Macri y la privatización de la política
Por Oscar González (*)
Cuando, en octubre de 2007, Mauricio Macri ganó las elecciones para jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pocos recordaban que el empresario había sido uno de los pocos dirigentes argentinos que, nueve años antes, había repudiado la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet a pedido del juez español Baltasar Garzón.
En esa época, Macri era más conocido por sus apariciones en las revistas del corazón que por su compromiso político. En aquella ocasión, Macri consideró inadmisible la aplicación de la justicia universal a los violadores de derechos humanos.
Pero los años pasaron, y el poderoso empresario aprendió a disimular sus reflejos antidemocráticos mientras lograba inocular, en cierta opinión pública, la idea de que la astucia para ganar dinero era una virtud aplicable a la gestión de gobierno.
Eran tiempos en los que la política, como capacidad específica para administrar la cosa pública, y las ideologías, en tanto principios rectores de aquélla, se habían desacreditado suscitando el estallido de las representaciones políticas tradicionales.
Para muchos dirigentes residuales de las alas conservadoras de esos partidos maltrechos, el macrismo triunfante fue un imán y la posibilidad de relanzar una administración neoliberal, posmenemista, que en el nuevo escenario le diera continuidad a las políticas aplicadas en la década del 90.
Así fue como el nuevo jefe de Gobierno encaró su gestión con una concepción empresaria, armó su gabinete con los ejecutivos que lo habían acompañado en el holding familiar y lanzó un plan de gobierno en el que la contratación de obra pública -rubro fundacional del grupo- fue leimotiv de su gestión, aunque sus resultados son menos que exiguos.
La otra cara de la gestión macrista, vinculada menos directamente con los negocios con el Estado, permaneció durante algún tiempo en las sombras porque sus víctimas, los sectores más vulnerables de la sociedad, tienen restringida la voz y atenuada su visibilidad.
Así fue como se desarrolló un proceso expulsivo que salió a la luz a causa de la brutalidad de la recién disuelta Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), condensación del modelo de seguridad macrista destinada a erradicar violentamente a los "usurpadores" del espacio público.
Muchos se preguntan porqué Macri cometió tantos errores políticos que luego se vio forzado a revertir, como crear la UCEP, nombrar al comisario Jorge Fino Palacios (vinculado al atentado terrorista a la AMIA) al frente de la Policía Metropolitana, y luego al comisario Chamorro en el mismo cargo.
Para culminar con la contratación de Ciro James, que se dedicaba a espiar empresarios, al dirigente de Familiares de Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y hasta al propio cuñado de Macri, en una muestra de promiscuidad digna del programa de televisión más amarillista.
La respuesta a esta pregunta está en la perspectiva clasista del jefe de Gobierno, que considera que lo que es bueno para él y su círculo económico y social privilegiado es bueno para la ciudad. No admite otra sensibilidad que no sea esa.
El propio concepto de "ciudad limpia" trasluce esa concepción de apropiación privada del espacio público, la misma que históricamente condujo a que el 60 por ciento de la superficie de propiedad comunal terminara en manos de grupos privados.
En ese esquema, que privatiza la política misma, la represión, en cualquiera de sus formatos, es el complemento indispensable para ejercer ese exclusivo derecho "de pertenencia", es decir de clase, idéntico al que invocan los dirigentes de la Sociedad Rural.
Es que no hay nada novedoso en la versión porteña del viejo modelo de exclusión y privilegio. Y el propio espía James es un emergente de esta noción de que el Estado es, por sobre todo, una franquicia para enriquecerse y un instrumento para usar en beneficio propio.
(*)Dirigente socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.
Nota editada por la agencia nacional de noticias de Argentina, Télam
Publicado el Sábado, 07 de Noviembre de 2009.
Por Oscar González (*)
Cuando, en octubre de 2007, Mauricio Macri ganó las elecciones para jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pocos recordaban que el empresario había sido uno de los pocos dirigentes argentinos que, nueve años antes, había repudiado la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet a pedido del juez español Baltasar Garzón.
En esa época, Macri era más conocido por sus apariciones en las revistas del corazón que por su compromiso político. En aquella ocasión, Macri consideró inadmisible la aplicación de la justicia universal a los violadores de derechos humanos.
Pero los años pasaron, y el poderoso empresario aprendió a disimular sus reflejos antidemocráticos mientras lograba inocular, en cierta opinión pública, la idea de que la astucia para ganar dinero era una virtud aplicable a la gestión de gobierno.
Eran tiempos en los que la política, como capacidad específica para administrar la cosa pública, y las ideologías, en tanto principios rectores de aquélla, se habían desacreditado suscitando el estallido de las representaciones políticas tradicionales.
Para muchos dirigentes residuales de las alas conservadoras de esos partidos maltrechos, el macrismo triunfante fue un imán y la posibilidad de relanzar una administración neoliberal, posmenemista, que en el nuevo escenario le diera continuidad a las políticas aplicadas en la década del 90.
Así fue como el nuevo jefe de Gobierno encaró su gestión con una concepción empresaria, armó su gabinete con los ejecutivos que lo habían acompañado en el holding familiar y lanzó un plan de gobierno en el que la contratación de obra pública -rubro fundacional del grupo- fue leimotiv de su gestión, aunque sus resultados son menos que exiguos.
La otra cara de la gestión macrista, vinculada menos directamente con los negocios con el Estado, permaneció durante algún tiempo en las sombras porque sus víctimas, los sectores más vulnerables de la sociedad, tienen restringida la voz y atenuada su visibilidad.
Así fue como se desarrolló un proceso expulsivo que salió a la luz a causa de la brutalidad de la recién disuelta Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), condensación del modelo de seguridad macrista destinada a erradicar violentamente a los "usurpadores" del espacio público.
Muchos se preguntan porqué Macri cometió tantos errores políticos que luego se vio forzado a revertir, como crear la UCEP, nombrar al comisario Jorge Fino Palacios (vinculado al atentado terrorista a la AMIA) al frente de la Policía Metropolitana, y luego al comisario Chamorro en el mismo cargo.
Para culminar con la contratación de Ciro James, que se dedicaba a espiar empresarios, al dirigente de Familiares de Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y hasta al propio cuñado de Macri, en una muestra de promiscuidad digna del programa de televisión más amarillista.
La respuesta a esta pregunta está en la perspectiva clasista del jefe de Gobierno, que considera que lo que es bueno para él y su círculo económico y social privilegiado es bueno para la ciudad. No admite otra sensibilidad que no sea esa.
El propio concepto de "ciudad limpia" trasluce esa concepción de apropiación privada del espacio público, la misma que históricamente condujo a que el 60 por ciento de la superficie de propiedad comunal terminara en manos de grupos privados.
En ese esquema, que privatiza la política misma, la represión, en cualquiera de sus formatos, es el complemento indispensable para ejercer ese exclusivo derecho "de pertenencia", es decir de clase, idéntico al que invocan los dirigentes de la Sociedad Rural.
Es que no hay nada novedoso en la versión porteña del viejo modelo de exclusión y privilegio. Y el propio espía James es un emergente de esta noción de que el Estado es, por sobre todo, una franquicia para enriquecerse y un instrumento para usar en beneficio propio.
(*)Dirigente socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.
Nota editada por la agencia nacional de noticias de Argentina, Télam
Publicado el Sábado, 07 de Noviembre de 2009.
