El análisis de Oscar González*
Hace muy pocos años, cuando gobernaba Carlos Menem y estaban en plena aplicación las despiadadas reformas de los 90, el establishment financiero solía dejar trascender en los medios la inquietud que, según ellos, causaba en “los mercados” la alta frecuencia de elecciones en la Argentina. En el fondo, esos comentarios sugerían alejar la política de la economía, esto es que la libertad de elegir no perturbe la marcha de los negocios, ya que ese ejercicio democrático podría traer cambios no deseados por los famosos mercados. Cabe agregar que, en aquel tiempo, el Ejecutivo había convertido al Congreso en una escribanía.
La coyuntura económica nacional es ahora por completo diferente. Hay un gobierno que ha dado un giro decisivo y fundamental en cuanto a quiénes son los destinatarios de los cambios económicos y sociales, con una clara orientación hacia una progresiva reparación de las desigualdades sociales y con el nítido objetivo de democratizar la economía y la sociedad.
Hoy la debacle del capitalismo global destruye empleo y producción en los países más poderosos, mientras que en países emergentes como el nuestro, que han logrado un importante grado de desacople financiero, los efectos de la crisis tienen menor gravedad, pero la globalización de los mercados involucra de todos modos nuestras economías, afectadas por el descenso del consumo mundial, que golpea también a nuestros socios del mercado regional.
A ello se agrega una situación particular: la feroz disputa por el ingreso y la virtual colonización de algunas fuerzas de la oposición por parte de una privilegiada fracción del poder económico financiero vinculado a la producción agropecuaria. Así, el largo conflicto por la renta agropecuaria adquirió un nivel de violencia simbólica y real que perturbó profundamente al país y generó un clima enrarecido y cargado de tensiones cuyo vértice es un único reclamo: la eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos, transformado en el programa común de quienes, ya sea por una cerrada defensa de una rentabilidad extraordinaria e injusta o por mero oportunismo político, quieren un cambio regresivo del rumbo económico, social y político.
En este marco, el proyecto de adelantamiento de las elecciones es, en una situación extraordinaria, una medida justa y necesaria que despejará el horizonte político, mejorando las condiciones para concentrar los esfuerzos y la energía en las políticas públicas destinadas a proteger al país y su gente de los devastadores efectos de la crisis económica global.
No se trata, pues, de una decisión arbitraria, sino de una propuesta del Ejecutivo al Congreso, lo que permite seguir avanzando en el mejoramiento de la calidad institucional, que es uno de los puntos centrales de la gestión de Cristina Fernández.
* Dirigente socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete (nota publicada hoy en el diario BAE)
