permiso

La crisis económica no ha terminado, pero las consecuencias para amplios sectores de la población ya hace meses que son evidentes: mayor pobreza, aumento del desempleo, peores condiciones laborales, reducciones de los salarios y de los beneficios de los seguros sociales. El informe del FMI y de la OIT editado en septiembre especifica que son 30 millones los nuevos parados en el mundo desde que se manifestó la crisis, de los cuales casi el 10% ha sido aportado por la economía del Reino de España. Esta crisis es el resultado de un período previo de crecimiento impulsado por la financiarización del capital y una marcada evidencia regresiva en la distribución de los ingresos y de la riqueza. En la Unión Europea de los15, mero ejemplo, las rentas del trabajo han pasado a representar en la actualidad un 56% de la renta nacional cuando pocos lustros antes su peso era de casi el 70%; en América Latina, incluso con posterioridad a la leve mejora por el crecimiento en algunos países durante la última década, los registros de participación de la masa salarial están muy por debajo de esas cifras, y los índices de Gini siguen mostrando que es la región más desigual del planeta. Este aumento expedito en la desigualdad consolida una tendencia que uno de los hombres más acaudalados del mundo, Warren Buffett, describió en el año 2006 de una forma muy gráfica: "Si EEUU está viviendo una guerra de clases, la mía está ganando claramente". Con la crisis que explotó en el año 2008 ciertos ricos han perdido algún dinero, pero los trabajadores formales, los informales y precarios, tan importantes en América Latina y cuyo número es creciente en los países del sur de Europa, han visto deteriorarse aún más sus condiciones de vida y de trabajo. Los rescates financieros emprendidos por muchos gobiernos han favorecido, nuevamente, a los más ricos y a quienes cargan con la mayor responsabilidad de la crisis.

En América Latina, la crisis frenó un ciclo de crecimiento alentado por la mejora de los términos del intercambio y fuertes ajustes macroeconómicos con posterioridad a la frustrante experiencia de las políticas de apertura y liberalización económica de los años noventa. La recuperación económica que muestran algunos países latinoamericanos en los últimos meses (como Argentina, Brasil y Uruguay), junto con la de economías llamadas "emergentes" (como China e India) recrea en algunos la ilusión de una nueva fase de crecimiento y generación de empleo en la región y de un reacomodo positivo de la economía mundial. Sin embargo, sería un error confundir el diagnóstico. Más allá de las diferentes coyunturas, estamos frente a una crisis global, originada en el centro mismo de las potencias capitalistas y que revela las contradicciones profundas y la inviabilidad de un régimen de acumulación basado en la desvalorización de la fuerza de trabajo, la precarización laboral, la concentración inmensa de la riqueza, la mercantilización de la naturaleza y de todas las relaciones sociales. Este régimen de acumulación ha llevado a escala planetaria la profunda incompatibilidad entre producción global sin consumo global, y entre el modelo de crecimiento hasta ahora desarrollado y la preservación del medio ambiente y la reproducción de la vida misma. Es la primera crisis global de sobreproducción de mercancías en la que ya asoma el riesgo de la deflación, de la tendencia al estancamiento de largo plazo y, en el mejor de los casos, de esporádicas fases de recuperación de crecimiento económico que no estará en condiciones de generar empleo en la cantidad y calidad requerida para garantizar el bienestar de la mayoría de la población. Esto es: podemos estar atrapados en un ciclo económico largo dominado por crisis duras y recuperaciones blandas.

