Otra ley por la democracia
El Senado convirtió hoy en ley el proyecto oficial de comunicación audiovisual que promueve la pluralidad de voces y limita la alta concentración mediática, en una sesión maratónica que se extendió durante más de 20 horas.
La ley de medios propuesta por el Gobierno fue aprobada en general por 44 votos contra 24 y luego en particular sin modificaciones, tal como había sido enviada desde la Cámara de Diputados hace tres semanas.
Los votos del Frente para la Victoria y de algunos senadores de la oposición como el socialismo, Fuerza Republicana y los dos senadores del ex ARI de Tierra del Fuego fueron decisivos para aprobar la norma.
La nueva ley, que lleva el número 26522 y reemplaza a la ley de la dictadura 22285, prevé terminar con los monopolios en radios y televisión y darle participación en el espectro radiofónico a entidades sin fines de lucro, entidades con fines de lucro y al Estado Nacional, los tres por partes iguales.
Al retirarse, pasadas las 6, del Congreso finalizada la sesión, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que la aprobación permitirá "democratizar definitivamente los medios en la Argentina" y dijo que el Gobierno trabajó "mucho tiempo” para elaborar la iniciativa.
Fernández explicó que el apoyo que recibió de senadores y diputados de otras fuerzas se debe a que la ley "tiene que cortar transversalmente a todo el mundo y tiene que ver con la política, con el proyecto que se piensa respecto de los medios y de la vocación que se tiene de transformación".
El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, aseguró por su parte que los medios audiovisuales tendrán "un año para adecuarse" a la nueva ley.
López desestimó que se estreche el margen de medios de comunicación audiovisual al evaluar que "si la ley se aplica tal cual está, lo que corresponde es vender, no que desaparezca un medio".
Y en ese sentido, estimó que "se armarán otras sociedades" y que con la nueva composición del Congreso a partir del 10 de diciembre "si quiere, se pueden hacer algunos ajustes".
El proyecto se debatió durante casi 20 horas, entre las 10.30 de la mañana del viernes 9 y las 6 de la mañana del sábado 10 de octubre, principalmente, porque hubo más de 50 oradores, la mayoría de los cuales habló durante por lo menos media hora.
Los ausentes de la votación fueron Roberto Urquía (PJ) y Norberto Massoni (UCR), de licencia por enfermedad, y Carlos Menem, del PJ disidente, que se fue del Congreso, y Emilio Rached, del radicalismo que llegó tarde al momento de votar.
A los votos afirmativos del Frente para la Victoria se sumaron el del socialista Rubén Giustiniani; el tucumano de Fuerza Republicana, Carlos Salazar; los fueguinos del ex ARI, María Rosa Díaz y José Martínez; y la radical correntina María Dora Sánchez.
El "apuro" de algunos senadores por dejar el recinto hizo que se levantasen de sus bancas antes que la máquina que registra los votos terminase de efectuar el recuento, lo que obligó a que, tras varios minutos de espera, debiera realizarse una votación nominal.
Al cerrar el debate, el jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, afirmó que "esta es una norma moderada" que "atiende la problemática de las grandes empresas en la Argentina porque les permite mantener una cuota importante del espacio audiovisual, como es el 35 por ciento".
Su par del radicalismo, Ernesto Sanz, dijo que "este gobierno utilizó los dineros públicos para premiar a amigos que hablaban bien del gobierno y para castigar a aquellos que hablaban mal".
La ley establece entre sus puntos salientes la libertad de expresión como "un derecho de todos, y no de un grupo”, y determina que la autoridad de aplicación estará integrada por la oposición parlamentaria, la Comisión Bicameral, y las provincias en el Consejo Federal.
Establece, además, principios de pluralidad en el acceso a los servicios audiovisuales, reconoce el derecho a la comunicación de los pueblos originarios, determina que las licencias durarán 10 años y que su renovación requerirá la participación de los vecinos en las audiencias públicas.
