Por Oscar González*
En pleno disfrute de las libertades democráticas vigentes en nuestro país, un nutrido grupo de empresarios de medios de comunicación –estadounidenses y de otros países del continente– agrupados en la autodenominada Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se reunió en estos días en un fastuoso hotel de Puerto Madero para gozar del ocio y hostigar al Gobierno nacional.
Provistos de la artillería retórica con que vienen disparando desde los años ’50 contra todos los procesos de protagonismo popular en América latina –denigraron al peronismo, conspiraron contra Jacobo Arbenz en Guatemala y complotaron contra Salvador Allende en Chile– ahora agravian a la democracia argentina con afirmaciones falaces sobre la realidad.
Son meras declaraciones antojadizas sobre supuestas amenazas a la libertad de expresión, pero tienen un objetivo avieso: el de convertirse en materia prima para titular los diarios de sus socios locales y, por esa vía, contribuir a crear un clima de desazón en la opinión pública. Es lo que mejor saben hacer y no quieren perder: construir la agenda noticiosa en su provecho.
Agrupados en la defensa de intereses económicos propios y no tan ajenos, el de los segmentos privilegiados a los cuales rinden pleitesía desde sus páginas, estos señores previsiblemente incapaces de redactar por sí mismos un módico párrafo y mucho menos elaborar una crónica o un reportaje, arriban a estas latitudes enmascarados de periodistas, como si cultivaran ese noble oficio.
Naturalmente, la relación entre estos cruzados de la libre expresión y los trabajadores del sector se limita a la obligada entre patrones y empleados. Habría que determinar, acaso, si esas capacidades laborales son objeto de una contraprestación salarial adecuada, si rige el derecho de organizarse sindicalmente y si esos profesionales disponen de la libertad de publicar según sus propias convicciones, algo que sería poco menos que milagroso ya que en esos ámbitos la línea editorial no suele ponerse en discusión, Rápidos para denigrar a los gobiernos progresistas de la región –que resisten como pueden el asedio de los grupos monopólicos y el terrorismo mediático–, estos mercaderes de la información piensan que la mejor ley de prensa es la que no existe y por eso condenan la reciente norma que el Congreso Nacional sancionó con el objetivo de horizontalizar la comunicación y equilibrar el flujo informativo.
Así, escudados en una supuesta defensa de la libertad de prensa que encubre su libertad de empresa, esta organización patronal es consecuente con su propio itinerario: basta releer la Breve historia de la SIP, del intachable periodista que fue Gregorio Selser, para conocer la prosapia de estos personajes que, medio siglo después, siguen aún sumergidos en el sórdido clima de aquella lejana Guerra Fría, con tal de arremeter contra la democratización del continente. Un infausto objetivo que requiere como precondición evitar las nuevas voces y coartar la pluralidad de mensajes, perpetuando el silencio de los que aún no se hicieron escuchar. (BAE, política, pág. 20)
* Periodista. Ex diputado nacional por el Partido Socialista
