Un futuro negre
Liliana Negre de Alondo se opuso a las designaciones de Zaffaroni, Argibay y Highton en la Corte, es miembro del Opus Dei y defensora de Cecilia Pando y el obispo Baseotto. Los bloques opositores la designaron al frente de la Comisión de Legislación General.
Por Soledad Vallejos
Tras el acuerdo de los bloques opositores en el Senado (desde peronistas disidentes hasta socialistas santafesinos) para desalojar al oficialismo de todas las comisiones, la legisladora puntana Liliana Teresita Negre de Alonso, miembro del Opus Dei y una de las más conservadoras de la Cámara, quedó al frente de la Comisión de Legislación General. Es probable que el primer proyecto que deba tratar esta comisión será el que procura abrir la posibilidad del matrimonio civil a las parejas gay. En su historial como representante de la fuerza política de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, la senadora ha votado contra los pliegos de los actuales jueces de la Corte Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay con argumentos antigarantistas y antiabortistas. Pero además, fue la única que defendió al ex obispo castrense Antonio Baseotto cuando dijo que había que tirar al mar, atado a una piedra, al estilo ESMA, al entonces ministro de Salud. Fue la única también en defender a Cecilia Pando, representante de torturadores y represores de la dictadura. Paradójicamente, lo hizo amenazando con recurrir a una legislación (el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer-Cedaw) sobre el que ella también había votado en contra. Otro de sus antecedentes es que fue la única que se opuso a la educación sexual en las escuelas.
A la buena de Dios
Abogada recibida en la UBA en 1976, se dedicó a la carrera judicial en su provincia desde el regreso de la democracia. A fines de los ’90 pegó el salto y regresó a la gran ciudad: entre 1999 y principios de 2001 fue vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Dejó el cargo en febrero de ese año, porque tras un intento frustrado por convertirse en diputada, en marzo de 2001 finalmente asumió como senadora nacional. Desde entonces, ha sido consecuente al llevar su agenda confesional al recinto como miembro del Opus Dei. También suele repartir cuadernillos que divulgan las enseñanzas del fundador de la orden, José Escrivá Balaguer.
“No es un pliego que pasará tranquilamente por el Senado”, advirtió Negre en 2003 cuando estaba en danza la candidatura de Eugenio Zaffaroni para la Corte Suprema. El pliego de Zaffaroni, sin embargo, pasó. Y lo mismo parecía que sucedería al año siguiente, en junio de 2004, cuando la candidateada fue Elena Highton de Nolasco. El ruido comenzó cuando la postulada evitó responder, en audiencia ante el Senado, si estaba “a favor o en contra del aborto” (sic). “Mi opinión personal, interna, no tiene por qué ser dicha. Son sentimientos personales”, respondió, a sabiendas de que la irritación se originaba en un artículo de 1993, en el que se pronunciaba a favor de la interrupción del embarazo en casos de enfermedades congénitas de gravedad. El silencio estratégico de Highton sacó de las casilla a Negre. “Me sorprendió su actitud, porque se escudó en el prejuzgamiento para emitir opinión –declaró entonces–. No puedo votar a una persona que no me garantice que va a proteger el derecho a la vida desde la concepción.” Una vez más, cumplió: frente a 51 votos que avalaban a Highton como ministra de la Corte, Negre votó en contra.
Pero la verdadera batalla había comenzado en enero de ese mismo año, cuando Carmen Argibay, quien también era candidata a un sillón de la Corte, se definió como “atea militante” y se pronunció a favor de la despenalización del aborto. “La gente está espantada con lo que dijo”, declaró sin dudarlo Negre. “Ni siquiera Zaffaroni se pronunció de esta manera. Yo la voy a rechazar.” A preguntas del diario La Nación, que la describió como “católica practicante”, Negre no escatimó respuestas. Las opiniones que Argibay había dado a conocer públicamente eran “graves porque desnudan pensamientos contrarios a la Constitución, que defiende el derecho a la vida”. La candidata a jueza suprema le resultaba insostenible: “Se puede ceder políticamente ante una cuestión evaluable políticamente, pero acá estamos hablando de la violación de principios constitucionales”.