La responsabilidad de la crisis es claramente atribuible a los encargados del manejo del capital (especialmente del capital financiero), incluyendo a sus propietarios, sus administradores y a los funcionarios del Estado responsables de su control y regulación. Sin embargo, estos responsables vuelven a lanzar una nueva ofensiva contra el mundo del trabajo y los derechos sociales. Así, en el seno mismo de la Unión Europea se lanzan medidas llamadas de "austeridad" y que significan de forma práctica ajustes de consumo y de pérdida de beneficios sociales y laborales para los trabajadores y los sectores populares. Estas recetas de ajuste fueron frecuentes en décadas recientes en América Latina, y sus consecuencias han sido nefastas para el bienestar de la población más vulnerable y para la estabilidad del sistema económico, político y social. Pese a ello, hoy se adoptan en muchos países de Europa con el objetivo principal de rescatar a los bancos y recomponer los mecanismos de especulación financiera, con la esperanza que así se relance un nuevo ciclo de crecimiento liderado por las finanzas. En la reunión del pasado 10 de mayo del ECOFIN, el BCE y el FMI, un banquero británico empleó una buena expresión para definir los planes de austeridad: "Es más fácil vender dicho plan diciendo que debe servir para salvar a Grecia, a España y a Portugal, que confesar que debe ante todo salvar y ayudar a los bancos". Los planes de austeridad presupuestaria puestos en marcha para paliar los déficits públicos son, efectivamente, un ataque de enorme envergadura contra las condiciones de vida y trabajo de las clases trabajadoras y contra los regímenes de Estado de Bienestar surgidos después de la Segunda Guerra mundial. De este modo, la crisis generada por la irresponsabilidad de los administradores del capital, se vuelve un pretexto adicional para justificar políticas que imponen fuertes ajustes sobre las remuneraciones de los trabajadores, tanto las derivadas del empleo como de los sistemas de protección social. La excusa de la urgencia de la recuperación de la competitividad y del crecimiento económico (en la Unión Europea el gran pretexto es "salvar la zona euro") se utiliza así para degradar las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables.

Frente a esta situación, algunos pretenden que se trata de una crisis pasajera originada en supuestas "imperfecciones" de los mercados financieros y que se ha de superar con algunas correcciones regulatorias (que, además, siguen sin aparecer en la dimensión requerida). Por el contrario, es evidente que se trata de la emergencia de problemas estructurales del modo de organización de las sociedades contemporáneas que hace tiempo vienen manifestándose y que previsiblemente continuarán por largo tiempo, aún con cortos períodos de recuperación del crecimiento económico. Lo que está en crisis es el mito del crecimiento económico permanente y de la generación de empleo de calidad como forma de garantizar la integración económica y social de toda la ciudadanía. La presente situación coloca un fuerte interrogante sobre la capacidad del actual régimen de acumulación capitalista de ofrecer razonablemente un horizonte en el que sea material y políticamente posible el desarrollo basado en un esquema de pleno empleo para mujeres y hombres. Y, en consecuencia, de que sea el empleo, el trabajo asalariado propiamente dicho, la llave maestra o el camino único para el acceso a los derechos sociales, a la movilidad social y al bienestar de las personas.

Una manifestación clara de estos problemas estructurales es que la aparente solución de la crisis lleva a ampliar las "brechas" entre los derechos normados y que debería gozar la ciudadanía según las constituciones y las leyes, y aquellos de los que efectivamente goza. Estas brechas alientan la hipocresía, el miedo y las actitudes sectarias de todo tipo, pudiendo degenerar en resignación e impotencia manipulables por grupos de la extrema derecha. La soberanía democrática de los pueblos está bien cerca de verse definitivamente burlada por los intereses de grupos privados que operan a través de "los mercados", presionando así sobre la incapacidad de la dirigencia política de aplicar programas de gobierno que hagan prevalecer el interés público y de allí hacer efectivos los derechos de sus representados. En palabras del que fue presidente de EEUU, F.D. Roosevelt, con motivo del discurso sobre el estado de la nación de 1935 y que sirven perfectamente para describir la actual situación: "Es preciso deshacerse de esa concepción de la adquisición de la riqueza que, a través de la obtención de beneficios excesivos, genera un desproporcionado poder privado que habilita a unos cuantos para interferir en los asuntos privados y, para nuestra desgracia, también en los asuntos públicos".

Estos y otros elementos deberían motivar la necesidad de pensar nuevos principios de organización de las sociedades contemporáneas. En este ineludible rediseño de nuestras sociedades, cada vez es más imprescindible que el acceso a los derechos sociales deje de operar por status diferenciados para transformarse en derechos de ciudadanía, en derechos de las personas por el mero hecho de existir. Esto es, que dejen de ser derechos intermediados, segmentados, condicionados y recortados, por ejemplo, por la volátil, transitoria y desigual posición de cada persona en el cada vez más precario mercado laboral.

