LA COMERCIALIZACION DE GRANOS Y LA VIGENCIA DE ALFREDO L. PALACIOS
Adiós a las retenciones
Ante la insistencia de las cámaras patronales agropecuarias en cuestionar las retenciones, el gobierno prevé reemplazar ese instrumento por un nuevo sistema de comercialización de granos. La historia del nuevo proyecto y las características de la Agencia a crearse, que el gobierno no asocia con la ONCA, ni el IAPI, ni las juntas de granos de la década de 1930, sino con los modelos desarrollistas de Canadá y Australia.
Por Horacio Verbitsky
El gobierno nacional está dispuesto a suprimir las retenciones al comercio exterior de cereales y oleaginosas, que los exportadores pagan pero luego descuentan a los productores. La decisión se adoptó en respuesta a la insistencia de la Mesa de Enlace de las Cámaras Patronales Agropecuarias en cuestionar ese instrumento, con el apoyo de las principales fuerzas de oposición parlamentaria. En su lugar, se dispondría la creación de una Agencia de Comercialización, que compraría las cosechas asegurando un buen precio a los productores y se encargaría de su exportación. En cambio, no alcanzaría a puertos y silos. Las traders que en la actualidad concentran ese comercio podrían seguir actuando en el mercado, comprando materia prima para industrializarla y exportar luego los productos con valor agregado nacional. Según los funcionarios del Ministerio de Producción que trabajan en el proyecto, no tendría “reminiscencia del conservadorismo de la década de 1930”, con sus juntas de granos y de carnes, ni del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) del primer peronismo. Sería lo que califican como “una agencia moderna, propia del siglo XXI, inspirada en los entes de esas características que funcionan en países como Canadá y Australia”. Uno de sus objetivos seguiría siendo desacoplar la provisión interna de alimentos de los vaivenes de los mercados internacionales, pero con instrumentos más sofisticados, idóneos para diferenciar entre los intereses de distintos segmentos del sector y al mismo tiempo promover la industrialización en el país de la materia prima, que hoy se exporta a granel y es elaborada en plantas en el exterior que a veces son de las mismas comercializadoras. En Canadá funcionan tres juntas distintas: una negocia los precios de la cosecha, otra la comercializa y la última establece los niveles de siembra a los que deben atenerse los productores para obtener una máxima rentabilidad, al estilo de una OPEP agropecuaria interna. La nueva agencia estatal sólo abarcaría en una primera etapa la comercialización de los principales cereales y oleaginosas: trigo, maíz, girasol y soja. El gobierno cree que el nuevo esquema, al que califica de desarrollista, también podría provocar realineamientos entre las entidades gremiales y las fuerzas políticas, ya que estaría destinado a favorecer a medianos y pequeños agricultores y promover la creación de empleo industrial, a expensas de acopiadores y brokers que triangulan las ventas y así acaparan la mayor rentabilidad.
El rol del Estado
Durante los dos meses de negociaciones entre el ministro de la Producción, Julio De Vido, y el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, se acordó discutir toda la política agropecuaria salvo las retenciones, que el gobierno no estaba dispuesto a modificar porque afectaría las posibilidades del Estado de intervenir en la economía, cuando madura la peor crisis global en ocho décadas. La oposición política y gremial no valora esa reconstrucción de la autoridad política y su capacidad de regular las fuerzas del mercado y prefiere aplicarle el desdeñoso sustantivo “La caja”. Una audaz operación intelectual, martillada a través de una eficaz cadena de medios privados, estigmatiza esa recuperación del poder del Estado identificándola con corrupción, discrecionalidad y autoritarismo. Biolcati no sinceró a todos sus socios en la Mesa de Enlace la información sobre los encuentros con De Vido, hasta que este diario publicó los detalles hace dos semanas. Luego de una negativa inicial, Biolcati no tuvo más remedio que admitir la gestión que había emprendido y eso condujo, luego de un nuevo lockout patronal, al primer encuentro entre el gobierno y las cámaras patronales, el martes pasado.
Diálogo o confrontación
La representación oficial tomó como punto de partida los acuerdos De Vido-Biolcati. Cuando se pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes, la Mesa de Enlace afirmó que había comenzado un diálogo auspicioso. Los puntos presentados ese día por la ministra Débora Giorgi y el secretario de Agricultura Carlos Cheppi implican según el gobierno una reasignación en favor del sector de 1300 millones de pesos anuales. Sin embargo, al día siguiente los sindicalistas panzones volvieron al tono épico de 2008, que culminó con el rechazo de la resolución 125 en el Senado. Biolcati, Mario Llambías, Eduardo Buzzi y Carlos Garetto participaron de una audiencia pública en el Senado de la Nación con representantes de las dos coaliciones políticas opositoras que en octubre intentarán quebrar la mayoría parlamentaria kirchnerista: la del Peronismo de Pro, articulado por el ex senador Eduardo Duhalde, y la del Panradicalismo, con los restos de la UCR, la Coalición Cívica Libertadora de Elisa Carrió y las fuerzas que siguen al vicepresidente Julio Cobos. Los enardecidos discursos de dirigentes gremiales y políticos hicieron eje en el cuestionamiento a las retenciones y se prometieron insistir hasta obtener el quórum de 130 votos para sesionar y eliminarlas.
