BAE - Nota - Nota de tapa - Pag. 1
OPINIÓN
Propuestas específicas a nivel general y sectorial
POR ALEJANDRO ROFMAN*
Pretendemos definir lineamientos generales sobre un modelo productivo para el sector agropecuario na cional que reconozca las diversidades regionales, de tamaño y de capacidad operativa de los actores sociales que lo integran. Estos lineamientos deberán tender a satisfacer los objetivos enunciados en el prime documento referido a este tema y que se pueden resumir en: 1. Afirmar la seguridad alimentaria, lo que significa garantizar a todos los habitantes del país la provisión de bienes provenientes de la actividad agraria nacional.
2. Postular el principio de sustentabilidad social del proceso de producción para que cada habitante involucrado en el proceso de obtención de los alimentos tenga un ingreso o remuneración que sea compatible con la satisfacción plena de sus necesidades básicas.
3.Desarrollar los procesos productivos bajo la condición de que asuman el compromiso de la sustentabilidad ambiental, o sea que los procesos técnicos encarados para obtener los bienes alimentarios resguarden la calidad de la tierra y la salud de sus ocupantes.
Este plan no pretende convertirse en una herramienta rígida y tecnocrática. La propuesta que elevamos deberá ser ampliamente discutida y analizada por los actores sociales del sector agropecuario. Los lineamientos a formular tendrán que estar sometidos a la consulta pública generalizada. Como todo plan estratégico se basará en la definición de cursos de acción flexibles y reajustables más que en la satisfacción de metas cuantitativas rígidas.
El plan aspira a modificar las desigualdades estructurales que vinculan a los actores sociales según la cuota de poder que poseen con el fin de tender a una creciente equidad en el proceso de distribución del excedente generado en cada circuito. Así, se satisfaría el segundo postulado básico del plan arriba formulado.
Iremos enunciando a continuación los aspectos generales más salientes de las estrategias vinculadas a cada uno de los procesos que deben ser sometidos a cambios estructurales, para alcanzar los objetivos del plan.
1. - Política sobre tierras 1. Creación por ley del Congreso de un instituto de colonización integral de la tierra encargado de poner en marcha programas de desarrollo rural que estimulen modelos de cooperación y asociacionismo entre los integrantes de los planes de asentamiento poblacional planificado. Tales programas tendrán en cuenta los siguientes parámetros básicos: a) Afirmar el derecho a la propiedad legal de la tierra, resolviendo la situación de extrema precariedad de miles de productores que carecen de la documentación que los acredita como tales a pesar de detentar el uso y disfrute de sus predios desde hace larga data.
b) Fomento de la agricultura familiar sustentable, basado en planes de colonización conteniendo como prioridad la organización de grupos de productores trabajando en forma asociativa.
2. Restringir o limitar la compra de tierras por parte de personas extranjeras, físicas no residentes o jurídicas no autorizadas para funcionar en el país.
3. Nueva ley de arrendamientos que estipule plazos no menores a los cinco años, la prohibición del subarriendo y la exigencia en los contratos de una rotación de cultivos adecuada para conservar la capacidad productiva del suelo.
4. Sancionar una ley nacional de uso de las aguas de superficie, a partir de una utilización racional de las mismas y un resguardo firme de su calidad y disponibilidad a todo aquel necesitado de la misma para sus prácticas agropecuarias.
Estas medidas son necesarias pero no suficientes para proteger a la pequeña producción pampeana y extrapampeana. Deben venir acompañadas de políticas de apoyo y regulación como las que se describen en los siguientes apartados.
2. - Políticas de crédito.
1. Integración de la estrategia crediticia dentro de la política nacional de desarrollo rural, con pleno reconocimiento de las heterogeneidades estructurales a nivel regional y tratamiento preferencial de los productores pertenecientes a la pequeña producción.
2. Creación de un banco nacional de fomento rural –como en México y Brasil– para canalizar por su intermedio todas las iniciativas de colonización asistida y de capitalización de la pequeña producción rural. El banco, de carácter público, deberá ser administrado con permanente monitoreo de las organizaciones de la pequeña producción y fijará pautas de apoyo crediticio con tasas diferenciales.
3. - Política fiscal.
1. Estructura tributaria basada en la imposición sobre los activos en tierras a partir de una revaluación actualizada del patrimonio inmobiliario de los productores y de criterios de equidad tributaria en las alícuotas de imposición.