Por estas entre otras razones, somos defensores de la propuesta conocida en América Latina como Ingreso Ciudadano (IC) y en Europa como Renta Básica (RB). Esta propuesta, que hace tiempo viene siendo defendida en ámbitos geográficos muy diferentes, tiene ya partidarios organizados en Europa, América, Asia, África y Oceanía. Su postulado es simple: toda la ciudadanía y las personas con residencia acreditada tienen derecho a gozar de un ingreso monetario incondicional, universal e integrado en un sistema tributario progresivo. Somos de la opinión que el IC-RB es la base para la reorganización estructural de las políticas públicas. Estamos convencidos que el IC-RB es una propuesta conveniente en situaciones de bonanza económica, pero aún es más necesaria en situaciones de crisis económica y de ataque a las condiciones de vida y trabajo de gran parte de la población como la que estamos viviendo. Entre otras, se pueden destacar las siguientes razones:

1) La pérdida involuntaria del empleo provoca una situación de gran inseguridad económica y vital. Perder el puesto de trabajo, pero disponer de un IC-RB supondría afrontar la situación de forma menos angustiosa. Esta característica obvia del IC-RB sirve para cualquier coyuntura económica. En una de crisis, en donde la cantidad de desempleo es mucho mayor y más prolongada, el acceso a un IC-RB cobra mayor importancia social. Más aún con la creciente debilidad o directa inexistencia de seguros de desempleo amplios y de larga duración. Tomemos nota de que si las relaciones laborales se rigieron durante muchos años por empleo prolongado y desempleo cíclico o friccional, hoy lo que es transitorio e inestable es el empleo mismo (y sobre todo el empleo de calidad).

2) Si en un marco de debilitamiento de los instrumentos de organización y representación de la clase trabajadora, sumamos los impactos negativos del desempleo, la precariedad laboral y los ajustes en los Estados de Bienestar, el resultado es que cada vez son más los trabajadores y trabajadoras que quedan sin representación sindical. El IC-RB podría cumplir un papel muy importante en la recomposición del interés colectivo de la clase trabajadora y en las luchas de resistencia tanto para quienes cuentan con representación organizada como para quienes están mal librados a una lucha personal. Ello posibilitaría reconstruir la identidad trabajadora en un escenario de creciente fragmentación laboral, habilitando nuevas formas de asociación y representación de los intereses cada vez más divididos de la clase trabajadora. En la crisis se puede observar perfectamente que el IC-RB no es una alternativa sustitutiva del salario y no debilita la defensa de los intereses de la clase trabajadora, sino que aparece como un instrumento que fortalece la posición de toda la fuerza de trabajo tanto en el mismo puesto de empleo como en la propia búsqueda de ocupación. El IC-RB permitiría unificar la lucha de la clase trabajadora en torno a un derecho universal que beneficiaría a buena parte de la ciudadanía no importa cuál fuera la situación de su actividad específica, al tiempo que daría mucho más aire para resistir los ajustes sobre las condiciones de trabajo o sobre el propio nivel de empleo. Además, el IC-RB supondría, en caso de huelgas, una especie de caja de resistencia incondicional cuyos efectos para el fortalecimiento del poder de negociación de trabajadoras y trabajadores son fáciles de evaluar. La disponibilidad de un IC-RB permitiría afrontar el conflicto laboral de una forma mucho menos insegura: al día de hoy, dependiendo de los días de huelga, los salarios pueden llegar a reducirse de forma difícilmente soportable si, como acostumbra a ocurrir para la inmensa mayoría de la clase trabajadora, no se dispone de otros recursos.

3) También el IC-RB posibilitaría la reducción del riesgo a las personas que hubieran emprendido proyectos de auto-ocupación. En ese sentido, el IC-RB sería más eficiente que los micro-créditos para estimular la creación de micro-empresas y de cooperativas, porque significaría un ingreso estable, permanente y que no genera deuda (ni intereses usurarios). En una situación de crisis económica como la actual, el IC-RB, además de suponer un instrumento que facilitaría las tareas de auto-ocupación, incluso la organización cooperativa de sus beneficiarios, representaría una mayor garantía para poder hacer frente, aunque fuera parcialmente, a quienes no tuvieran éxito con su pequeño negocio.

