Publicado el 1 de Agosto de 2010-Tiempo Argentino
Por Oscar González
El propósito reivindicado por Kirchner de que los trabajadores alcancen una participación del 50% es un objetivo político que requiere continuidad y profundización de un conjunto de políticas.
El ex presidente Néstor Kirchner reivindicó el objetivo de que la participación de los trabajadores en el ingreso nacional alcance nuevamente el 50%, una cifra que ya es mítica y simboliza el grado de distribución de la riqueza en tiempos del peronismo. Ese índice fue descendiendo en los años posteriores a 1974, hasta que tocó el fondo de 30% durante la dictadura militar y con el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, hoy procesado penalmente. Semejante meta implica un importante desafío, mayor aún en tiempos en que la crisis capitalista mundial causa estragos en el salario de los trabajadores en numerosos países, aun en los más desarrollados y, peor todavía, en aquellos que, sin serlo, mantienen una estrecha vinculación económica con ellos, y donde los asalariados son condenados a contener los daños producidos por la economía financiera.
Invocar el añorado porcentaje es también un reto a la oposición que conspira en el Congreso con el fin de privar al gobierno de las herramientas para continuar y profundizar las políticas públicas que impulsan mayor equidad distributiva, lo que se viene logrando a través de la ampliación del universo de beneficiarios del salario social, es decir de lo que percibe ya no cada asalariado formal sino el conjunto de los trabajadores (activos y pasivos, ocupados o no) y sus familias. Tal es el caso de la extensión de la cobertura previsional y la recuperación del sistema jubilatorio, así como la Asignación Universal por Hijo. Las medidas anunciadas esta semana por la presidenta Cristina Fernández –que llevan la jubilación mínima a 1091 pesos, añaden el 22% a las asignaciones familiares y llevan a 220 pesos la universal por hijo– son clara muestra de una determinación política que apunta a la ampliación de los derechos sociales básicos, que a pesar de tener rango constitucional no tenían plena vigencia.
En cuanto a los trabajadores registrados, la activación de los convenios colectivos y del Consejo del Salario Mínimo, del que participan la CGT y la CTA, han permitido, gracias a la acción del Estado y a la capacidad de las organizaciones obreras, evitar la erosión del salario real en una etapa de fuerte recuperación económica y de disputa por la apropiación de la renta. La realidad ha demostrado palmariamente que el crecimiento económico sin intervención estatal incrementa la concentración del ingreso y agrava los índices de pobreza y desigualdad. De ahí que la lucha por mejorar la distribución de la riqueza sea una cuestión eminentemente política, y así como la discusión paritaria implica una gimnasia que fortalece a las organizaciones sindicales, la actuación estatal es decisiva por cuanto la llamada puja distributiva parte de una marcada asimetría de fuerzas entre trabajadores y empresarios que no puede equilibrarse con la sola actividad reivindicativa de los sindicatos.
El crecimiento económico de los últimos años incentivó la pelea por el ingreso y los sectores más concentrados del agro y la industria han venido presionando por una devaluación que, en los hechos, implicaría una rebaja salarial generalizada.
Del mismo modo, los aumentos injustificados de algunos insumos básicos de la industria y de productos terminados formaron parte de esta estrategia empresarial de desmedida acumulación de ganancias. Simultáneamente, la fragmentación del mercado de trabajo, la precariedad laboral y el trabajo en negro acompañan la evasión fiscal y aumentan la rentabilidad empresaria en perjuicio del ingreso de la mano de obra, tanto en términos de salario directo como de salario social o indirecto. Así, buena parte del crecimiento de la productividad laboral de los ’90 fue en simultáneo con una mayor explotación de los trabajadores a través de la precarización de las condiciones de trabajo.
En este marco, el propósito de que los trabajadores alcancen una participación del 50% es un claro objetivo político que requiere continuidad y profundización de un conjunto de políticas que abarcan desde la ofensiva contra el trabajo en negro y la evasión fiscal (donde se avanza paso a paso) hasta la intensificación de los estímulos directos e indirectos a la productividad por sector y el fortalecimiento del rol del Estado para evitar nuevas transferencia del trabajo al capital, como sucedió con la disminución de los aportes patronales al sistema previsional.
Son tareas pendientes que requieren persistencia en el rumbo elegido y sortear la insensata agenda que enarbola la disipada oposición en el Congreso, que conspira abiertamente contra la estrategia de ampliación de derechos. Mientras disputan puerilmente la paternidad –el copyright– de decisiones oficiales que no pueden más que aprobar, ciertos opositores inventan iniciativas que, como la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, no sólo atentan contra una distribución de la riqueza más solidaria sino que apuntan a restaurar un Estado prescindente de sus deberes sociales.
Si en los ’90 se hablaba del efecto derrame de una economía que, librada al designio de los mercados, no hizo otra cosa que llevar hasta la iniquidad la brecha entre los que más y los que menos tienen, hoy la gestión pública de lo social se despega del asistencialismo que estigmatiza para, en su lugar, crear más derechos y ciudadanía.
* Ex diputado nacional del Partido Socialista.