2. Política de imposición de derechos de exportación específicos, acordes con el tipo de producto, la capacidad económica del contribuyente y la renta diferencial que es capaz de generar. Esto permitirá captar la renta de aquellos ubicados en las áreas más fértiles del país y cuya producción forme parte esencial de la dieta familiar, para bajar sus precios en el mercado interno. A la vez, tendrá que instaurarse un sistema de imposición de los derechos en forma estratificada, de modo de reducirlo para los productores de menor nivel de ingreso.
3. Aplicación de legislación provincial nacional que estimule las prácticas de preservación ambiental de la tierra y del agua.
4. - Políticas de precios y de organización de los sectores productivos.
1. Regulación pública para la defensa de los ingresos provenientes de su actividad, en particular la de aquellos productores que se desempeñan subordinados al gran capital financiero o productivo en los respectivos circuitos productivos. La creación o recreación de organismos públicos de regulación de planes de producción y de precios, con fuerte intervención de los mismos productores en su gestión, debe apuntar a garantizar precios justos y retributivos, a partir de la eliminación de prácticas generalizadas de exacción o extracción de beneficios que padecen importantes segmentos de pequeños productores. Las recientes experiencias de la yerba mate, algodón y uva son antecedentes valiosos al respecto.
2. Apoyo directo del Estado con el fin de asegurar el pleno ejercicio de la actividad comercializadora por parte de los productores con menor poder negociador en la venta de sus productos al interior de las cadenas agroindustriales.
Respaldo amplio para el ingreso de la producción de los segmentos más débiles a los mercados, a partir de experiencias de tipo asociativo y concertada con el Estado.
3.Difusión de la implantación del seguro agrícola contra todo riesgo.
5. - Política ambiental.
1. Sancionar normas –o hacer cumplir las que ya existen como la nueva Ley de Bosques– que determinen el cese inmediato de la tala indiscriminada de bosques y montes, sosteniendo el principio insustituible de la biodiversidad.
2. Tomar las medidas necesarias para garantizar una rotación de los cultivos adecuada para conservar la capacidad productiva del suelo.
3. Reducir los impactos ambientales derivados de la acumulación de gran cantidad de animales en áreas reducidas.
4. Controlar el uso intensivo de agroquímicos e insumos derivados de la biotecnología con el fin de garantizar un nivel ambiental sano para seres humanos y animales.
6. - Política tecnológica.
1. Decidida política de Estado en investigación y desarrollo de variedades e insumos adecuados a las necesidades locales, garantizando la difusión y el acceso a los mismos a todos los productores del país. El rol del INTA debe ser el de atender dicho objetivo con el fin de evitar la subordinación de los productores a los paquetes tecnológicos cerrados que difunden las empresas multinacionales.
2. Apoyo pleno a la diversificación productiva a través de la generación de muy numerosas variedades de productos por medio de semillas naturales. Estímulo a la creación y diseminación de bancos de semillas para la agricultura de base orgánica.
7. - Política de provisión de bienes públicos.
Plena satisfacción de las necesidades básicas de la población rural, enrolada en la agricultura familiar, a partir de la provisión de bienes públicos a quienes residen en sus fincas.
8. - Política para los trabajadores rurales.
Sanción de normas legislativas, garantizando su estricto cumplimiento, referidas a las condiciones laborales y de vida de los trabajadores rurales, permanentes o transitorios, que constituyen el sector social olvidado de la actividad agraria argentina.
Conclusiones. Estos lineamientos generales deben aportarse a la conformación de un gran debate nacional para que los interesados –los productores de menor capacidad y poder económicos– y el conjunto de la sociedad definan estrategias superadoras de la situación de marginalidad estructural e incapacidad de acumulación que, a pesar de los avances recientes, aún soportan al menos dos centenares de miles de actores sociales agrarios y sus familias. El plan propuesto, apunta a desalentar las prácticas rentístico-financieras que se difundieron en los últimos años para la explotación de la tierra. De este modo, se podrá ir superando el persistente abandono de sus predios por la mayoría de las familias productoras y la acentuada concentración en pocas manos de la tierra y de las rentas y beneficios que la misma produce.
* Economista. Investigador del Conicet
HOMENAJE A NÉSTOR KIRCHNER