4) Una de las consecuencias más señaladas del IC-RB sería la gran mitigación de la pobreza. Inclusive permitiría de manera realista plantearse su efectiva erradicación. No sólo posibilitaría sacar a millones de personas de la pobreza, sino que construiría un soporte de protección para no recaer en ella. Por primera vez podría tenerse una política activa contra la pobreza con una dimensión preventiva y así se superaría la impotencia de las actuales políticas de transferencias monetarias focalizadas condicionadas que existen por toda América Latina y otros países en vías de desarrollo. Algunos pretenden que estos programas son un primer paso en la dirección del IC-RB. No es así. Sin desconocer los impactos positivos en aliviar la situación de carencia de muchas familias en la región, estos programas (Bolsa Familia, en Brasil; Oportunidades, en México; Familias en acción, en Colombia; Juntos, en Perú; Familias Solidarias, en El Salvador; Asignación Universal por Hijo, en Argentina, etcétera) se oponen a los principios y las reglas operativas del IC-RB. Esto es así porque en lugar de ser universales, incondicionales e integrados a un sistema de tributación progresiva, son focalizados, exigen condicionalidades cuyo incumplimiento es penalizado con la pérdida del beneficio y representan un gasto mínimo en un sistema fiscal profundamente regresivo. De este modo, refuerzan la estrategia asistencial, focalizada y condicionada que hace décadas viene caracterizando a la política social en la región bajo los auspicios de los organismos internacionales promotores de los ajustes estructurales que hoy se importan a países europeos.

No cualquier programa de transferencia de ingresos va en el sentido que marca el IC-RB, porque el IC-RB no es cualquier política de transferencia de ingresos. Los programas asistenciales, focalizados y condicionados tienen impactos coyunturales positivos sobre los ingresos de las familias pobres, pero no son efectivos para sacarlos de esa situación y consolidan prácticas políticas clientelares que atentan contra el desarrollo de la autonomía de las personas. Tampoco estas políticas impiden que las personas recaigan en situaciones de pobreza e indigencia o que se formen nuevos contingentes de pobres. Estos programas no cubren a todos los necesitados sino que hasta que esos grupos son seleccionados como beneficiarios (y en caso de que realmente se haga), la crisis ya descargó toda su violencia sobre esta población vulnerable produciendo daños irreparables. Sólo la crisis económica ha significado hasta ahora para México 5 millones de nuevos pobres, la mitad de todos los nuevos pobres de América Latina, mientras que el Programa Oportunidades se propone ampliar, en dos años, su padrón en solamente 800.000 familias. A esto se suma la constante degradación para la dignidad y la autonomía de las personas que representa la necesidad de estar probando permanentemente su situación de necesidad para que los burócratas de turno los califiquen como "merecedores" de asistencia.

Con la crisis económica se muestra de modo más evidente la necesidad imperiosa de reformular las políticas de transferencias de ingresos de forma acorde con la propuesta de un IC-RB universal e incondicional. Los programas "condicionados" de ingresos que se vienen exportando incluso a los países más desarrollados, no tienen capacidad para responder en tiempo y forma a las necesidades de los grupos más vulnerables cuyos ingresos oscilan permanentemente. Lo que hacen es seleccionar beneficiarios alimentando una costosa burocracia dedicada a clasificar (discriminar) a los potenciales beneficiarios que "merecen" o no su asistencia, y a evaluar permanentemente su nivel y sus condiciones de vida, hasta entrometerse en la propia vida privada. Estos programas generan típicas situaciones de "trampa de la pobreza" porque no buscan que las personas superen el problema sino simplemente administrarlo y tener bajo control político a la población necesitada. El IC-RB no sólo ahorra costos burocráticos innecesarios sino que además otorga beneficios por derecho propio de la ciudadanía evitando intermediaciones que transforman a la población necesitada en una clientela política. Hasta la CEPAL señala el ejemplo de la pensión de adultos mayores en el Distrito Federal, México, que es universal, no contributiva y no condicionada, como una de las medidas innovadoras en América Latina para "garantizar un nivel básico de renta en forma sostenible desde el punto de vista fiscal y justa desde el punto de vista intergeneracional". Por ello es altamente significativo que en el documento programático Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad haya sido incorporado el objetivo de propugnar por el establecimiento del IC-RB.