Poco después, cuando ya habían sido aprobados los pliegos de Highton, Argibay tuvo su audiencia ante el Senado. También Argibay superó la instancia; respondió todas las interrogaciones insistentes sobre la ley argentina y el aborto, pero evitó prolijamente dar opiniones personales o habilitar debates sobre el momento en que se inicia la vida, un clásico debate de los sectores opuestos al derecho al aborto. Argibay, simplemente, explicaba que ella no sabría decirlo, aunque cada vez que fue preciso explicó qué indicaba la Constitución y la diferencia de opiniones en el ámbito médico. Negre se exasperó: “Si dice que no sabe cuándo hay vida, ¿cómo va a cumplir con la Constitución, entonces?”. La intriga la persiguió durante días. Dos semanas después persistía su desazón: “No se puede respetar la Constitución si no se respeta uno de sus principios fundamentales, como el derecho a la vida”. Para entonces, Argibay ya había sido designada jueza de la Corte, con el apoyo de 42 senadores y la oposición de 17.
En la audiencia, poco antes de que comenzaran las preguntas a la futura jueza suprema, las “Familias Autoconvocadas de Buenos Aires” arrojaban al aire volantes con sus inquietudes: “¿Quiénes son los senadores que promueven a juezas abortistas? Recuerde sus nombres y partidos. Carmen Argibay ha sido repudiada por miles de argentinos”.
El grito en el cielo
La gestión de Ginés González García en el Ministerio de Salud fue conocida por sus confrontaciones constantes con los sectores que se negaban a permitir que la salud sexual y reproductiva cuajara como política de Estado. Fue en una de esas grescas, motivada por la insistencia del entonces ministro en declarar que debía legalizarse el derecho al aborto, que Negre volvió a la palestra.
En 2005, el obispo castrense Antonio Baseotto se refirió a González García con la sugerencia (dijo que) bíblica de arrojarlo al mar con una piedra atada al cuello. Fue entonces cuando el gobierno de Néstor Kirchner lo retiró. Negre tomó el alejamiento del religioso como una ofensa: “Baseotto aclaró suficientemente el tema en una carta enviada a monseñor Mirás, en la cual expresó que de ninguna manera quiso alentar un acto de violencia ni ofender la autoridad de un miembro del gobierno”, abogó infructuosa a mediados de marzo.
Un par de semanas después una carta de Cecilia Pando, de profusa circulación por Internet, le valió el anuncio de sanciones para su esposo, el mayor Rafael Mercado. Pando defendía a Baseotto y criticaba al Gobierno por haberlo echado. El jefe del Ejército, Roberto Bendini, insistió en el disciplinamiento, y fue avalado por el ministro de Defensa, José Pampuro. En medio del revuelo, Negre prometió que denunciaría penalmente a Bendini, y que también lo acusaría ante el Inadi por violar las convenciones que prohíben toda forma de discriminación contra la mujer (una herramienta, en realidad, que apunta a seguridades jurídicas y de salud, y a la que siempre se opuso fervientemente); finalmente, convencida de la necesidad de ir por todo, anunció que también haría una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lo extraño fue que la senadora se había opuesto de manera rotunda al protocolo que pretendió esgrimir en defensa de Pando. En marzo de 2005, el entonces canciller Rafael Bielsa había apoyado la ratificación parlamentaria del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), una deuda de largo tiempo con el movimiento de mujeres y las herramientas legales internacionales. Un día antes de las palabras de Bielsa, el Episcopado había alertado acerca de que podría significar “una renuncia a la soberanía que dejaría una brecha abierta a la futura aprobación del aborto”. En consonancia, en el Senado la única moción para rechazar la ratificación del Protocolo fue la de Negre. De todas maneras, Argentina adhiere desde 2007.
En septiembre de 2005 gestionó el Salón Azul del Congreso para la presentación de una publicación de la Universidad Austral (UA), libelo financiado casualmente por el Senado. Se llamó Bases políticas familiares en la Argentina, estuvo coordinado por Marina Camps, del Instituto de Ciencias para la Familia de la UA, quien por televisión una vez definió a la homosexualidad como “una enfermedad”. El libelo esgrimía estadísticas de cientificidad dudosa para afirmar que “las parejas que llegan al matrimonio habiendo cohabitado son más inestables y propensas a acabar en un divorcio”; “los divorciados tienen seis veces mayor frecuencia de problemas psiquiátricos” que los casados, además del doble de posibilidades de suicidio y más problemas de alcoholismo; “los hijos de madres solteras son siete veces más propensos a vivir en la pobreza” que los criados “en el marco de un matrimonio intacto”. Quien esto escribe escuchó datos muy similares durante los debates del plenario de comisiones que, el año pasado, intentaron dar dictamen a los proyectos que buscan modificar la Ley de Matrimonio Civil.
Al terminar ese mismo año, poco después de que en el Senado se trataran proyectos para dar un régimen jurídico a las uniones de hecho, Negre participó de la II “Semana de la Familia”, organizada por el Instituto de Ciencias para las Familias de la UA. Dejó en claro que se negaba a considerar a esas uniones civiles como nuevas formas de familia. (Página 12)
Liliana Negre de Alondo se opuso a las designaciones de Zaffaroni, Argibay y Highton en la Corte, es miembro del Opus Dei y defensora de Cecilia Pando y el obispo Baseotto. Los bloques opositores la designaron al frente de la Comisión de Legislación General.
