Lo que se puede y lo que no
Por Raúl Degrossi
Se puede criticar al gobierno, a la presidenta, a los funcionarios, a los jueces, a los empresarios, a los sindicalistas y hasta al Papa, porque eso es libertad de expresión.
No se puede cuestionar un artículo, una nota, un editorial, a un periodista o la orientación de un medio de comunicación, porque eso es censura.
Se puede mostrar a personas desnudas en el cine, en teatro, en televisión e Internet, aunque sean de menores de edad y esté penado por las leyes, o vaya en contra de sus derechos.
No se puede mostrar el rostro del principal ejecutivo del Grupo Clarín, porque eso es un ataque a la libertad de prensa, abusando de una persona enferma.
Se puede conocer el patrimonio de los funcionarios públicos, desde la Presidenta para abajo, accediendo por Internet a sus declaraciones juradas.
No se puede conocer en detalle quienes son los verdaderos propietarios de algunos medios de comunicación, o cuánto ganan mensualmente algunos periodistas estrella de la radio y la televisión que pontifican sobre la honestidad, la ética y la transparencia.
Se puede conocer en cuánto se han enriquecido los funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones, analizar si lo han hecho en forma ilícita a partir de sus ingresos declarados, y hasta llevarlos a juicio si se presume que lo han hecho en forma ilícita.
No se puede saber a ciencia cierta cuánto dinero facturan los grandes grupos económicos que dominan el negocio de la comunicación, si pagan regularmente los (pocos) impuestos que les corresponden, y si han declarado al fisco todos sus activos en el exterior.
Se puede echar sombra sobre la honestidad de los legisladores que votan de un determinado modo en el Congreso, si el sentido de su voto (aunque haya sido negativo) favorece la sanción de una iniciativa promovida por el gobierno.
No se puede ni siquiera dudar en público o por escrito de los motivos que convencieron a los legisladores de votar la ley de protección de empresas culturales, que salvó de la quiebra a un connotado grupo de multimedios, o a un presidente de disponer por decreto la pesificación de deudas en dólares que licuó los pasivos de ése mismo grupo.
Se puede conocer en detalle la lista de los periodistas perseguidos, secuestrados, torturados, desaparecidos o muertos por la última dictadura militar.
No se puede conocer la lista de los periodistas que -durante años- obtuvieron el beneficio de gozar de jugosos sobresueldos pagados con fondos reservados de la SIDE, para elogiar al gobierno de turno, u ocultar sus errores y corruptelas.
Se puede intentar la búsqueda de la verdad histórica y la justicia por los horrores de la dictadura, venciendo todo tipo de obstáculos, y permitir que más de cien chicos conozcan su verdadera identidad.
No se puede saber a ciencia cierta si los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble son o no hijos de desaparecidos ilegítimamente apropiados.
Se puede conocer hasta el más mínimo detalle de las quejas y reclamos al gobierno de la Mesa de Enlace, la UIA, la Unión Industrial, los bancos o cualquier otro grupo de presión, incluso hasta de origen sindical según quien sea el que lo formule, porque son legítimas demandas de la sociedad.
No se puede saber en que condiciones trabajan los empleados de los medios de comunicación, si sus patrones respetan las leyes laborales, si han sido justamente despedidos cuando lo son, si se les pagan las indemnizaciones o se les otorgan aumentos de sueldo o los reclaman, porque ninguna información sobre eso circula en los medios de comunicación.
Se pueden invocar todos los pactos y tratados internacionales de derechos humanos para defender nuestros derechos, incorporarlos a la Constitución Nacional para darles más valor y, en base a ellos, derribar las leyes que construyeron un muro de impunidad para los crímenes de la dictadura.
No se puede aplicar, invocar, legislar ni reglamentar el derecho de réplica que esos mismos pactos consagran, porque es considerado atentatorio de la libertad de expresión.
Se puede investigar a fondo como una empresa, un negocio o un servicio son privatizados o concedidos, o vuelven a la órbita del Estado, quiénes y en qué condiciones los compraron o vendieron, cuánto pagaron o les pagaron por hacerlo.
No se puede saber con detalle en qué condiciones los dos principales diarios del país obtuvieron de la dictadura el control monopólico de la mayor proveedora de papel para impresión del país, y en qué condiciones lo venden al resto de los diarios aprovechando esa condición dominante.
Se pueden utilizar los medios para insultar, agredir, descalificar, injuriar, mentir, ocultar, extorsionar, operar para obtener una medida del gobierno o para impedirla: todo, claro, está adornado con el bello nombre de la libertad de prensa.
No se puede usar la palabra Clarín en un blog.
Se puede cuestionar, discutir, debatir y poner en tela de juicio todas y cada una de las decisiones de este gobierno y de todos los anteriores y los que lo sucederán, criticando su oportunidad, su acierto, sus intenciones, sus contenidos y sus resultados.
No se puede discutir, en democracia y por el Congreso, una ley que reglamente el funcionamiento de los medios de comunicación audiovisual, porque es un intento despótico de controlar al periodismo independiente.
Viendo todo lo que se puede y lo que no se puede hacer me pregunto: ¿por qué razón siguen llamando al periodismo, la prensa o los medios de comunicación “el cuarto poder”? ¿Cuáles son los otros tres que están por encima de ellos?