5) Un tema muy debatido frente a la crisis es la necesidad de sostener el consumo de las familias. De hecho, muchas familias tuvieron en los años del boom una capacidad de consumo por encima de sus ingresos laborales gracias a la inflación de precios de activos financieros y de créditos, especialmente hipotecarios pero también de consumo. Este consumo por endeudamiento de las familias en general no favorece a los grupos más pobres. Además, con el ajuste no sólo se terminan esos ingresos extras sino que los reducidos ingresos laborales tendrán que utilizarse en parte para pagar la deuda acumulada. El IC-RB es sin dudas un estabilizador del consumo fundamental para sostener la demanda en tiempos de crisis, especialmente para los grupos más vulnerables, y de este modo evita la ampliación de las brechas de desigualdad económica y social. En un mundo como el actual, donde la acumulación privada de grandes fortunas convive con la más absoluta de las miserias, la libertad para centenares de millones de personas está seriamente disminuida por la urgencia de encontrar cualquier medio para sobrevivir. El IC-RB aparece como un mecanismo institucional que sería capaz de garantizar al conjunto de la ciudadanía (y a los residentes acreditados) la existencia material al menos en niveles básicos. Cada vez es más evidente que en las complejas sociedades modernas, para que sean democráticas y justas, el pan y la existencia digna no deben ser "ganados con el sudor de la frente", sino que deben estar garantizados como derechos de ciudadanía para que las capacidades creativas y productivas de las personas no se resientan y puedan desarrollarse.

Ya en noviembre del año 2007, en el marco del Fórum de las Culturas que se celebró en la ciudad de Monterrey (México), se aprobó la Declaración universal de derechos humanos emergentes. Esta declaración era en realidad la continuación de la que ya se había realizado en Barcelona tres años antes, en septiembre de 2004, también en el marco del Fórum de las Culturas. En el tercer punto del primer artículo de esta Declaración universal de derechos humanos emergentes puede leerse:

"El derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal, que asegura a toda persona, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin, se reconoce el derecho a un ingreso monetario e incondicional periódico sufragado con reformas fiscales y a cargo de los presupuestos del Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro residente de la sociedad, independientemente de sus otras fuentes de renta, que sea adecuado para permitirle cubrir sus necesidades básicas."

Para concluir, si existen buenas razones para defender el IC-RB en situaciones de crecimiento económico, caída de desempleo y tendencias favorables de los indicadores estándar sociales, aún hay argumentos más perentorios en su favor ante una situación de crisis y de ataque contra los derechos sociales y laborales. Más aún, puede afirmarse que los impactos de esta crisis serán más devastadores por la ausencia de compromiso político para avanzar con propuestas como el IC-RB en los momentos de bonanza económica. El IC-RB no sólo sería una importante herramienta para combatir la pobreza, abatir la desigualdad y avanzar en la garantía de una vida digna para todas las personas, sería también un poderoso instrumento de cambio social y político que permitiría un reordenamiento de las relaciones sociales en beneficio de la libertad, la autonomía, el respeto y el reconocimiento de hombres y mujeres de toda condición. Una sociedad en la que nadie carezca de lo básico es buena para todos. Es la única sociedad posible que merece la pena.

Liberar a las mujeres y a los hombres del látigo del hambre y del imperio de la necesidad, del miedo al día a día, de la escasez de tiempo, de la inseguridad sobre el presente y la incertidumbre sobre el futuro, significa construir ciudadanía, ampliar los espacios para la organización social y sindical, fortalecer la capacidad de lucha política de los sectores populares, así como crear mejores condiciones para la participación ciudadana y el activismo cívico. El IC-RB es uno de los elementos ineludibles que debe tenerse en cuenta para impulsar una transformación social que garantice el derecho a la existencia de todas las personas y nos acerque al anhelado objetivo de una sociedad más libre, más igualitaria y más fraterna.

Barcelona-Buenos Aires-Ciudad de México, septiembre 2010.

* Rubén Lo Vuolo es presidente de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (www.ingresociudadano.org).
**Daniel Raventós es presidente de la Red Renta Básica (www.redrentabasica.org).
***Pablo Yanes es presidente del Ingreso Ciudadano Universal de México (www.icu.org.mx/).