Por Soledad Vallejos
Tras el acuerdo de los bloques opositores en el Senado (desde peronistas disidentes hasta socialistas santafesinos) para desalojar al oficialismo de todas las comisiones, la legisladora puntana Liliana Teresita Negre de Alonso, miembro del Opus Dei y una de las más conservadoras de la Cámara, quedó al frente de la Comisión de Legislación General. Es probable que el primer proyecto que deba tratar esta comisión será el que procura abrir la posibilidad del matrimonio civil a las parejas gay. En su historial como representante de la fuerza política de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, la senadora ha votado contra los pliegos de los actuales jueces de la Corte Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay con argumentos antigarantistas y antiabortistas. Pero además, fue la única que defendió al ex obispo castrense Antonio Baseotto cuando dijo que había que tirar al mar, atado a una piedra, al estilo ESMA, al entonces ministro de Salud. Fue la única también en defender a Cecilia Pando, representante de torturadores y represores de la dictadura. Paradójicamente, lo hizo amenazando con recurrir a una legislación (el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer-Cedaw) sobre el que ella también había votado en contra. Otro de sus antecedentes es que fue la única que se opuso a la educación sexual en las escuelas.
A la buena de Dios
Abogada recibida en la UBA en 1976, se dedicó a la carrera judicial en su provincia desde el regreso de la democracia. A fines de los ’90 pegó el salto y regresó a la gran ciudad: entre 1999 y principios de 2001 fue vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Dejó el cargo en febrero de ese año, porque tras un intento frustrado por convertirse en diputada, en marzo de 2001 finalmente asumió como senadora nacional. Desde entonces, ha sido consecuente al llevar su agenda confesional al recinto como miembro del Opus Dei. También suele repartir cuadernillos que divulgan las enseñanzas del fundador de la orden, José Escrivá Balaguer.
“No es un pliego que pasará tranquilamente por el Senado”, advirtió Negre en 2003 cuando estaba en danza la candidatura de Eugenio Zaffaroni para la Corte Suprema. El pliego de Zaffaroni, sin embargo, pasó. Y lo mismo parecía que sucedería al año siguiente, en junio de 2004, cuando la candidateada fue Elena Highton de Nolasco. El ruido comenzó cuando la postulada evitó responder, en audiencia ante el Senado, si estaba “a favor o en contra del aborto” (sic). “Mi opinión personal, interna, no tiene por qué ser dicha. Son sentimientos personales”, respondió, a sabiendas de que la irritación se originaba en un artículo de 1993, en el que se pronunciaba a favor de la interrupción del embarazo en casos de enfermedades congénitas de gravedad. El silencio estratégico de Highton sacó de las casilla a Negre. “Me sorprendió su actitud, porque se escudó en el prejuzgamiento para emitir opinión –declaró entonces–. No puedo votar a una persona que no me garantice que va a proteger el derecho a la vida desde la concepción.” Una vez más, cumplió: frente a 51 votos que avalaban a Highton como ministra de la Corte, Negre votó en contra.
Pero la verdadera batalla había comenzado en enero de ese mismo año, cuando Carmen Argibay, quien también era candidata a un sillón de la Corte, se definió como “atea militante” y se pronunció a favor de la despenalización del aborto. “La gente está espantada con lo que dijo”, declaró sin dudarlo Negre. “Ni siquiera Zaffaroni se pronunció de esta manera. Yo la voy a rechazar.” A preguntas del diario La Nación, que la describió como “católica practicante”, Negre no escatimó respuestas. Las opiniones que Argibay había dado a conocer públicamente eran “graves porque desnudan pensamientos contrarios a la Constitución, que defiende el derecho a la vida”. La candidata a jueza suprema le resultaba insostenible: “Se puede ceder políticamente ante una cuestión evaluable políticamente, pero acá estamos hablando de la violación de principios constitucionales”.
Poco después, cuando ya habían sido aprobados los pliegos de Highton, Argibay tuvo su audiencia ante el Senado. También Argibay superó la instancia; respondió todas las interrogaciones insistentes sobre la ley argentina y el aborto, pero evitó prolijamente dar opiniones personales o habilitar debates sobre el momento en que se inicia la vida, un clásico debate de los sectores opuestos al derecho al aborto. Argibay, simplemente, explicaba que ella no sabría decirlo, aunque cada vez que fue preciso explicó qué indicaba la Constitución y la diferencia de opiniones en el ámbito médico. Negre se exasperó: “Si dice que no sabe cuándo hay vida, ¿cómo va a cumplir con la Constitución, entonces?”. La intriga la persiguió durante días. Dos semanas después persistía su desazón: “No se puede respetar la Constitución si no se respeta uno de sus principios fundamentales, como el derecho a la vida”. Para entonces, Argibay ya había sido designada jueza de la Corte, con el apoyo de 42 senadores y la oposición de 17.
