De retenciones, arrendamientos… y otras yerbas
La semana avanza y con ella especiales novedades en torno de la política agropecuaria a nivel nacional.
El frente ruralista fue denunciado por Buzzi (uno de sus integrantes) por estar constituido por solamente un poco más de 2.200 dueños de tierras que cultivan gran parte de la soja del país. Ello ocurrió en un encuentro sobre propiedad y tenencia de la tierra rural celebrado hace dos semanas. Allí se conoció que el otrora líder del chacarero agrícola de la Pampa Húmeda y de los pequeños productores agrarios del norte y el oeste del país remarcó, en ese encuentro organizado por la Federación Agraria Argentina en el Hotel Bauen el pasado martes 18, que el gran problema agrario argentino es la concentración de la tierra. E hizo alusión a los últimos datos acerca del modo como en la producción del principal producto que se cultiva en nuestro espacio rural –la soja– el grueso de la actividad está cada vez más en pocas manos.
Claro que a los pocos días, una revolucionaria propuesta legislativa basada en un proyecto de ley del diputado Macaluse, de SI, mereció una dura crítica del chacarero convertido en defensor de los grandes propietarios. El referido proyecto de ley da cuenta de la regulación de los arrendamientos y aparcerías rurales, necesitada de un cambio fundamental con respecto a la norma anterior, de 1948, cuando la realidad chacarera era otra.
El ruralismo, convertido en un movimiento destinado exclusivamente a discutir con el Estado el tema de los derechos de exportación, cambió fundamentalmente el perfil de nuestra actividad agraria destinada, en lo fundamental, a la exportación. Los nuevos protagonistas de la explotación de la tierra ya no son más aquellos aguerridos productores, descendientes de inmigrantes europeos que alquilaban las tierras que cultivaban con sus familias por toda la región pampeana a propietarios encolumnados, en su mayoría, en la Sociedad Rural Argentina. En 1948 las normas reguladoras de los alquileres o arrendamientos se impusieron para salvaguardar los ingresos de los sufridos chacareros, que eran esquilmados por los dueños-rentistas de la tierra.
Ahora el panorama es distinto. Los que alquilan son grandes grupos económicos o financistas (como De Angeli) que se alejaron de la vida chacarera o se agruparon para ser favorecidos por un fabuloso negocio financiero poniendo dinero para que empresas contratistas trabajen la tierra. La obtención de una cosecha de soja por año se convirtió en un gran negocio de corto plazo. Luego de cada campaña la tierra quedaba desnutrida y había que rotar el cultivo especialmente con trigo para que volviesen los nutrientes a alimentarla. Los arrendamientos por una campaña provocaban, y lo siguen haciendo, fuertes daños a la superficie cultivada con soja. Y a ello apunta la nueva ley que se proyecta discutir en estos días.
El contrato de arrendamiento –y esto es lo revolucionario– deberá suscribirse por no menos de cinco años, si se aprueba la ley. Se acabó el negocio fácil y el total desentendimiento de la salud de nuestras tierras y de su conservación a futuro
Pero los viejos y nuevos rentistas-financistas no quieren saber nada. A ello se les unen los que se han dado vuelta y ya no piensan más en la tierra, aunque protesten en un encuentro cada dos o tres años, porque también participan del negocio.
Es hora, entonces, de avanzar decididamente con la Ley de Arrendamientos sin retroceder un solo paso. En ello va el futuro de nuestro espacio rural. Y, luego, seguir apurando el paso para definir la constitución de un nuevo ente, como lo fuera la Junta Nacional de Granos, para regular los mercados internos y externos y consagrar el principio de la soberanía alimentaria. Y, finalmente, dar un paso decisivo en el apoyo integral al auténtico campesinado argentino que con más de 200.000 familias produce y vive en sus fincas a lo largo y ancho del país siendo una pieza fundamental en la consagración de la soberanía alimentaria para todos.
Alejandro Rofman
Economista del Grupo Fénix Dirigente del socialismo porteño.