El Senado convirtió hoy en ley el proyecto oficial de comunicación audiovisual que promueve la pluralidad de voces y limita la alta concentración mediática, en una sesión maratónica que se extendió durante más de 20 horas.
La ley de medios propuesta por el Gobierno fue aprobada en general por 44 votos contra 24 y luego en particular sin modificaciones, tal como había sido enviada desde la Cámara de Diputados hace tres semanas.
Los votos del Frente para la Victoria y de algunos senadores de la oposición como el socialismo, Fuerza Republicana y los dos senadores del ex ARI de Tierra del Fuego fueron decisivos para aprobar la norma.
La nueva ley, que lleva el número 26522 y reemplaza a la ley de la dictadura 22285, prevé terminar con los monopolios en radios y televisión y darle participación en el espectro radiofónico a entidades sin fines de lucro, entidades con fines de lucro y al Estado Nacional, los tres por partes iguales.
Al retirarse, pasadas las 6, del Congreso finalizada la sesión, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que la aprobación permitirá "democratizar definitivamente los medios en la Argentina" y dijo que el Gobierno trabajó "mucho tiempo” para elaborar la iniciativa.
Fernández explicó que el apoyo que recibió de senadores y diputados de otras fuerzas se debe a que la ley "tiene que cortar transversalmente a todo el mundo y tiene que ver con la política, con el proyecto que se piensa respecto de los medios y de la vocación que se tiene de transformación".
El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, aseguró por su parte que los medios audiovisuales tendrán "un año para adecuarse" a la nueva ley.
López desestimó que se estreche el margen de medios de comunicación audiovisual al evaluar que "si la ley se aplica tal cual está, lo que corresponde es vender, no que desaparezca un medio".
Y en ese sentido, estimó que "se armarán otras sociedades" y que con la nueva composición del Congreso a partir del 10 de diciembre "si quiere, se pueden hacer algunos ajustes".
El proyecto se debatió durante casi 20 horas, entre las 10.30 de la mañana del viernes 9 y las 6 de la mañana del sábado 10 de octubre, principalmente, porque hubo más de 50 oradores, la mayoría de los cuales habló durante por lo menos media hora.
Los ausentes de la votación fueron Roberto Urquía (PJ) y Norberto Massoni (UCR), de licencia por enfermedad, y Carlos Menem, del PJ disidente, que se fue del Congreso, y Emilio Rached, del radicalismo que llegó tarde al momento de votar.
A los votos afirmativos del Frente para la Victoria se sumaron el del socialista Rubén Giustiniani; el tucumano de Fuerza Republicana, Carlos Salazar; los fueguinos del ex ARI, María Rosa Díaz y José Martínez; y la radical correntina María Dora Sánchez.
El "apuro" de algunos senadores por dejar el recinto hizo que se levantasen de sus bancas antes que la máquina que registra los votos terminase de efectuar el recuento, lo que obligó a que, tras varios minutos de espera, debiera realizarse una votación nominal.
Al cerrar el debate, el jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, afirmó que "esta es una norma moderada" que "atiende la problemática de las grandes empresas en la Argentina porque les permite mantener una cuota importante del espacio audiovisual, como es el 35 por ciento".
Su par del radicalismo, Ernesto Sanz, dijo que "este gobierno utilizó los dineros públicos para premiar a amigos que hablaban bien del gobierno y para castigar a aquellos que hablaban mal".
La ley establece entre sus puntos salientes la libertad de expresión como "un derecho de todos, y no de un grupo”, y determina que la autoridad de aplicación estará integrada por la oposición parlamentaria, la Comisión Bicameral, y las provincias en el Consejo Federal.
Establece, además, principios de pluralidad en el acceso a los servicios audiovisuales, reconoce el derecho a la comunicación de los pueblos originarios, determina que las licencias durarán 10 años y que su renovación requerirá la participación de los vecinos en las audiencias públicas.