En la audiencia, poco antes de que comenzaran las preguntas a la futura jueza suprema, las “Familias Autoconvocadas de Buenos Aires” arrojaban al aire volantes con sus inquietudes: “¿Quiénes son los senadores que promueven a juezas abortistas? Recuerde sus nombres y partidos. Carmen Argibay ha sido repudiada por miles de argentinos”.
El grito en el cielo
La gestión de Ginés González García en el Ministerio de Salud fue conocida por sus confrontaciones constantes con los sectores que se negaban a permitir que la salud sexual y reproductiva cuajara como política de Estado. Fue en una de esas grescas, motivada por la insistencia del entonces ministro en declarar que debía legalizarse el derecho al aborto, que Negre volvió a la palestra.
En 2005, el obispo castrense Antonio Baseotto se refirió a González García con la sugerencia (dijo que) bíblica de arrojarlo al mar con una piedra atada al cuello. Fue entonces cuando el gobierno de Néstor Kirchner lo retiró. Negre tomó el alejamiento del religioso como una ofensa: “Baseotto aclaró suficientemente el tema en una carta enviada a monseñor Mirás, en la cual expresó que de ninguna manera quiso alentar un acto de violencia ni ofender la autoridad de un miembro del gobierno”, abogó infructuosa a mediados de marzo.
Un par de semanas después una carta de Cecilia Pando, de profusa circulación por Internet, le valió el anuncio de sanciones para su esposo, el mayor Rafael Mercado. Pando defendía a Baseotto y criticaba al Gobierno por haberlo echado. El jefe del Ejército, Roberto Bendini, insistió en el disciplinamiento, y fue avalado por el ministro de Defensa, José Pampuro. En medio del revuelo, Negre prometió que denunciaría penalmente a Bendini, y que también lo acusaría ante el Inadi por violar las convenciones que prohíben toda forma de discriminación contra la mujer (una herramienta, en realidad, que apunta a seguridades jurídicas y de salud, y a la que siempre se opuso fervientemente); finalmente, convencida de la necesidad de ir por todo, anunció que también haría una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lo extraño fue que la senadora se había opuesto de manera rotunda al protocolo que pretendió esgrimir en defensa de Pando. En marzo de 2005, el entonces canciller Rafael Bielsa había apoyado la ratificación parlamentaria del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), una deuda de largo tiempo con el movimiento de mujeres y las herramientas legales internacionales. Un día antes de las palabras de Bielsa, el Episcopado había alertado acerca de que podría significar “una renuncia a la soberanía que dejaría una brecha abierta a la futura aprobación del aborto”. En consonancia, en el Senado la única moción para rechazar la ratificación del Protocolo fue la de Negre. De todas maneras, Argentina adhiere desde 2007.
En septiembre de 2005 gestionó el Salón Azul del Congreso para la presentación de una publicación de la Universidad Austral (UA), libelo financiado casualmente por el Senado. Se llamó Bases políticas familiares en la Argentina, estuvo coordinado por Marina Camps, del Instituto de Ciencias para la Familia de la UA, quien por televisión una vez definió a la homosexualidad como “una enfermedad”. El libelo esgrimía estadísticas de cientificidad dudosa para afirmar que “las parejas que llegan al matrimonio habiendo cohabitado son más inestables y propensas a acabar en un divorcio”; “los divorciados tienen seis veces mayor frecuencia de problemas psiquiátricos” que los casados, además del doble de posibilidades de suicidio y más problemas de alcoholismo; “los hijos de madres solteras son siete veces más propensos a vivir en la pobreza” que los criados “en el marco de un matrimonio intacto”. Quien esto escribe escuchó datos muy similares durante los debates del plenario de comisiones que, el año pasado, intentaron dar dictamen a los proyectos que buscan modificar la Ley de Matrimonio Civil.
Al terminar ese mismo año, poco después de que en el Senado se trataran proyectos para dar un régimen jurídico a las uniones de hecho, Negre participó de la II “Semana de la Familia”, organizada por el Instituto de Ciencias para las Familias de la UA. Dejó en claro que se negaba a considerar a esas uniones civiles como nuevas formas de familia. (Página 12)