Cambio de escenario
El Poder Ejecutivo decidió prepararse para un cambio de escenario, que involucrara la supresión de las retenciones y un sistema distinto de comercialización. El proyecto oficial había sido mencionado por Giorgi en la reunión del martes. En los días siguientes, el ex director de la ONCCA y actual responsable de la AFIP, Ricardo Echegaray comenzó a reunir la información necesaria sobre logística, puertos, fletes, cantidad de empleados en cada eslabón de la cadena. Esto implicó a la línea administrativa de distintos entes, lo cual unido a la mención de Giorgi puso sobre alerta a las cámaras patronales. Esto se reflejó en las notas publicadas el viernes por Clarín y La Nación, los dos diarios cuyas empresas editoras son al mismo tiempo copropietarias de la feria Expoagro, en la que se realizan cada año negocios por unos 300 millones de dólares y que han sido sostén fundamental de las cámaras agropecuarias en su batalla con el gobierno de CFK. De inmediato, la Sociedad Rural y Carbap hicieron conocer su disgusto. Los grandes productores que representan tienen una relación privilegiada con las empresas comercializadoras. Pese a que la filtración provino de sus propias filas, Biolcati se apresuró a declarar que una medida de ese tipo no podía anunciarse por los diarios y sugirió que pasado mañana las cámaras patronales podrían desertar del nuevo encuentro. La interpretación de los voceros del sector es que se trata de una amenaza oficial para inducir la venta del remanente de la cosecha anterior de soja, que los productores retienen en bolsas para forzar al gobierno a reducir o eliminar las retenciones, que hoy son de un 35 por ciento, bastante más que el porcentaje que estarían pagando si rigiera la resolución 125. Las fuentes oficiales no confirman esa apreciación y más bien señalan la necesidad de dar un corte definitivo a un conflicto que no tiene solución en los términos en que se ha planteado hasta ahora. En su lugar propondrán una reforma estructural coherente con la situación internacional, en la que el Estado acude al rescate de las fuerzas enloquecidas de un mercado que, sin otra lógica que la maximización de ganancias, precipitó una crisis mundial. Un proyecto de creación de una Empresa Nacional de Promoción y Control Comercial Agropecuario y Agroalimentario, Enpyccaa, fue presentado en 2007 por el diputado del Frente para la Victoria Alberto Cantero Gutiérrez, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Otro pertenece al bloque de Solidaridad e Igualdad, separado del ARI cuando Carrió concretó su apertura a la derecha liberal. Un integrante de ese bloque dijo que si el proyecto oficial va en serio y no es un mero apriete para negociar, el SI está abierto a considerarlo. De este modo el gobierno podría sumar por izquierda los votos que se le han desgranado por derecha.
Páginas de historia
La pugna por el ingreso con el sector agropecuario no es un hecho nuevo en la política argentina y resulta natural vincularla con las condiciones en que se realiza el comercio exterior de granos, carnes, oleaginosas y sus subproductos industrializados. Este año se cumplen tres cuartos de siglo de la denuncia del senador demoprogresista Lisandro de la Torre sobre las ganancias extraordinarias de los frigoríficos extranjeros a partir de la devaluación dispuesta por el ministro de Hacienda Federico Pinedo, que incrementó el precio al público sin mejorar el ingreso de los pequeños y medianos ganaderos, y por la enorme diferencia entre los precios que pagaban por la carne en la Argentina y los que percibían por su venta en el mercado británico. Esa historia fue narrada en un libro por el contador de la comisión investigadora que integró De la Torre, Samuel Yasky, tío abuelo del secretario general de la CTA. Los frigoríficos entregaban una suma reducida de divisas al cambio oficial, sobre un precio muy inferior al que obtenían, y el resto lo negociaban en el mercado libre o lo dejaban en el exterior. Algunas de esas condiciones se reproducen hoy con cereales y oleaginosas. El comercio exterior está como hace 75 años en manos de unas pocas compañías extranjeras, o ahora también de origen local pero trasnacionalizadas, entre ellas la Aceitera General Deheza, del aún senador del Frente para la Victoria Roberto Urquía, lo cual señala los límites de la construcción política oficial. El debate de 1935 contiene instructivas enseñanzas. El ministro de agricultura Luis Duhau preguntó: “¿Lo único que interesa es el consumidor?” frase a la que le haría eco en 1976 el presidente de la Sociedad Rural, Celedonio Pereda, citado por Rodolfo J. Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar: “Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”. Precursor de algunos de los anfitriones de la Mesa de Enlace en el Senado, Pinedo se había separado del Partido Socialista y aliado con el conservador Demócrata Nacional. En cambio el senador socialista Alfredo L. Palacios apoyó a De la Torre y le transmitió el dato central, recibido de tres obreros, que fueron despedidos por la infidencia: el vapor Norman Star estaba por salir del puerto llevando 21 cajones con los documentos sobre costos que las empresas exportadoras se habían negado a entregar, alegando sucesivamente que los habían quemado y que eran parte de su propiedad privada. Con el material secuestrado, De la Torre describió un “régimen de monopolio”. Como la Dirección de Réditos no fiscaliza a las empresas frigoríficas “pagan lo que ellas mismas establecen y defraudan la renta”. El Anglo pagó en 1933 siete veces menos que el pequeño frigorífico local Grondona y Compañía, aunque exportaba treinta veces más. Como resultado del trabajo de la comisión, la Dirección de Réditos incrementó en 185 veces el cálculo de las ganancias del Anglo. Esta semana el director de la AFIP, Ricardo Echegaray, se reunió con el presidente de las cámaras de la Industria Aceitera y de Exportadores, Raúl Padilla, titular también de la trader Bunge y lo exhortó a que sus socios paguen la diferencia entre lo que liquidaron y lo que correspondía por sus operaciones del año pasado. Las cerealeras se preparan para resistir en la justicia, que consideran propicia, y el gobierno cree tener un as imbatible en cada manga para forzarlas. Cuando la Sociedad Rural clamó que debía buscarse “la verdad objetiva, prescindiendo de consideraciones ideológicas o políticas”, De la Torre respondió que la representación de los ganaderos “se molesta al solo anuncio de que se va a investigar un monopolio”, responsable del despojo de los productores, las condiciones miserables de trabajo de los obreros de los frigoríficos y sus salarios mezquinos, y que por cuestionar esa situación le habían hecho una leyenda de violencia. Sin cohibirse, demostró que uno de los beneficiarios de los precios de privilegio que pagaba el monopolio era el propio ministro Duhau, quien no tuvo otra respuesta que atribuirle propósitos electoralistas. De la Torre presentó también un proyecto sustituyendo el monopolio de hecho por un monopolio estatal y exigió que las compañías frigoríficas mejoraran las viviendas y los salarios de los obreros. También intervino contra De la Torre el senador Matías Sánchez Sorondo, autor de un proyecto de “ley de represión del comunismo, el anarquismo y el sindicalismo”, fuerzas “que lo mismo emplean el libro, el folleto, el discurso, la tribuna, la bomba” para impulsar su “propaganda subversiva” con el fin de “destruir la religión, la familia y la propiedad privada, los tribunales de justicia, el Ejército y la policía”, discurso afín al dirigido contra el actual gobierno en algunos de los piquetes de la abundancia. Aquel debate concluyó el 23 de julio de 1935. Duhau derribó a De la Torre con un empellón. Un guardaespaldas del ministro se acercó arma en mano y el otro senador demoprogresista de Santa Fe, Enzo Bordabehere, se interpuso y recibió el balazo mortal en la espalda. En diciembre el presidente Agustín P. Justo pidió la renuncia de Duhau y Pinedo, pero fue preciso aguardar hasta la llegada al gobierno de Juan Perón para que un frigorífico estatal fuera bautizado con el nombre de Lisandro de la Torre y se nacionalizara el comercio exterior, mediante el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que usó los precios diferenciales a favor del desarrollo industrial y la distribución del ingreso. Aunque hoy lo parezca, no es una medida revolucionaria. Formó parte de todos los documentos de la resistencia peronista, como los de Huerta Grande y La Falda, y en setiembre de 1970 la propuso José Ignacio Rucci, a dos meses de asumir como secretario general de la CGT, junto con la nacionalización de la banca, el seguro y la industria, la participación obrera en la propiedad y gestión de las empresas, la reforma impositiva y la planificación económica. Estas páginas de historia muestran que la confrontación del actual gobierno con las cámaras patronales agropecuarias es necesaria pero no suficiente y parece tan errado oponerse como conformarse. El realineamiento en cierne, que implica tanto riesgo como oportunidad, podría ser el mejor modo de acercarse a octubre, para que el voto popular decida si acompaña o abandona un proyecto de transformación planteado sobre ejes claros.
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