Por Oscar R. González *
Buenos Aires, 5 de septiembre (Télam).- La feroz ofensiva desatada por algunas grandes empresas periodísticas contra el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se sustenta, obviamente, en un entramado de intereses económicos. Pero también denota objetivos políticos e ideológicos. AsI, si la ruptura del monopolio en la transmisión del fútbol significa una merma en los superbeneficios de uno de esos grupos, la sanción del proyecto que propicia el Ejecutivo implicará una decisiva ampliación de la oferta comunicacional, con pluralidad de voces y diversos y múltiples mensajes.
Con la nueva ley, no sólo se limitará razonablemente la renta de esos conglomerados monopólicos sino que, al extenderse y diversificarse la búsqueda, emisión y recepción informativa, la manipulación de la opinión pública a favor de intereses sectoriales - y el enmascaramiento ideológico de esos intereses-se desvanecerá al menos en parte, porque el público podrá nutrirse con otras miradas y puntos de vista más comprometidos con la comunidad.
Las empresas monopólicas, acostumbradas a presentar sus objetivos sectarios como sinónimo del bien común y reducir el conflicto de intereses entre mercado y sociedad a un noble propósito, el suyo, que confronta con un Estado avasallante, o torpe, o inepto, ignoran la conveniencia del conjunto. Así actúan siempre, se trate de un impuesto, de un subsidio o del proyecto de despenalizar la tenencia de marihuana para uso personal.
Los editoriales de algunos de los medios gráficos son inequívocos en cuanto a aquella manipulación: si el lector soporta el tono chato y tedioso del mensaje, emitido desde un lugar de supuesto saber que autoriza al columnista a impartir lo que es bueno y lo que es malo para el conjunto de la sociedad, ya sean trabajadores o grandes financistas, indigentes o millonarios, en la mayoría de los casos encontrará que todo está enderezado a la defensa de intereses económicos y políticos, sin rastro de la universalidad que se pretende invocar.
Algunas empresas del sector presentan al proyecto que se debate en el Congreso como un ataque a la libertad de prensa y a los medios supuestamente independientes, cuando todo el mundo sabe que aquellas son parte de conglomerados económicos poderosísimos, con tecnología y recursos frente a los cuales los medios verdaderamente autónomos no pueden competir.
No es criticable que los medios de prensa, cualquiera de ellos, o todos, emitan opinión, incluso que defiendan enfoques o impulsen medidas que los benefician a ellos y a sus mandantes económicos y políticos. Pero la pretensión de ser los únicos autorizados a emitir información, análisis y opinión, implica la cesión de un poder enorme que transforma a los gobiernos y a la sociedad toda en rehenes de quienes sólo aspiran a eternizar odiosas prebendas.
Los legisladores que hoy afrontan presiones para prolongar forzadamente el trámite parlamentario, tienen la oportunidad de reivindicar en este debate la plena independencia del Poder Legislativo, hoy protagonista de un gran desafío. El Ejecutivo ya hizo su aporte, abriendo el tema primero a múltiples foros sociales y ahora llevándolo al Congreso como una iniciativa abierta.
Perfeccionar el proyecto y sancionar una ley de comunicación basada en una rica y plena discusión parlamentaria es sortear el veto que intentan imponer los sectores del privilegio económico y la derecha ideológica. (Télam).
*Dirigente socialista. Actualmente es secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.
Con la nueva ley, no sólo se limitará razonablemente la renta de esos conglomerados monopólicos sino que, al extenderse y diversificarse la búsqueda, emisión y recepción informativa, la manipulación de la opinión pública a favor de intereses sectoriales - y el enmascaramiento ideológico de esos intereses-se desvanecerá al menos en parte, porque el público podrá nutrirse con otras miradas y puntos de vista más comprometidos con la comunidad.
Las empresas monopólicas, acostumbradas a presentar sus objetivos sectarios como sinónimo del bien común y reducir el conflicto de intereses entre mercado y sociedad a un noble propósito, el suyo, que confronta con un Estado avasallante, o torpe, o inepto, ignoran la conveniencia del conjunto. Así actúan siempre, se trate de un impuesto, de un subsidio o del proyecto de despenalizar la tenencia de marihuana para uso personal.
Los editoriales de algunos de los medios gráficos son inequívocos en cuanto a aquella manipulación: si el lector soporta el tono chato y tedioso del mensaje, emitido desde un lugar de supuesto saber que autoriza al columnista a impartir lo que es bueno y lo que es malo para el conjunto de la sociedad, ya sean trabajadores o grandes financistas, indigentes o millonarios, en la mayoría de los casos encontrará que todo está enderezado a la defensa de intereses económicos y políticos, sin rastro de la universalidad que se pretende invocar.
Algunas empresas del sector presentan al proyecto que se debate en el Congreso como un ataque a la libertad de prensa y a los medios supuestamente independientes, cuando todo el mundo sabe que aquellas son parte de conglomerados económicos poderosísimos, con tecnología y recursos frente a los cuales los medios verdaderamente autónomos no pueden competir.
No es criticable que los medios de prensa, cualquiera de ellos, o todos, emitan opinión, incluso que defiendan enfoques o impulsen medidas que los benefician a ellos y a sus mandantes económicos y políticos. Pero la pretensión de ser los únicos autorizados a emitir información, análisis y opinión, implica la cesión de un poder enorme que transforma a los gobiernos y a la sociedad toda en rehenes de quienes sólo aspiran a eternizar odiosas prebendas.
Los legisladores que hoy afrontan presiones para prolongar forzadamente el trámite parlamentario, tienen la oportunidad de reivindicar en este debate la plena independencia del Poder Legislativo, hoy protagonista de un gran desafío. El Ejecutivo ya hizo su aporte, abriendo el tema primero a múltiples foros sociales y ahora llevándolo al Congreso como una iniciativa abierta.
Perfeccionar el proyecto y sancionar una ley de comunicación basada en una rica y plena discusión parlamentaria es sortear el veto que intentan imponer los sectores del privilegio económico y la derecha ideológica. (Télam).
*Dirigente socialista. Actualmente es secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.