La semana avanza y con ella especiales novedades en torno de la política agropecuaria a nivel nacional.
El frente ruralista fue denunciado por Buzzi (uno de sus integrantes) por estar constituido por solamente un poco más de 2.200 dueños de tierras que cultivan gran parte de la soja del país. Ello ocurrió en un encuentro sobre propiedad y tenencia de la tierra rural celebrado hace dos semanas. Allí se conoció que el otrora líder del chacarero agrícola de la Pampa Húmeda y de los pequeños productores agrarios del norte y el oeste del país remarcó, en ese encuentro organizado por la Federación Agraria Argentina en el Hotel Bauen el pasado martes 18, que el gran problema agrario argentino es la concentración de la tierra. E hizo alusión a los últimos datos acerca del modo como en la producción del principal producto que se cultiva en nuestro espacio rural –la soja– el grueso de la actividad está cada vez más en pocas manos.
Claro que a los pocos días, una revolucionaria propuesta legislativa basada en un proyecto de ley del diputado Macaluse, de SI, mereció una dura crítica del chacarero convertido en defensor de los grandes propietarios. El referido proyecto de ley da cuenta de la regulación de los arrendamientos y aparcerías rurales, necesitada de un cambio fundamental con respecto a la norma anterior, de 1948, cuando la realidad chacarera era otra.
El ruralismo, convertido en un movimiento destinado exclusivamente a discutir con el Estado el tema de los derechos de exportación, cambió fundamentalmente el perfil de nuestra actividad agraria destinada, en lo fundamental, a la exportación. Los nuevos protagonistas de la explotación de la tierra ya no son más aquellos aguerridos productores, descendientes de inmigrantes europeos que alquilaban las tierras que cultivaban con sus familias por toda la región pampeana a propietarios encolumnados, en su mayoría, en la Sociedad Rural Argentina. En 1948 las normas reguladoras de los alquileres o arrendamientos se impusieron para salvaguardar los ingresos de los sufridos chacareros, que eran esquilmados por los dueños-rentistas de la tierra.
Ahora el panorama es distinto. Los que alquilan son grandes grupos económicos o financistas (como De Angeli) que se alejaron de la vida chacarera o se agruparon para ser favorecidos por un fabuloso negocio financiero poniendo dinero para que empresas contratistas trabajen la tierra. La obtención de una cosecha de soja por año se convirtió en un gran negocio de corto plazo. Luego de cada campaña la tierra quedaba desnutrida y había que rotar el cultivo especialmente con trigo para que volviesen los nutrientes a alimentarla. Los arrendamientos por una campaña provocaban, y lo siguen haciendo, fuertes daños a la superficie cultivada con soja. Y a ello apunta la nueva ley que se proyecta discutir en estos días.
El contrato de arrendamiento –y esto es lo revolucionario– deberá suscribirse por no menos de cinco años, si se aprueba la ley. Se acabó el negocio fácil y el total desentendimiento de la salud de nuestras tierras y de su conservación a futuro
Pero los viejos y nuevos rentistas-financistas no quieren saber nada. A ello se les unen los que se han dado vuelta y ya no piensan más en la tierra, aunque protesten en un encuentro cada dos o tres años, porque también participan del negocio.
Es hora, entonces, de avanzar decididamente con la Ley de Arrendamientos sin retroceder un solo paso. En ello va el futuro de nuestro espacio rural. Y, luego, seguir apurando el paso para definir la constitución de un nuevo ente, como lo fuera la Junta Nacional de Granos, para regular los mercados internos y externos y consagrar el principio de la soberanía alimentaria. Y, finalmente, dar un paso decisivo en el apoyo integral al auténtico campesinado argentino que con más de 200.000 familias produce y vive en sus fincas a lo largo y ancho del país siendo una pieza fundamental en la consagración de la soberanía alimentaria para todos.
Alejandro Rofman
Economista del Grupo Fénix Dirigente del socialismo porteño.
